Los jueces José Pérez y Grace Díaz, magistrados del 7° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago realizaron una reflexión “de carácter político criminal” en su sentencia en contra de los 17 acusados de conformar una red para le emisión de licencias médicas falsas.

Los jueces hacen ver que se trató de “un caso paradigmático que carece de precedentes en el escenario nacional y en el registro judicial de este país”.

“La cuantiosa pérdida de recursos públicos que estas conductas provocaron, repercute directa e inevitablemente sobre la calidad, cobertura y suficiencia de las prestaciones sanitarias a que acceden todos los ciudadanos beneficiarios del sistema estatal de salud”, señala la resolución que leyó la jueza Díaz.

En ese punto, hacen hincapié en “la naturaleza excepcional de las conductas juzgadas” y el volumen de los ilícitos cometidos a través de las tres estructuras asociativas acreditadas, denominadas Mitite, Prevenir y Campos.

La resolución del tribunal apunta a que esas estructuras “configuraron un aprovechamiento sistemático del sistema previsional de salud chileno”.

Los jueces advierten que las conductas juzgadas fueron desplegadas mayoritariamente por ciudadanos extranjeros de origen colombiano, que prevaliéndose de su calidad de médicos cirujanos de dicha nacionalidad y habilitados para el ejercicio de su profesión en Chile “manipularon y trastocaron el sistema de subsidios por incapacidad laboral consagrado en la legislación nacional”.

En esa línea, la resolución del tribunal recalca que “lejos de honrar la confianza institucional que el Estado de Chile depositó en ellos al franquearles el ejercicio de la profesión médica en su territorio sobre las bases de relaciones internacionales vigentes con su país de origen, los acusados médicos abusaron de las facilidades y prerrogativas conferidas por el ordenamiento jurídico chileno”.

“Transgrediendo abiertamente los deberes éticos y legales que emanan del acto médico, junto a los facilitadores no facultativos que se sumaron a esta empresa delictual, participaron, cada uno en el rol y con la aportación funcional que se ha establecido en los considerandos que anteceden, en la emisión y venta sistemática y masiva de licencias médicas ideológicamente falsas, obteniendo por esa vía cifras exorbitantes de dinero de origen ilícito y ocasionando uno de los mayores fraudes al erario fiscal de que se tenga registro en la historia judicial reciente del país”, indicó el tribunal.

Los jueces manifiestan que su sanción responde no solo a la estricta aplicación de los marcos penales previstos para los delitos de asociación ilícita, emisión fraudulenta de licencias médicas, fraude de subvenciones y lavado de activos, sino que “expresa además la necesidad político-criminal de reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico frente a un fenómeno delictivo de dimensiones inéditas en el país, cuya reaplicación futura debe ser prevenida mediante una respuesta sancionatoria que resulte proporcional a la extraordinaria gravedad, extensión temporal, sofisticación organizativa y lesividad social de los hechos que se han tenido por acreditados”.