El 27 de agosto es el plazo máximo que tiene el gobierno para alcanzar un acuerdo con los propietarios del terreno -Ricardo Posada y Esteban Solari- ocupado por 10 mil habitantes en la conocida como megatoma de San Antonio. El tiempo se agota y los acuerdos aún no se alcanzan.

Los próximos 40 días serán clave para que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, logre encontrar una salida a una inminente crisis humanitaria, en caso de que se concrete el desalojo de las más de 3.500 familias que actualmente viven en el cerro Centinela.

Aunque el proceso ha sido conducido bajo estricta reserva debido a un acuerdo de confidencialidad entre las partes, hay un elemento que mantiene en alerta a las municipalidades -Cartagena y San Antonio- con jurisdicción sobre la toma: hasta la fecha la Delegación Presidencial de Valparaíso no les ha entregado ningún protocolo de acción. Esto preocupa, sobre todo en caso de que se materialice el desalojo.

Desde Cartagena la administración de la alcaldesa Lily Silva (ind.) afirma a La Tercera que han sostenido conversaciones frecuentes con la Delegación Presidencial, y que en la última reunión con la delegada Carolina Quinteros quedaron a la espera de información “clara” respecto a las responsabilidades municipales en caso de activarse la orden de desalojo.

Por su parte, desde la Municipalidad de San Antonio, liderada por el alcalde Omar Vera (ind.), indican que no se han recibido orientaciones ni lineamientos específicos para enfrentar una eventual intervención policial.

La alerta sobre el posible desalojo ha sido expresada en diversas instancias por la autoridad comunal, como consta, por ejemplo, en el último informe enviado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso: “Sin perjuicio de acatar todos los fallos judiciales, no puede sino manifestar nuevamente su preocupación, dada la dificultad absoluta para dar cumplimiento a lo instruido”.

Y es que las tratativas han sido complejas y ha costado llegar a puerto. De hecho, han tenido extensiones en los plazos impuestos para llegar a acuerdo. Razones hay varias y, por ejemplo, durante la reunión sostenida el 26 de mayo con los dirigentes de la toma, según testigos de la cita el ministro Carlos Montes reconoció que una de las razones por las que el desalojo no se ha concretado tiene relación con los costos logísticos que implicaría para los propios dueños del terreno.

Según explicó a los dirigentes, una de las cosas que juegan como factor es que los dueños tienen que preocuparse de la limpieza, el cierre perimetral, financiamiento, traslado de personas y otras cosas que los inhibirían, aludiendo además que el carácter comercial del terreno también desincentiva decisiones drásticas rápidas. Además, señalan las mismas fuentes, agregó que la Delegación Presidencial está trabajando en un plan en caso de no alcanzar un acuerdo. Ese es el plan por el que aguardan los municipios de Cartagena y San Antonio.

Requeridos para esta nota, ni el Minvu, ni la Delegación Presidencial, ni los propietarios accedieron a dar declaraciones.

Los nudos expresados por Montes

Mientras tanto, las negociaciones se han desarrollado bajo un estricto marco de reserva, particularmente en torno a las condiciones de compraventa del terreno, los mecanismos de financiamiento, los plazos de implementación y la figura que actuará como garante del proceso.

El principal nudo, según detalló Montes en esa reunión con dirigentes, era el valor del terreno: aunque las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad sobre las cifras, desde el Ejecutivo reconocen que existen “diferencias muy fuertes” entre las tasaciones oficiales y las expectativas económicas de los propietarios.

Otro punto en discusión es la eventual participación de BancoEstado como garante del acuerdo, una posibilidad que Montes mencionó a los dirigentes en la reunión de fines de mayo, aunque aclarando que la entidad no actuaría como aval.

A esto se suma el malestar de los dirigentes de las cooperativas, quienes -a pocas semanas del plazo límite- no habían sido incorporados a la mesa tripartita que integran el gobierno, los propietarios del terreno y los municipios. Esto, pese a que cumplían con la principal condición para participar: contar con una estructura organizativa formal, representada en dirigentes que encabezan cada uno de los cinco polígonos que conforman la megatoma.

En ese mismo encuentro, el ministro también planteó la intención del Ejecutivo de dejar por escrito un acuerdo formal entre el Ministerio de Vivienda y las cooperativas, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso, incluso si una futura administración debe hacerse cargo de su implementación.