Migrantes: gobierno y organizaciones civiles se enfrentan en Corte Interamericana de Derechos Humanos

Hoy, en una audiencia en Jamaica, representantes del Ejecutivo y miembros de varias entidades que trabajan con extranjeros en Chile presentaron sus apreciaciones respecto de las expulsiones de migrantes en el país y el proyecto de ley que busca, según La Moneda, "ordenar la casa".


Este miércoles, en el marco del 172 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron recibidos en audiencia en Kingston, Jamaica, una delegación del gobierno junto con otra conformada por distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes. El tema a tratar: la "Situación de los migrantes en Chile".

La cita se produce a poco más de un año de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara y comenzara a implementar una nueva política migratoria, la que ha sido constantemente cuestionada por varias organizaciones que trabajan con migrantes en el país. Por ello, éstas decidieron acudir a una instancia mayor, la CIDH, para presentar sus preocupaciones sobre el tema. La discusión se da, además, luego de que en abril pasado el gobierno enviase una carta, firmada por otros cuatro países, para que la CIDH respete la "autonomía" de los países.

El tema que centró el debate hoy fue el de las expulsiones a extranjeros. Mientras los representantes de las ONGs señalaron que se ejecutan de manera masiva y que se han vulnerado los derechos de los migrantes, el Ejecutivo defendió que éstas han respetado la ley y que existen fallos judiciales que lo respaldan.

De parte del gobierno concurrió una delegación de alrededor de diez personas, liderada por Mijail Bonito, asesor de política migratoria del Ministerio de Interior; el embajador en la OEA, Hernán Salinas; y Gonzalo Candia, por parte del Ministerio de Justicia.

Al otro lado, entregaron su postura las organizaciones que solicitaron esta audiencia en septiembre pasado: la Clínica Jurídica de atención a migrantes de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el Movimiento Acción Migrante (MAM), entre otros.

Macarena Rodríguez, directora de Sociología de la UAH, señaló que varias de las expulsiones se han ejecutado de manera "masiva" y "con excesiva publicidad". Y explicó que "lo relevante no son las causas de expulsión en sí mismas, sino el procedimiento para dictarlas y materializarlas. La ley vigente no contiene análisis de circunstancias particulares y esto es grave".

Mijail Bonito presentó datos de contexto sobre la situación migratoria del país: el aumento de migrantes en los últimos años, las visas otorgadas en el proceso de regularización extraordinario y defendió la gestión en materia migratoria del gobierno, argumentando que las expulsiones se ajustaban a la legalidad. Y que, a diferencia de lo planteado por Rodríguez, sí se consideraban una diversidad de factores antes de concretar una expulsión.

Al finalizar el turno de cada parte, se escucharon las recomendaciones de los comisionados presentes. Entre ellos, destacó la de Birgit Gerstenberg, representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para América del Sur, quien criticó las expulsiones "masivas" que estaba implementando el gobierno. Bonito, más tarde, manifestó su "sorpresa" por la intervención: "Hubiese sido deseable que se acercara al Ejecutivo". Además, calificó como "impresentable e irresponsable dicha afirmación de expulsiones colectivas".

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