"El señor Matías Riroroko Pakomio fue víctima de una persecución penal sesgada, deficiente y negligente, que significó la criminalización de una legítima protesta del pueblo Rapa Nui, como lo es la recuperación de los sitios sagrados o ceremoniales de la isla, mal llamados 'parques nacionales'". Este es uno de los primeros párrafos de la demanda que el empresario de la etnia rapanui Matías Riroroko presentó contra el Estado de Chile, en la que solicita una indemnización de $ 500 millones, disculpas públicas por parte del Presidente del país (u otra autoridad que el tribunal estime competente), así como que todos quienes participaron en la investigación en su contra cursen una capacitación sobre derecho indígena.

La acción legal fue presentada a fines de julio ante el 27° Juzgado Civil de Santiago por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, representantes de Riroroko. Los demandados son el Fisco de Chile, Conaf y el exfiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez.

El documento consta de más de 100 páginas. En él se da cuenta de los errores cometidos, según el escrito, por fiscales, policías y jueces en el momento de analizar el caso del demandante.

Detalles del recurso

La presentación constata al comienzo que Matías Riroroko tenía 72 años en el momento de los hechos (año 2015) y que es descendiente directo del rey Valentino Riro Kianga.

La demanda añade que está casado hace 50 años, tiene siete hijos, que toda su vida ha residido en la isla y que "en las últimas décadas se ha convertido en un exitoso empresario hotelero. En efecto, es dueño del emblemático Hotel Iorana en Rapa Nui y de varios otros hoteles en San Pedro de Atacama, Chile, en Perú y en Estados Unidos".

Luego, indica que si bien siempre sintió simpatía por las demandas del pueblo rapanui, no fue hasta 2015 que tomó protagonismo en la materia.

"Con motivo de las negociaciones y conversaciones que representantes del pueblo Rapa Nui sostenían por años con el Estado de Chile respecto de la administración de los sitios sagrados o ceremoniales -mal llamados 'parques nacionales' por parte de Conaf- a fines del mes de marzo de 2015, el Parlamento Rapa Nui tomó posesión material de estos sitios, con el fin de reemplazar a Conaf en la administración de los mismos", señala el documento.

El 15 de agosto de ese año, según la demanda, el Parlamento Rapa Nui decidió cobrar entrada para los parques y así desplazar a la Conaf en esta tarea. Esto fue el punto de origen de la investigación penal.

El día siguiente, el Ministerio Público allanó la sede del Parlamento Rapa Nui, donde en ese momento se encontraban la esposa y una hija de Riroroko. Según la presentación, el demandante fue alertado de esta situación, llegó al lugar y "de manera pacífica, señaló en voz alta que los sitios sagrados o ceremoniales eran del pueblo Rapa Nui. Jamás realizó actos violentos".

Orden de detención

Diez días después se despachó orden de detención contra Riroroko, quien fue formalizado por seis delitos, incluyendo asociación ilícita, atentado contra la autoridad y obstrucción a la investigación. Luego pasó una semana en prisión preventiva y finalmente, casi un año después, se decretó su sobreseimiento.

En la demanda se asegura que durante la investigación la fiscalía habría mentido en las pruebas expuestas y que los jueces dictaron medidas cautelares en su contra sin que fueran necesarias. Por esto, recalca, se le deben pagar $ 500 millones por concepto de daño moral.

Contestación del CDE

A fines a agosto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó su respuesta a la demanda. Además de solicitar la incompetencia del tribunal, por tratarse de hechos que ocurrieron en Valparaíso, señala que se debe dictar la "ineptitud del libelo", porque "en el desarrollo de los argumentos, de hecho, se afirma que el actor habría experimentado un perjuicio extrapatrimonial que avalúa en $ 1.000 millones. Sin perjuicio de que en el petitorio solicita una cantidad inferior, ascendente a $ 500 millones, sin que exista claridad en cuanto a cuál es la correcta cantidad reclamada".

En tanto, Colombara y Díaz, del Estudio RCZ, recalcan que este caso constituye "un ejemplo paradigmático de un inocente acusado y encarcelado injustamente, fallando el Ministerio Público y el Poder Judicial".

"No es posible que una persona sea acusada de casi 10 delitos, sea sometida a prisión preventiva y que, meses después, sin ninguna prueba o antecedente nuevo sea sobreseído definitivamente, por ser totalmente inocente", enfatizan.