María Inés Salamanca, directora de ONU Mujeres en Chile: "No basta contar con una muy buena ley, llegó la hora de ejecutar"

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María Inés Salamanca ve con preocupación los recursos que destina el Estado para frenar hechos de violencia contra las mujeres. Asegura que una ley que apunte a una vida sin agresiones debería tener un presupuesto asegurado. Además, señala que no existen incentivos para que víctimas de violencia intrafamiliar tramiten las denuncias.




A un total de 27 ascienden las víctimas de femicidio en Chile durante este año, según el catastro que lleva la ONG Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta cifra, sumada a las tomas feministas que partieron en abril en la Universidad Austral de Valdivia y que se extendieron a una veintena de facultades, exigiendo terminar con la educación sexista, se tradujeron en que se alzara la voz en contra de la violencia hacia las mujeres. El gobierno, haciendo eco de las demandas, decidió impulsar un proyecto integral por una vida libre de agresiones, así como activar la iniciativa que castiga la violencia en el pololeo.

Todas estas propuestas son valoradas por María Inés Salamanca, la directora de ONU Mujeres en Chile, aunque advierte que todavía falta camino por recorrer.

Desde la perspectiva legislativa, ¿qué tareas tiene pendientes Chile?

Por una parte, el gran problema que vemos en América Latina y también en Chile es el subregistro de los casos de violencia contra las mujeres, en particular los casos de femicidios. Contamos en Chile con una ley de violencia intrafamiliar y una tipificación de femicidio que solamente considera femicidio íntimo aquel que se comete por una pareja o expareja, pero que han tenido que vivir bajo el mismo techo.

¿Esto no es suficiente para retratar esta realidad?

El problema es que el femicida no necesariamente puede haber sido un conviviente, incluso puede haber sido un pololo. La recomendación, incluso desde el Comité de la Cedaw (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), es ampliar la noción de femicidio, que todos los homicidios motivados por razones de género sean considerados como tales. También se ha puesto mucho el acento en la violencia en el pololeo, que sí es importante, pero creo que debe incluirse en la ley integral de violencia, no por separado. Deberían estar puestos los esfuerzos en una sola ley.

¿Qué otras dificultades aprecia en el proyecto de ley que busca terminar con estos hechos?

Es que no basta contar con una muy buena ley, llegó la hora de ejecutar, pero para eso necesitas recursos y ese es uno de los nudos críticos en América Latina, el presupuesto. No se saca nada con sacar una ley estupenda si no tiene fondos.

¿Le preocupa lo que pasa con las medidas precautorias para proteger a las víctimas, que no tienen forma de fiscalización?

Eso desincentiva la denuncia, porque si la mujer ve que el sistema no funciona, que al final la víctima va a terminar pagando un costo y que el costo puede terminar en un femicidio. El incentivo de poder seguir un proceso no existe. Nosotros llevamos mucho tiempo insistiendo en que cuente con los recursos adecuados, tener recursos humanos en los centros de atención, con gente adecuada.

¿Qué ocurre con la prevención?

Hay que revisar el presupuesto para saber si es una prioridad destinar recursos a la prevención y no hablo del video que se hace para el 25 de noviembre, en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia, sino de un sistema de prevención que llegue a todo el país, incluso a los lugares más alejados.

¿Cuantos recursos debería tener aparejada una ley de esta envergadura?

Interesante pregunta, porque nos estamos preguntando exactamente lo mismo y vemos con preocupación la disminución en el presupuesto, no solo para el programa de violencia, sino que también para los centros de mujeres. Aquí el Congreso jugará un rol importante para empujar, dentro del marco de la ley integral, recursos aparejados independiente del gobierno de turno.

¿Cómo influyó el movimiento feminista en los cambios que estamos viendo en Chile?

Creo que logró visibilizar la necesidad de este cambio de paradigma, apoyado según las encuestas por más del 70% de la población. Ahora es el momento de avanzar en estos temas pendientes.

¿Qué pasa con las denuncias de abuso y acoso que quedan dentro del ámbito universitario?

Cuando se creen protocolos adecuados al interior de las universidades se va a poder resolver cuándo un caso tiene que ir a la justicia y salir de la jurisprudencia universitaria.

¿Estima que hoy no hay protocolos claros?

Nos falta muchísimo todavía por avanzar. Hay experiencias internacionales muy buenas, como la Universidad de Granada en España, por ejemplo, donde hay seguimiento formal e informal para los casos de acoso.

¿Que le parece cuando se tratan de ridiculizar las demandas, utilizando expresiones ofensivas como la de feminazis?

Las feminazis no existen, porque lo que buscan las feministas y el feminismo es cambiar un paradigma y alcanzar la igualdad, y el nazismo fue todo lo contrario.

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