La gestación subrogada es un método de reproducción asistida que mediante la cual una mujer gesta un bebé que, tras nacer, será reconocido como hijo de otra persona o pareja. Una práctica que en Chile no está regulada y que, además de abrir un amplio debate ético, hoy comienza a tomar forma como una discusión legislativa. Actualmente hay tres proyectos que buscan abordar esta materia: dos en el Senado que buscan regularla y uno en la Cámara de Diputados que quiere prohibirla.

En el Senado comenzó la tramitación de uno de ellos -presentado por los senadores Walker, Flores y Rincón-, luego de que el 11 de agosto iniciara el estudio de la iniciativa en la Comisión de Salud. Este busca regular la gestación subrogada y establecer las condiciones bajo las cuales podría realizarse, incluyendo aspectos como el acuerdo entre las partes y la filiación del niño.

Un proyecto que según el presidente de la instancia, Juan Luis Castro (PS), tendrá prioridad dado el contexto del país: envejecimiento de la población y un sostenido descenso de los nacimientos.

“Vamos a tratar de fusionarlo con otras iniciativas que vienen de antes. Y eso lo vamos a dirimir el 31 de agosto al retorno de la semana regional (...) Se trata de que, en los tiempos de hoy de baja natalidad, de altos índices de infertilidad en nuestro país, de baja tasa de fecundidad, seamos capaces de lograr que las parejas que no puedan tener hijos puedan tener un camino”.

En ese contexto, Castro agrega que “quiero que sea prioritario. Espero también que el Ministerio de Salud dé una palabra, una señal al respecto. Porque, más allá de los valores, hoy día tenemos un tema sanitario y un tema de salud pública que es pertinente que sea abordado. Puede parecer exótico para algunos, puede parecer excesivamente moralista, doctrinario, que va contra ciertas creencias, pero en la práctica no se puede seguir escondiendo debajo de la alfombra”.

El otro proyecto que está en el Senado es el más reciente -ingresó el 4 de agosto- y su alma está en permitir y regular la gestación subrogada sin fines comerciales, bajo un modelo altruista y con resguardos para la mujer gestante y el niño.

Actualmente, está en la Comisión de Mujer de dicha cámara. Esta semana se revisó en la instancia con invitados del mundo médico y también con la participación de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín. Eso sí, la secretaria de Estado evitó dar una postura concreta del gobierno respecto al tema.

En su exposición, la ministra citó los artículos 183 y 2450 del Código Civil, “que expresan un principio que la evidencia internacional confirma: el cuerpo humano y la afiliación de las personas no pueden ser un objeto de contrato, en especial el cuerpo de las mujeres”.

Además, citó estudios de organismo internacionales como las Naciones Unidas (ONU). Si bien ya lo había mencionado en un entrevista la semana pasada, en esta oportunidad la ministra ahondó en el informe que realizó la experta de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem.

Según detalló, “la relatora dedicó su informe de julio de 2025 a estudiar cómo la reproducción subrogada afecta a las mujeres y a las niñas. Sus conclusiones fueron categóricas: esta práctica explota a mujeres y a niños, además mercantiliza y cosifica el cuerpo femenino y con eso refuerza normas que perjudican a las mujeres”.

Elisa Walker, abogada socia de Sarmiento, Walker y García Abogados, explica que ambas iniciativas establecen exigencias específica como evaluaciones psicológicas a la mujer que va a someterse a este tratamiento y límites a la cantidad de veces que se puede ser gestante por subrogación.

“Pero también hay diferencias importantes como es la forma en que se manifiesta el consentimiento de la mujer gestante. En esta materia, el proyecto que está en discusión en la Comisión de Salud establece como requisito que la mujer manifieste su voluntad a través de un notario A diferencia de eso, el proyecto de ley que está en la Comisión de Mujeres del Senado exige que, junto con el consentimiento de la mujer gestante, haya una autorización de un tribunal de familia”, explica la experta.

Mientras, el proyecto legislativo que busca prohibir los “vientres de alquiler”, fue aprobado en general a fines de enero por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados con apoyo transversal. Quienes lo impulsan argumentan que el método vulnera la dignidad de las mujeres gestantes, que estarían siendo cosificadas, y que la ruptura del vínculo entre gestante y bebé podría tener consecuencias negativas para ambos.

En ese contexto, Elisa Walker añade que “ha sido muy interesante el debate que se está generando y veo cómo hay una contradicción en estos proyectos. En la Cámara está el que prohíbe esta práctica. Y en el Senado hay dos proyectos que tienen elementos comunes y bastante interés de parte de dos comisiones distintas de ver la tramitación. Así es que a mí no me sorprendería que la discusión avanzara. Claro, si se aprueba el proyecto de prohibición va a generarse la paradoja de que en el Senado van a tener dos proyectos que permitan y uno que prohíba”.