Fiscalía pide cerrar el caso Ascar, en que los ex ministros Blanco y Gómez declararon como imputados, por falta de antecedentes

Fiscalía, Ministerio Público

Ministerio Público indagaba un presunto fraude al Fisco por el mal uso de los recursos asociados al programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias (Ascar) del Servicio Nacional de Menores (Sename).




Transcurría el año 2018 y la atención de la opinión pública estaba puesta en el Servicio Nacional de Menores (Sename) y las falencias del Estado respecto a cómo cuidaba a los niños que estaban a su cargo. Fue en ese contexto que nació la investigación penal llamada Ascar, en que el Ministerio Público indagaba un presunto fraude al Fisco por el mal uso de los recursos asociados al programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias (Ascar) del Sename, plan que buscaba mejorar las condiciones de los niños que estaban en los hogares de la red.

En el marco de esta indagatoria, que en un comienzo estuvo a cargo del entonces fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, es que dos exautoridades tuvieron que entregar sus testimonios en calidad de imputados: los exministros de Justicia Javiera Blanco y José Antonio Gómez. Ambos tuvieron cargo de esa cartera mientras el programa estuvo en ejecución.

Si bien en un comienzo la causa estaba en manos de Emilfork -quien en ese tiempo investigaba las muertes de niños en la red del Sename-, en febrero de 2019 la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, decidió trasladar las pesquisas hasta la Fiscalía Centro Norte.

Las últimas novedades de la causa ocurrieron el pasado 14 de mayo, cuando el fiscal Francisco Ledezma ingresó un escrito al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en que indicó que “luego de haber realizado múltiples diligencias de investigar, el Ministerio Público ha decidido cerrar la investigación y comunicar su decisión de no perseverar, por cuanto no se reunieron antecedentes suficientes que permitan formalizar a personas determinadas ni posteriormente fundar una acusación”.

A raíz de esto, se fijó audiencia para septiembre. En esa ocasión, la fiscalía entregará los argumentos que lo llevaron a establecer esta salida judicial.

El abogado de Gómez, Juan Carlos Manríquez, indicó que “después de un tiempo considerable, en que la causa Ascar fue reasignada al fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Francisco Ledezma, y tras recibir más de 300 testimonios de distintas personas e infinidad de documentos, provenientes desde la Contraloría, diversos ministerios, reparticiones públicas e investigaciones policiales, se confirma que en ningún minuto hubo fundamento serio para poder imputar algún delito o participación en él al exministro de Justicia y Defensa, José Antonio Gómez. Nuestro representado valora lo que él estima una investigación imparcial, hecha por un fiscal objetivo, luego de ser reasignada esta causa. Del mismo modo, instará por todos los recursos legales para el término definitivo de esta causa en el menor tiempo posible”.

El caso inició luego que la Contraloría cifrara en cerca de $ 400 millones los gastos cuestionados en la implementación de la iniciativa Ascar. Entre las cosas que estaban en la lupa de la fiscalía era que habían existido contrataciones, con cargo a ese programa, de personas que se desempeñaban en otras áreas del gobierno.

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