La semana pasada, mientras circulaban borradores de la reforma constitucional en materia de seguridad del gobierno, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), tomó el teléfono y comenzó a realizar una serie de contactos.

Según conocedores de las gestiones de la senadora, ese sería el inicio del paso al frente de Núñez para, al igual que en la megarreforma, encabezar coordinaciones respecto a la nueva propuesta del gobierno.

Fuentes consultadas por La Tercera indican que la presidenta de la Cámara Alta, a raíz del ruido que estaban generando las primeras propuestas de la reforma -incluso en el oficialismo- a los primeros que contactó fue a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para recoger su parecer.

Sin embargo, y tal como reveló este medio el sábado, Núñez se encontró con la sorpresa de que tanto el Ejército, como la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) no tenían conocimiento de la propuesta liderada por el ministro de Seguridad Martín Arrau y le llamó la atención la ausencia del Ministerio de Defensa en el tema, sobre todo por ser la cartera a cargo de liderar las relaciones con las FF.AA.

Quienes han sabido del proceso de elaboración de la reforma al interior del gobierno comentan que el ministro de Defensa, Fernando Barros, no fue incluido en la redacción. Eso explica su ausencia en el debate previo al ingreso del mensaje. Ese escenario llevó a que Núñez tomara la iniciativa y contactara a los tres auditores de las instituciones castrenses para convocarlos a una reunión con Arrau para poner en conocimiento del gobierno la postura de las FF.AA.

Y así ocurrió. Dicho encuentro se concretó el pasado viernes a las 11 de la mañana en las oficinas del piso 4 del Ministerio de Seguridad según dio a conocer Radio Biobío el sábado.

Una reunión a puertas cerradas

Minutos antes de las 11 de la mañana, según quienes pudieron presenciar el encuentro, llegaron hasta Teatinos 220, el general Eduardo Rosso, auditor del Ejército; el contralmirante (J) Francisco Figueroa, auditor de la Armada y la general de brigada (J), Paula Carrasco, auditora general de la FACH. En el lugar se encontraron con Nuñez, para posteriormente ser recibidos por Arrau.

Fuentes uniformadas que conocen de la cita, aseguran que el encuentro fue coordinado por la presidenta del Senado para abordar la Comisión Mixta por las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) de cara a la tramitación que sigue dicho proyecto en el Congreso. Además, según habrían expuesto los auditores al interior de las instituciones, la reunión no contemplaba un encuentro con Arrau.

A pesar de eso, según quienes supieron de la reunión, la cita coordinada por Núñez se activó luego de que la parlamentaria supiera que la reforma constitucional del Ejecutivo entraría por el Senado. De esa manera el objetivo de la cita, afirman las mismas fuentes, era exponer la posición de las FF.AA. ante el ministro Arrau, para acercar la posición y opinión de las instituciones castrenses ante la discusión por la reforma de seguridad.

La reunión, que se realizó a puertas cerrada, contó únicamente con la participación de los tres auditores, la senadora Núñez y Arrau. En el encuentro, incluso, se excluyó a los asesores del titular de Seguridad.

Conocedores de la reunión sostienen que los tres altos mandos de las FF.AA. expusieron ante Arrau detalles sobre la postura y los reparos que las instituciones tienen por el hecho de participar de labores de orden público. Uno de los puntos principales, fue la molestia que existe en las FF.AA. ante la posibilidad de que las ramas castrenses, en el posible nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, queden bajo mando policial. Un asunto que califican como inaceptable al interior de las FF.AA.

Si bien la posición de las FF.AA. siempre ha sido de no involucrarse en materias de seguridad pública, los auditores habrían comunicado la disposición de participar, aunque, recalcaron, de manera acotada y específica.

Según pudo conocer La Tercera, entre los tres auditores existió consenso de que la opción ideal es “perfeccionar” o “ampliar” el actual estado de emergencia en el que las instituciones podrían participar en despliegues de seguridad, pero en puntos particulares, como las zonas de infraestructura crítica y, siempre, bajo el mando militar.

Sin embargo, y ante el escenario que propone La Moneda con su reforma constitucional, las FF.AA. habrían expuesto su solicitud de que se especifique que el mando sea militar y que, idealmente, sea para prestar cobertura o apoyo en seguridad y no directamente involucrados, por ejemplo, en los barrios a intervenir.

Este lunes cuando el Ejecutivo ingresó la reforma, este punto no quedó zanjado ya que el texto señala que “declarado el estado de excepción seguridad pública, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Oficial General que designe el Presidente de la República”.

Un encuentro que no pasó desapercibido

Si bien el encuentro fue realizado de manera discreta, la cita generó ruido en el Ejecutivo, precisamente por la ausencia del ministro Barros, quien no ha tenido protagonismo ni participación de la reforma que involucra directamente a su cartera.

En el gobierno apuntan a que el titular de Defensa no fue informado ni del proyecto mismo ni del encuentro de Núñez con Arrau. Por lo mismo, si bien se destaca la colaboración de la presidenta del Senado, la coordinación de su encuentro generó reparos en el Ejecutivo, donde llama la atención la forma en la que Seguridad ha llevado adelante, hasta ahora, la reforma respecto al resto del gabinete.

Este martes, en el Congreso, el ministro Barros fue consultado respecto a la posición de las FF.AA. y el rol que ha tenido en este proceso. Sobre si habló con los comandantes en Jefe sobre las posturas de las instituciones, el titular de Defensa respondió a la prensa que “están pidiendo frutos muy temprano”, destacando que el proceso de diálogo comienza ahora junto a la actividad legislativa.

“Este proyecto ingresó en estos días y, por lo tanto, ahora viene un proceso de discusión y de conversación. Lo lidera la Presidencia a través del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Interior. Ellos son los que van a llevar este proyecto”, agregó Barros, quien los últimos días ha enfrentado un flanco respecto a los cuestionamientos militares de Estados Unidos a Chile.

Ante la insistencia de las dudas respecto a la posición de las FF.AA., Barros afirmó que “los temas internos de Defensa los veo con Defensa y con las FF.AA. Hemos conversado con todos los comandantes en jefe y, por lo tanto, hemos hecho presente dentro del proceso de creación de este proyecto la opinión que tenemos en Defensa”.

“El proyecto es un proyecto del gobierno y está planteado con la firma del Presidente, los ministros, lo que claramente es una propuesta que se hace al Poder Legislativo para que construyamos entre todos un buen sistema para mejorar el combate contra la inseguridad en el país”, concluyó Barros.