La lucha presupuestaria, al menos para el caso de Educación, ya está desatada. Desde el jueves de la semana pasada, una vez La Tercera dio a conocer la propuesta de la cartera para el Presupuesto 2027, a la ministra de Educación, María Paz Arzola, se le abrieron una serie de flancos. Liceos Bicentenario, Yo Elijo mi PC y los recortes a universidades instalaron dudas e interrogantes inmediatas, tal como también comienzan a arreciar en torno a las evaluaciones nacionales e internacionales a las que se someten los estudiantes chilenos. Esto anuncia desde ya otro escenario de disputa, ahora en torno al Consejo Nacional de Educación (CNED).

¿Por qué? Ocurre que el proyecto, además de asignarle menos recursos a las evaluaciones de aprendizajes, abre la puerta para decidir de otra forma si las pruebas del próximo año se harán. Asimismo, esa glosa particular condiciona las evaluaciones a la disponibilidad presupuestaria.

“La aplicación de las evaluaciones que conforman el Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales (...) estará sujeta a la disponibilidad de los recursos contemplados en esta ley. Para el año 2027, la Agencia de Calidad de la Educación, mediante una o más resoluciones visadas por la Subsecretaría de Educación y por la Dirección de Presupuestos (Dipres), determinará las evaluaciones que se aplicarán en dicho período. Dichas resoluciones deberán dictarse dentro del primer trimestre y fudarse tanto en la disponibilidad presupuestaria como en razones de carácter técnico”, se lee en el proyecto de ley que comenzará a ser discutido en las próximas horas.

Para entender el conflicto primero hay que explicar el proceso con el que se zanja qué pruebas se hacen en Chile: la Agencia de Calidad de la Educación (organismo a cargo de hacer las pruebas) es la que da el primer paso, al proponer el plan de evaluaciones nacionales e internacionales al Mineduc. Luego la cartera toma esa propuesta y elabora formalmente el plan, el que debe proyectarse para seis años.

Ese plan debe presentarse al CNED, el que debe emitir un informe favorable. En la práctica eso implica que debe aprobar la propuesta. Sin ese visto bueno, el Mineduc no puede establecerla como plan. Este año, por ejemplo, el ministerio ya tuvo un cruce con el Consejo, puesto que quiso modificar el plan y reducir para 2026 la cantidad de pruebas argumentando estrechez fiscal, lo que fue rechazado por el CNED, que obligó a la cartera a reincorporar algunas de las evaluaciones que quería suprimir, como todo el Simce para sexto básico. Sólo una vez aprobado, el Mineduc formaliza el plan, lo que normalmente ocurre mediante un decreto.

De hecho, actualmente se está llevando a cabo el intercambio entre el Mineduc y el Consejo por el plan 2027-2032 que le corresponde proponer a la ministra Arzola. Sin ir más lejos, hace casi un mes el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, asistió a una sesión del CNED para explicar la propuesta que viene. Y ahí, según diversos consejeros, nada dijo de lo que vendría en torno a supeditar las pruebas a la disponibilidad presupuestaria el próximo año.

Eso molestó a no pocos consejeros, donde además hay una inquietud creciente por lo que se establece en la propuesta de Ley de Presupuesto 2027 en dos sentidos: lo tendiente a que las pruebas se hagan si es que hay recursos, pero sobre todo al paso administrativo que establece un visaje de parte de Dipres y del Mineduc, lo que algunos entienden como que se está intentando pasar por encima del CNED, sobre todo al considerar lo que, dicho está, ya ocurrió este año cuando el ministerio quiso prescindir de algunas evaluaciones por, justamente, temas de plata.

Esas aprensiones han quedado de manifiesto en los chats entre miembros del CNED, que este miércoles se reunirán y buscarán tener una posición institucional. En esa cita se planteará la necesidad de despejar si es que el Presupuesto 2027 configura una nueva estructura del sistema de aseguramiento de calidad, si hay cambios en roles o atribuciones, y si el plan de evaluaciones mantiene su peso específico en lo técnico y la robustez de los datos para servir como insumo a la política pública.

Diversos consejeros contactados por La Tercera señalan que hasta que el Presupuesto no se haga público formalmente, prefieren esperar para pronunciarse. Sin embargo, en privado la opinión es más o menos similar.

“Esto es inédito y fueron muy lejos. Dan la señal de que les importa muy poco lo que diga el CNED”, dice uno de los consejeros, quien refuerza que no es atribución del Ejecutivo tomar esta decisión. “Es grave porque modifican una ley permanente que le da esa atribución a otro organismo”, suma otra consejera.

En toda esta disputa no hay que olvidar que en marzo del próximo año la mitad del Consejo (5) debe ser renovada y el nombramiento corresponde el Presidente José Antonio Kast. “Ahí puede tener más control, pero hasta que eso no ocurra quisieron dejar esta especie de seguro”, se aventura un tercer consejero.

“Es evidente que hay ahí un tema que nos preocupa a muchos de nosotros, seguramente por la misma razón por la que la ley de aseguramiento de la calidad se hizo, que fue pensando en un equilibrio, en un balance para que ninguna de las partes pudiera irse por un camino de que se politizaran o economizaran decisiones por sobre miradas más técnicas”, profundiza otro miembro del CNED, quien asegura que históricamente lo que hace el consejo frente a cada plan de evaluación propuesto o frente a cada solicitud de modificación, es un análisis técnico, con una mirada amplia. “El rol del consejo no es convertirse en un obstáculo, sino en hacer la mejor inversión posible de los recursos para obtener la mejor calidad de los datos que puedan servir a la mejora del sistema escolar”, añade.

Otro miembro asevera “llamarle la atención que se utilice la Ley de Presupuesto para cambiar la actual legislación que norma los cambios en el Plan de Evaluaciones”. Y ahonda: “El CNED cumple un rol fundamental en el sistema de aseguramiento de la calidad, limitando el poder del Ejecutivo para velar por políticas educativas que gocen de mayor consenso con la mirada puesta en el largo plazo. La disposición que agregan en la ley modifica profundamente las reglas del juego pasando a llevar el equilibrio actual de pesos y contrapesos. Me parece grave. Un cambio de esta magnitud ameritaría ser discutido en su propio mérito y no al alero de la ley de presupuesto”.

Además, la glosa que corresponde a la Agencia de Calidad de la Educación tiene recursos de menos: la asignación a Evaluación de Logros de Aprendizaje baja de $24.703 millones a $22.161 millones, más de un 10%.

La mirada del Mineduc

El fin de semana, en entrevista con La Tercera, la ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó en extenso estas inquietudes. Estas fueron sus respuestas.

¿Cómo un gobierno que defiende tanto las pruebas las deja supeditadas a la disponibilidad presupuestaria y las deja amarradas al visaje de Dipres y la subsecretaría?

Somos un gobierno que entiende la importancia de las mediciones. De hecho este año vamos a aplicar Impulso Lector, que es una prueba por la que nos jugamos, que no contábamos con los recursos, e hicimos todos los esfuerzos para poder sacarla adelante. No lo veo que sea contradictorio.

Pero ¿y si el próximo año no hay plata no van a haber pruebas?

Eso antes estuvo en un decreto y ahora se pasa como glosa, pero la verdad no es un cambio en las condiciones ni tampoco un cambio en nuestras convicciones respecto a la importancia que tiene la evaluación. Este mismo presupuesto está disponiendo recursos para eso. Lo de los recursos responde más a una excepcionalidad que a que hay una intención de no realizar las evaluaciones.

¿No se da una señal dejándolo supeditado al dinero?

Es que eso responde más a situaciones extraordinarias. Por ejemplo, la pandemia. Por eso digo que esto estaba en los decretos y que en esta oportunidad se pasa a la glosa. Pero no es que haya una definición programática de debilitar las evaluaciones. No mezclaría de que estemos, digamos, cambiando esa convicción, porque no es así.

No se puede apartar el contexto de que ya intentaron hacer menos pruebas este año y el CNED les dijo que no.

Pero eso se hizo a través de la institucionalidad, que es justamente consultar al consejo.

Pero ahora están metiendo en la ley de presupuesto dejarlo en potestad del ministerio y ahorrarse esa discusión. Eso no estaba en la ley del 2026 y se ve ahí un choque de institucionalidades.

Por eso digo que es una disposición que ya estaba antes en el plan de evaluación, que responde a excepcionalidades. No hay un objetivo solapado, más allá de estas dudas que, legítimamente, obviamente, pueden surgir.

¿Qué excepcionalidad podría haber y por qué tomar esa precaución?

Es algo que se ha hecho antes.