Ministerio de Justicia reporta incautación de 16 mil armas blancas y 8 mil teléfonos en penales del país

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, junto al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, entrega balance sobre procedimiento de registro y allanamiento, realizado de manera simultánea, en diferentes centros penitenciarios del país, con el objetivo de incautar elementos prohibidos.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, durante un procedimiento de registro y allanamiento realizado de manera simultánea en diferentes centros penitenciarios del país hace un mes.

La titular de la cartera, Marcela Ríos, informó en la comisión de Justicia del Senado el inicio de un plan de registro periódico para la incautación de material prohibido en los recintos penitenciarios. "Este es uno de los componentes del trabajo que estamos haciendo para enfrentar la dinámica de las bandas al interior de los recintos y el vínculo que puedan tener con el exterior”, explicó.




La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado analizó este miércoles la situación de los recintos carcelarios del país en su sesión de este miércoles.

A la instancia fueron citados la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra. Asistió también el subsecretario de Justicia de Justicia, Jaime Gajardo.

Los legisladores solicitaron a las autoridades el detalle de medidas adoptadas sobre el traslado de presos entre las distintas cárceles del país, en especial respecto a la reubicación de internos de la Región Metropolitana a Los Ríos, materia que llevó a la Corte de Apelaciones de Valdivia a expresar al gobierno su preocupación por tratarse de reos de alta peligrosidad.

Asimismo, pidieron un detalle de los recursos dispuestos para el financiamiento de los centros de internación relativos a la reinserción social juvenil.

En su exposición ante los senadores, la ministra Ríos aseguró que han iniciado planes de incautación permanente de elementos peligrosos en las cárceles de todo el país.

“Iniciamos una política después de un poco más de un mes de haber iniciado el gobierno. Es un plan de registro periódico para la incautación de material prohibido en los recintos. Este es uno de los componentes del trabajo que estamos haciendo para enfrentar la dinámica de las bandas al interior de los recintos y el vínculo que puedan tener con el exterior”, explicó la secretaria de Estado.

Ríos precisó que se han desarrollado ya dos de estos operativos a nivel nacional y anunció que seguirán “haciéndolo de manera sorpresiva”.

“El propósito es hacerlo en distintas regiones”, sostuvo.

La ministra detalló que en los dos operativos incautaron 23 kilos de droga, 16 mil armas blancas, 8 mil teléfonos celulares y otros dispositivos.

Ocupación penitenciaria del 101% en promedio

Por su parte, el subsecretario de Justicia de Justicia detalló que 42 mil personas permanecen recluidas en sistema cerrado en 88 penales a lo largo del país.

La autoridad explicó que hay 12 penales que son concesionados y en esos doce recintos hay distintas realidades.

Asimismo, señaló que a la fecha la ocupación penitenciaria llega al 101% en promedio, precisando que eso no significa que todas las cárceles estén copadas al 100%. En ese sentido, detalló que, por ejemplo, Alto Hospicio está copada en un 99%, La Serena en un 93%, Rancagua 89%, Biobío 90%, Valdivia 76%, Puerto Montt 72% y Santiago Uno 112%.

Además, el subsecretario Gajardo informó que de los 42 mil internos, el 94% corresponde a personas de nacionalidad chilena y el 6% a extranjeros, principalmente de nacionalidades colombiana, boliviana y peruana.

Los delitos más comunes por los que la población carcelaria se mantiene privada de libertad corresponden a robo (40%), infracciones a la Ley 20.000 de drogas (18%), robo no violento (12%) y homicidio (11%).

4 de cada 10 internos son imputados

De acuerdo a los datos de la cartera de Justicia, la población imputada aumentó en 30% en los últimos 10 años.

Respecto a la distribución de la población penal, el 60% corresponde a condenados y el 40% a imputados cumpliendo con medida cautelar.

La cartera que encabeza la ministra Ríos advirtió que ese dato grafica la necesidad de intervenir, considerando que “genera contaminación criminológica” exponen, señalando que el 20% de esos imputados, resulta ser inocente.

Habilitación de cárceles

En la exposición de la cartera ministerial e la instancia legislativa se informó también que en el penal Santiago Uno se han tomado medidas para reducir en 40% el hacinamiento y se ha redistribuido a los internos, principalmente en la Región Metropolitana.

Asimismo, se comunicó que se está trabajando para abrir el penal de Talca que permitirá disponer de 2 mil plazas adicionales en el sistema penitenciario y lo mismo en Río Bueno, para descomprimir los recintos de la zona sur. Igualmente, se están trabajando para construir módulos de alta seguridad en el norte.

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