“Esto será una cacería de brujas”.

Con algunos matices, la idea resuena en casi todas las instituciones que poseen alguno de los 25.078 funcionarios públicos identificados por Contraloría viajando al extranjero en medio de una licencia médica.

Y es que a la instrucción del ente fiscalizador a cada una de las 788 reparticiones de iniciar sumarios para perseguir las responsabilidades administrativas, luego vino un ultimátum del gobierno: el jueves 22 de mayo el ministro Mario Marcel (Hacienda), cuya cartera quedó a cargo de dirigir el Comité Nacional de Ausentismo y con ello fiscalizar el debido cumplimiento de las licencias médicas, instruyó a todos iniciar esos sumarios en un máximo de 72 horas una vez recibieran por parte de Contraloría la nómina de funcionarios en la mira. El oficio que envió Hacienda señala además que al cabo de 30 días se tiene que informar del estado de los sumarios. “Junto con darse ese plazo para iniciar los sumarios, también se fija un plazo para informar del avance de los mismos”, explicó Marcel.

Pero con el avance de los días también se ha visto que el rol de Marcel es más activo que el del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, toda vez que este es visto como un problema presupuestario y a él se le ve como la cara natural de esta problemática. Mientras, la gestión política y de control de crisis, cuentan en los pasillos de Palacio, recae en la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry; el director de la Secom, Pablo Paredes, y el propio Elizalde.

Ellos han tenido reuniones operativas en las que han definido reaccionar “lo más rápido posible”, según revelan conocedores de esas conversaciones. Y es que el timing tampoco fue el mejor para el Ejecutivo: la cuenta pública está a la vuelta de la esquina (es este domingo 1 de junio), lo que no hace más que acelerar esta idea de mostrarse resolutivos, todo con miras a la búsqueda de no “manchar” la última vez del Presidente Gabriel Boric.

En tal sentido, se ha apuntado a difundir la instrucción del plazo de 72 horas impuesto por Marcel, planificar sus salidas comunicacionales estableciendo un tono categórico, establecer el carácter institucional del problema y que atraviesa a todo el sistema público, así como que la institucionalidad de las licencias es vulnerable a vacíos legales.

Pero también que la presente crisis de los reposos médicos no es atribuible a la gestión de este gobierno, sino que en la pandemia explotaron estas prácticas.

Como sea, lo cierto es que los listados comenzaron a llegar a fines de la semana pasada y, hasta el cierre de esta edición, eso seguía ocurriendo. Por ejemplo, sin contar municipios, hasta esta mañana aún eran cerca de 40 que todavía no tenían la información oficial. Son tantas instituciones con funcionarios eventualmente involucrados que el proceso ha sido lento.

“Se le hizo llegar a la Subsecretaría de Bienes Nacionales el listado el viernes 23 de mayo, mismo día en que se instruyó el proceso administrativo disciplinario para tratar todos los casos del ministerio. Asimismo, tal como lo indicó el Ministerio de Hacienda, ya se constituyó el comité local de ausentismo”, dicen, por ejemplo, desde Bienes Nacionales.

Pero independiente de tener o no el listado, la sensación es una sola en prácticamente todas las instituciones involucradas: nerviosismo y expectación.

La semana pasada, por ejemplo, apenas explotado el caso en el Ministerio de Educación, donde residen las dos instituciones con más funcionarios apuntados -Junji con 2.280 y Fundación Integra con 1.934-, además de los 44 funcionarios de alguna de las reparticiones de la cartera, hubo una reunión entre los gabinetes que conforman el ministerio para ver cómo abordar el asunto.

Por otro lado, en estos momentos hay varios hospitales trabajando en los sumarios, con reuniones por doquier, incluso antes de que llegaran los listados. Al respecto, el Hospital San José informó esta mañana que ya recibió el oficio. “Se trata en total de 145 personas, quienes entre todos contabilizan 203 viajes fuera de Chile”, señalaron, al tiempo de detallar que la dirección del recinto ordenó al equipo jurídico la instrucción del sumario para buscar la responsabilidad ante esta “grave falta a la probidad”. En el Hospital Exequiel González Cortés, en tanto, los equipos administrativos están abocados casi al 100% a esta tarea, toda vez que su plazo para iniciar los sumarios culmina este martes. “Estamos todos corriendo”, cuentan en la interna.

En otras instituciones ya se han empezado a dar casos de personas que aseguran que nunca salieron de Chile, pero igual figuran entre los apuntados. Otros en que el número de apuntados sería más bajo o, incluso, ya no trabajan allí. Esto ha provocado mucha tensión e histeria, porque se espera que la PDI rectifique antes de que empiecen los sumarios, lo que no se sabe si ocurrirá.

En el mundo de los médicos, en tanto, abunda el temor. Eso señalan en varios hospitales, pero un grupo en particular: el de los ginecólogos, luego de que 250 de ellos fueran sorprendidos realizando partos en clínicas privadas mientras tenían licencia médica en el hospital público para el que trabajan.

La mañana de este lunes el ministro Marcel aseveró al respecto que ya se han desarrollado una serie de acciones con los servicios públicos, particularmente en el caso de los servicios de salud, donde detalló que ya existían cerca de 1.200 sumarios antes del informe de Contraloría, y ahora se han incluido los nuevos servicios apuntados.

La búsqueda y teorías sobre quiénes son los funcionarios en la mira abundan en las instituciones. Por ejemplo, voces al interior de Carabineros, donde no ha llegado aún el listado oficial, creen que todos sus casos son civiles contratados para diferentes servicios. En Prevención del Delito, en tanto, el nerviosismo no es tanto porque tienen solo dos personas involucradas, a las cuales ya se les inició el sumario respectivo.

Mientras, en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas aseveran que ya dieron curso a la constitución del Comité Local de Ausentismo del Ministerio de Defensa Nacional, “tal como fue instruido por el ministro de Hacienda”, donde por instrucción de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, será el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, quien asuma la coordinación y seguimiento de la implementación de las acciones en esta materia. Asimismo, ya iniciaron los procesos sumariales por parte de la subsecretaría.

Pero la situación también ya ha ido provocando renuncias, incluso antes de tener el detalle de la información: si la semana pasada dejó su cargo Raúl Domínguez Bastidas, jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subtel y cercano al Presidente Gabriel Boric, este mismo lunes Iván Mendoza renunció a la vicepresidencia del Colmed. “Ante la eventual inclusión de mi caso”, justificó.

Municipios

Más de 300 municipalidades del país -o algunas de sus corporaciones- se vieron salpicadas por la polémica. Hoy, los llamados entre alcaldes abundan para ver qué está haciendo cada uno. Y si el viernes en Ñuñoa Sebastián Sichel desvinculó a 126 personas, ahora un grupo de alcaldes anunció un conjunto de “drásticas medidas”, entre ellas la presentación de querellas criminales y la exigencia de restitución de dineros mal utilizados.

El grupo conformado por Agustín Iglesias (Independencia), José Manuel Palacios (La Reina), Carol Bown (San Miguel), Isabel Valenzuela (Colina), el propio Sichel (Ñuñoa) y Juan Pablo Olave (Isla de Maipo) solicitará, además, que la investigación se amplíe hasta 2020 para dimensionar completamente el daño al erario público.

Congreso

Pero la preocupación también llegó hasta el Congreso, que no ha sido objeto hasta aquí de las informaciones dadas a conocer por la Contraloría.

Por el lado de la Cámara, de hecho, hubo una reunión el jueves entre el presidente, José Miguel Castro (RN), y el secretario general, Miguel Landeros, para activar un proceso sumarial para detectar casos. Si es que los hay, habrá sanciones legales y de parte de la corporación, según dijo su presidente.

En el Senado, en tanto, se realizará una investigación interna que abarcará 2023 y 2024, siguiendo el mismo criterio temporal utilizado por la Contraloría. En caso de detectarse irregularidades, se instruirán los sumarios administrativos correspondientes y se evaluarán eventuales acciones legales.

“Nos tomamos este tema con la máxima seriedad. Si existen funcionarios del Senado que usaron licencias médicas de forma fraudulenta para viajar al extranjero, vamos a actuar con firmeza porque entendemos que es una conducta ilegal y que no corresponde a la responsabilidad que un funcionario público tiene con el país”, señaló Manuel José Ossandón (RN), presidente del Senado.

El vicepresidente Ricardo Lagos Weber (PPD) agregó, en tanto, que esto se da porque “no se trata solo de proteger recursos públicos, sino de cuidar la dignidad del servicio público. El que hace trampa tiene que asumir las consecuencias”.