Fue durante la madrugada del domingo 20 de abril cuando se registró el ataque incendiario con mayor daño material ocurrido en la Región del Biobío.

A eso de las 2.00 de ese día, un grupo de encapuchados ingresó a las obras de la hidroeléctrica Rucalhue, que se ubica en los límites de las comunas de Santa Barbara y Quilaco. Maniataron y agredieron a los guardias y quemaron 52 maquinarias. Se dieron a la fuga sin ser habidos.

Por estos hechos, que están siendo investigados por un equipo especial de la Policía de Investigaciones, el gobierno presentó la primera querella bajo la nueva Ley Antiterrorista.

No es la única acción penal que se ha interpuesto por el ataque. Recientemente la Rucalhue Energía Spa hizo lo propio, apuntando a los delitos de asociación terrorista y delito terrorista de incendio.

“Los efectos que ha logrado (el ataque) han sido desestabilizar la actividad económica del sector. Tanto es así, que mi representada tiene un fundado temor de retomar las actividades de construcción de la central”, dice parte de la querella.

Detalles de la querella

La querella, presentada por el abogado Waldo Bown, no identifica a nadie en particular, sino que apunta a “todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores”. Eso sí, tal como hizo el gobierno en su querella, en un párrafo pide investigar al grupo Weichán Auka Map (WAM).

En los hechos, el abogado de la empresa relata parte de la historia de la firma en torno al proyecto, que ha encontrado oposición en ciertos grupos locales por la eventual intervención al medio ambiente.

“La planta hidroeléctrica de Rucalhue obtuvo una resolución de calificación ambiental favorable en el año 2016, para luego, en mayo de 2024, obtener la aprobación de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de los planes de manejo del proyecto, entre otros permisos sectoriales ya aprobados. Actualmente el proyecto hidroeléctrico se encuentra en construcción, faltando aproximadamente dos años y medio para su finalización”, se defiende la empresa en la querella.

Luego, en los relatos del hecho, el abogado afirma que, según declaran testigos, habrían sido unos 20 sujetos los que perpetraron el ataque. Estaban “premunidos con armas de fuego y de elementos acelerantes y botellas de vidrio con elementos viscosos en su interior”.

“El grupo de sujetos llegó a las inmediaciones del lugar en una camioneta blanca, cinco ocupantes en el interior y siete en la pick up, estacionándose aproximadamente a un kilómetro del ingreso al recinto”, dice el texto.

En el detalle de las maquinarias destruidas se señala que estas fueron: dos camiones aljibe, un camión de combustible, 45 camiones tolva, dos excavadoras, una motoniveladora y una camioneta mecánica.

En otro punto la querella puntualiza en un cartel encontrado en las cercanías que señalaba: “Libertad a Luis Tranamil y todos los P.P.M. (presos políticos mapuche). Yordan Llempi, Matías Catrileo, presente en el Weichan (lucha). Nuestro objetivo es todo el Wallmapu”.

Por otro lado, para argumentar el carácter terrorista de los hechos, en la querella se señala: “La ley vigente no exige la comisión de una conducta terrorista específica, ya que la sola pertenencia a una asociación terrorista permite ya configurar un delito y, por tanto, perseguirlo penalmente”.

Publicaciones de redes sociales

En otro punto de la querella el abogado aborda dos publicaciones del portal Werken Noticias donde se aprecia el supuesto descontento con la hidroeléctrica y que podrían tener relación con los hechos.

Una de ellas es del 18 de abril, días antes del ataque, donde se hace un llamado a “exigir el retiro de la empresa china Internacional Water & Eletric Corp, Rulcahue Energia Spa, de capitales chinos, de nuestro territorio”.

En ese texto se hacía un llamado a una manifestación el 23 de abril en la Embajada de China de Santiago. “Nos dirigimos directamente de nación a nación, invalidando al Estado chileno genocida y basándonos en el tratado de Papihue firmado en el año 1825, el cual demarca nuestra frontera y soberanía”.

En el otro se señala lo siguiente: “No se permitirá que se sigan destruyendo nuestros ríos, nuestra vida y nuestra espiritualidad. El río es sagrado, no una mercancía. ¡Nuestro territorio no está en venta! ¡Fuera Rucalhue del territorio Pewenche!“.

Desde la Fiscalía del Biobío señalaron que hasta ahora no hay personas detenidas y que las diligencias investigativas se encuentran en desarrollo.