La semana que se va estuvo marcada por las licencias médicas y no por razones que hablen bien del sistema. Todo partió con un informe de Contraloría que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras decían estar con reposo laboral. Luego vino otro golpe: 250 médicos de hospitales públicos fueron sorprendidos asistiendo partos en clínicas privadas durante sus licencias.

Pero lo cierto es que estas no son irregularidades nuevas y desde hace años que las autoridades sospechaban —y querían comprobar— este tipo de prácticas, pero pese a contar con las facultades para pesquisar pacientes, nunca se llevó a cabo hasta ahora. Y no por falta de herramientas.

El 23 de junio de 2014, a través de una resolución exenta, se suscribió un convenio de colaboración entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) -a cargo del Ministerio del Trabajo- para verificar que a quien se le haya otorgado la licencia médica estuviera cumpliendo con su reposo tal como estipula la regulación: en su domicilio.

De hecho, el documento del convenio al que tuvo acceso La Tercera es claro en mandatar que ambas instituciones debían cruzar datos para detectar lo que más de una década después identificó la Contraloría: personas que salían del país mientras se encontraban con licencia médica no psiquiátrica.

“Para el cumplimiento del objetivo de este convenio, la PDI informará a la Superintendencia de Seguridad Social, a partir de una nómina de RUT remitida por esta, aquellos que dentro de un periodo de tiempo determinado, se hayan ausentado del país”, ordenaba el documento.

Asimismo, ordenaba a la Suseso que en el caso de existir antecedentes que puedan ser constitutivos de delito, a remitir los mismos al Ministerio Público “sin más trámite”.

El tema es que pasaron 3.984 días desde que se dictaron esas medidas sin hacer ese cruce que involucra a pacientes, hasta que la Contraloría reveló este martes que, entre 2023 y 2024, un total de 25.078 funcionarios —provenientes de 788 entidades públicas ya oficiadas— viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica.

En los documentos de este convenio se señala que el mismo tiene como principales objetivos investigar fraudes en el otorgamiento y uso de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral, intercambiar información útil para la fiscalización y coordinar acciones conjuntas como la investigación. Además, cada institución tenía que designar una contraparte técnica y la vigencia sería indefinida.

¿Qué ocurrió?

Y aunque este convenio de colaboración fue renovado en 2018, nuevamente no tuvo éxito. Pero ¿qué sucedió para que tras más de una década y pese al paso de varios superintendentes por la Superintendencia de Seguridad Social —María José Zaldívar, Claudio Ibáñez, Claudio Reyes, Patricia Soto, María Soledad Ramírez y Pamela Gana— y tres gobiernos la medida de fiscalizar salidas de Chile de pacientes nunca se haya implementado?

Aunque consultados por La Tercera desde la Suseso declinaron referirse al tema para esta nota, en conversación con ADN la superintendenta Gana aseguró que desde su parte sí han intentado hacer el cruce con la policía.

“Desde hace un buen tiempo —desde 2014 y luego en 2018, además de gestiones aparte— intentamos tener acceso a los datos de la PDI. Como superintendencia no conocemos las entradas y salidas del país, pero tenemos un convenio que nunca se ha podido hacer efectivo, y esperamos que esta sea una oportunidad para que la PDI pueda entregar la información. Es importante señalar algo: no basta con una nómina, lo que corresponde aquí es desarrollar interoperabilidad de datos”, aseveró la autoridad.

Eso sí, en 2021 sí se usó ese convenio con Soledad Ramírez como superintendenta, pero para cruzar datos de médicos y no de pacientes, logrando desbaratar algunos centros médicos de fachada.

Entendidos en la materia aseguran que desde la Suseso se ha recurrido en varias ocasiones a la PDI para conseguir cruzar los datos de pacientes, incluso mediante oficios —algunos recientes—, pero las respuestas no han sido positivas. También hay quienes advierten que el cruce de estos miles de datos de salidas de pacientes requiere de sistemas o recursos humanos que no estarían disponibles. Al respecto, desde la PDI no respondieron a las consultas.

Pero ambas resoluciones exentas, la del 2014 y 2018, son claras acerca de los incumplimientos: “En caso de que la Suseso o la PDI incumplan alguna de las obligaciones establecidas en el presente convenio, o si algún funcionario o dependiente de las mencionadas entidades hiciere uso irregular de la información proporcionada, se deberá notificar de este inmediatamente las medidas correctivas que correspondan”, se lee.

Las críticas

Coincidentemente, después de todos los antecedentes revelados esta semana, la organización que comanda Dorothy Pérez puso sus ojos directamente en la Suseso, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), instituciones a las que les inició un sumario administrativo “para investigar eventuales incumplimientos de sus deberes institucionales en lo relativo al control que correspondía realizar a dichas entidades en esta materia”.

Al respecto, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, afirma que “resulta sorprendente que la Suseso no haya cumplido su rol fiscalizador con diligencia en más de tres gobiernos, incluido este, al disponer de convenios y soluciones que nunca implementó para controlar este tipo de fraude masivo. Y aunque se firmaron convenios en 2014 y 2018 para desarrollar un sistema de información interoperable entre ambas instituciones para frenar el fraude, dicho sistema o no existe -porque nunca lo diseñaron- o nunca lo hicieron funcionar, lo cual muestra una negligencia institucional evidente”.

Daniela Sugg, académica de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, también es firme en decir que faltó más acción de las instituciones responsables: “En este caso, aun cuando exista la información y se tenía un marco de trabajo, puede ser que su no uso por parte de la Suseso se explique a que piensa que no es su rol generar una activa búsqueda del mal uso de las licencias o porque espera que las otras instituciones relacionadas lo hagan, o porque no tiene claro que tiene que hacerlo. Con todo, ya no aplica la típica argumentación del pasado en donde no estaba la información o que ella no se podía cruzar. Lamentable, acá las instituciones fallaron en el ejercicio de su función”.

A los parlamentarios también les preocupó esta inacción. Por ejemplo, el miembro de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), dice parecerle “insólito que después de 10 años de existir un convenio de información privilegiada para saber exactamente el cumplimiento del ión”.