Como negligencias graves e inexcusables catalogó el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, los últimos hechos que complican a Gendarmería. Se contabilizan al menos ocho liberaciones erróneas de imputados los últimos meses, hechos violentos en diversas unidades, deficiencias de seguridad y, entre otros, traslados sin materializar.

Si bien cada cierto tiempo dicha institución enfrenta situaciones de crisis, sobre todo producto del aumento de la población penal, ahora las autoridades consideran que podría haber nuevos factores detrás de los sucesos. De hecho, hay quienes estiman que tras el anuncio de la reforma que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad -y que pone fin a las asociaciones de funcionarios- las irregularidades han ido en aumento.

Por lo mismo, la jornada del 12 de febrero ingresaron una denuncia donde piden formalmente al Ministerio Público que indague la eventual premeditación y coordinación de funcionarios en la transgresión de sus obligaciones como custodios.

En paralelo, desde la cartera se adoptaron una serie de medidas, instruyendo al alto mando de la entidad a reforzar controles de verificación de identidad, suspender vacaciones de jefaturas y endurecer ciertas sanciones.

Adicionalmente, este viernes el subsecretario Muñoz comenzó un despliegue para verificar que las disposiciones sean realmente adoptadas. A primera hora se reunió nuevamente con el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, ahondando de manera más reservada la crisis que enfrentan.

Luego de ello, a las 10 de la mañana se reunió con todos los seremis de la cartera, instruyéndoles verificar durante la misma jornada del viernes que en cada una de las unidades se haya comprendido la circular que despacharon y donde se detalla con precisión el principio de doble control para el otorgamiento de libertades.

Eso supone, como se explica en el documento, que la libertad de una persona bajo custodia institucional no puede ser realizada por un solo funcionario. Se indica que es imprescindible que dos funcionarios realicen una revisión exhaustiva de la documentación e información que obra en los registros. “El cumplimiento de la doble revisión exhaustiva es obligatorio, inexcusable y no admite excepciones de ningún tipo”, se detalla.

Por instrucción del subsecretario, cada seremi, una vez que realice la inspección correspondiente y se entreviste con los funcionarios que tienen trato directo con imputados, deberán remitir un informe pormenorizado al jefe de gabinete de la autoridad, para así evaluar semanalmente en qué recinto se pudiese requerir mayor intervención.

Tras dicho encuentro, Muñoz concurrió junto al director nacional y el subdirector operativo subrogante de Gendarmería, Mario Cid, a la zona de seguridad y tránsito de la institución, donde llegan detenidos que serán objeto de audiencia de formalización en el Centro de Justicia de Santiago, y por donde también pasan imputados en tránsito hacia la prisión preventiva.

Ahí, las autoridades recorrieron los distintos sectores, conversaron con los funcionarios sobre las nuevas disposiciones para verificar que las hubiesen comprendido y también recabaron las inquietudes de los mismos.

Consultado por La Tercera respecto de la situación, Muñoz enfatizó en que “no tenemos un problema de falta de claridad, de falta de procedimiento, tenemos un problema de ejecución, y no vamos a tolerar más errores. Lo ocurrido en las últimas horas es grave e inexcusable. Es por eso que, tras la videoconferencia con el alto mando de Gendarmería, directores regionales y jefes de unidad, he desplegado a los seremis en todo el país para garantizar que el nuevo protocolo se cumpla estrictamente".

“De los ocho casos recientes, cinco ya han sido recapturados, pero la cifra debería ser cero. Gendarmería tiene el deber constitucional de custodiar a quienes los tribunales privan de libertad, complementó.

En línea con las acciones, este lunes se programó una nueva reunión entre el subsecretario y el alto mando de la institución para continuar con la revisión de protocolos.

La denuncia y las sospechas

En la denuncia, dirigida al fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, se detallan cuatro hechos de liberaciones erradas con fechas de 23 de diciembre, 10 de enero, 11 de febrero y 12 de febrero.

El primero de ellos ocurrió en Santiago. El 9° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la prisión preventiva para un sujeto individualizado como Mathias Fuentes, pero la Fiscalía apeló en sala, por lo que debía quedar en tránsito en un recinto penal hasta la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero el gendarme Marcelo Sáenz lo liberó. El sujeto fue recapturado el 30 de diciembre.

Luego, el 10 de enero, Claudio Retamales, imputado por robo en lugar no habitado en el Juzgado de Garantía de Puente Alto, fue dejado en libertad por “descuido e inobservancia” por los gendarmes Nicolás Parra y Katherine Aravena, siendo que debía haber quedado en prisión preventiva.

Los casos más recientes ocurrieron esta semana, el miércoles y jueves. En el primero, dos sujetos, Luis González y Ariel Serey, fueron formalizados por estafa. Ambos quedaron en libertad por orden del 13° Juzgado de Garantía de Santiago, pero Serey mantenía una orden de detención vigente por la que no podía salir de la audiencia. De acuerdo a la denuncia, Serey suplantó la identidad de González ante el gendarme Javier Oviedo, quedando libre.

Finalmente, la gota que rebasó el vaso ocurrió el jueves, cuando el funcionario Segundo Luna dejó libre a un sujeto identificado como Felipe Díaz sin atender que antes debía pagar una caución de $ 500 mil. La denuncia, que se presenta por “los últimos eventos críticos, cuyos orígenes significan una grave transgresión a la normativa institucional”, busca investigar si se acredita o desvirtúa “la concertación, premeditación y dolo en la transgresión de los preceptos consignados” en el Código Penal.

Entre quienes han planteado sospechas de que puede haber intencionalidad detrás de las liberaciones está el exdirector nacional de Gendarmería Christian Alveal. En diálogo con La Tercera, la exautoridad de la institución dijo que “pareciera ser una verdadera operación en contra de la imagen del director o de la reputación institucional que esté siendo generada desde las mismas instituciones”.

“Tantas fallas, errores inexcusables, graves, sin observancia, en un corto plazo, llaman la atención”, agregó. El subsecretario de Justicia, quien durante la semana afirmó que el gobierno sigue respaldando al actual director de Gendarmería, aseguró que “no hay espacio para el dolo ni para la desidia. La reiteración de los hechos nos parece preocupante. La reincidencia y la falta de control nos pueden hacer pensar, eventualmente, que puede existir un tipo de coordinación y por eso lo hemos denunciado al Ministerio Público”.

“La fe pública no es negociable: si la ejecución vuelve a fallar, las sanciones llegarán a las más altas esferas”, concluyó Muñoz.