En los próximos días se espera que el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, presente ante el Juzgado de Garantía de esa ciudad la solicitud de formalización contra al menos cuatro funcionarios de Ejército en el marco de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas (19).

Sin embargo, uno de los querellantes en el caso presentó una solicitud de una nueva diligencia que obligó a Carrera a retrasar en algunos días esa acción. Se trata del abogado Humberto Palamara Iribane, quien representa a Claudio Guajardo, el comandante del batallón en el que participaba el joven conscripto en abril de 2024.

Palamara presentó primero una denuncia y luego, en febrero de este año, una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de Vargas, apuntando a la responsabilidad de los altos mandos de la institución castrense por una serie de protocolos médicos que no se realizaron y que, dice, habrían cambiado el devenir del caso.

Esos protocolos consisten en un examen que el Ejército debe realizar a los conscriptos, especialmente a quienes tienen que realizar su Servicio Militar en territorios de altura, como la de Pacollo. El otro es una vacuna para evitar infecciones virales, dos de las concausas que aparecieron en el resultado de autopsia de Vargas, que el fiscal Carrera recibió a inicios de este año.

En ese sentido, el abogado del uniformado ha solicitado una serie de diligencias de cara a lo que será la eventual formalización de los funcionarios de Ejército.

Denuncia

Si bien en la querella no apunta a nadie en particular y se remite a “quienes resulten responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores”, en la denuncia sí enumera a una serie de altos mandos del Ejército.

Allí se denuncia al comandante de Operaciones Terrestres del Ejército, Pedro Varela; al general (r) Rubén Castillo; al comandante en jefe de la VI División del Ejército, Guillermo Altamirano; al coronel de Ejército, jefe del Estado Mayor de la VI División del Ejército, Enrique Del Fierro; al teniente coronel Marco Agosín Cabrera y al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. Este último, la máxima autoridad de la institución castrense, en calidad de encubridor.

Palamara afirma que no se realizó el examen de hipobaria, un informe que mide cómo reacciona el organismo ante trabajos a más de 3.000 metros de altura. Lo otro que no se hizo, dice el abogado en sus acciones legales, fueron las vacunas contra la influenza.

La muerte de Vargas, dice el texto, “probablemente no se habría producido si al contingente de conscriptos se les hubiesen efectuado los exámenes de hipobaria (para trabajar en altura), antes de ser trasladados a Pacollo, localidad que se encuentra a 4.192 metros de altura sobre el nivel del mar”, dice la denuncia.

La orden para hacer ese examen habría sido firmada por el comandante de Operaciones Terrestres del Ejército, general de división Christian Bolívar Romero.

“Si se le hubiese informado al comandante Guajardo de que el contingente de conscriptos que arribó a Pacollo en abril de 2024 venía sin los exámenes de hipobaria, necesariamente (Guajardo) habría representado la orden de que los conscriptos bajaran marchando a Putre a su superior, el coronel Sebastián Silva Ramírez, señalándole que de la ejecución de esta orden podrían resultar graves males", se agrega.

Asimismo, se denuncia a Del Fierro por no disponer de la orden de operaciones de la VI División para el Servicio Militar de 2024 en cuanto al examen de hipobaria.

Por último, en la denuncia se señala que Iturriaga encubrió a los responsables de que los conscriptos que subieron a Pacollo no estuvieran calificados para trabajar en altura.

Específicamente, se apunta a que Iturriaga, en junio de 2024, acudió a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y señaló que ni la vacunación ni dichos exámenes fueran parte de los protocolos. Palamara incluyó documentos en que se señala que estos procedimientos sí eran parte de los protocolos.

Querella

Posteriormente, Palamara dejó sin efecto la denuncia para introducir la querella por los delitos de cuasidelito de homicidio, apremios ilegítimos con resultado de muerte, tráfico de influencias y falsedad en materia militar.

Según el abogado, si este examen se hubiese realizado, “muy probablemente Vargas habría sido declarado no apto para trabajar en altura y, por ende, no se le habría permitido efectuar su servicio militar obligatorio en la Brigada Motorizada”. En la querella se afirma que “quienes no incluyeron el examen y quienes permitieron que no se diera cumplimiento a la vacunación son los responsables de la muerte del conscripto Vargas, porque lo expusieron imprudentemente a condiciones muy peligrosas”.

En ese sentido, se remarca en el texto que “el comandante Guajardo ignoraba que los conscriptos arribaron a Pacollo sin los exámenes de hipobaria y sin estar vacunados contra la influenza”.

La acción penal fue acogida a trámite el 10 de febrero.

En la vereda de enfrente, para la familia de Vargas, Guajardo es uno de los que tienen que estar entre la lista de imputados del caso y no como querellante.