Larraín se reúne con representantes de Celestino Córdova: “Queremos seguir avanzando para que lo antes posible pueda deponer su huelga de hambre”

Hernán Larraín, ministro de Justicia

Hernán Larraín, ministro de Justicia

El titular de Justicia lamentó, sin embargo, que representantes de los comuneros que se encuentran cumpliendo condena en la cárcel de Angol no hayan aceptado la invitación de la cartera para iniciar un diálogo. Pese a esto, manifestó que continuarán buscando instancias de reunión: "No nos resignamos a que no haya conversaciones".




“Ha sido un día importante”, manifestó esta tarde el ministro de Justicia, Hernán Larraín, luego de haber sostenido un encuentro con los representantes del machi Celestino Córdova, quien se encuentra cumpliendo su condena de 18 años de presidio en la cárcel de Temuco por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, y quien lleva 96 días en huelga de hambre.

El secretario de Estado extendió una invitación a la vocera de Córdova y otra a los representantes de los ocho comuneros que están en huelga seca en la cárcel de Angol, quienes, sin embargo, se negaron a concretar el encuentro vía Zoom.

Sobre la reunión que se realizó esta mañana, el ministro aseguró que “tuvimos una muy buena conversación” y que los representantes del machi “se refirieron en términos generales al problema de la normativa penitenciaria que no recoge la situación que afecta a los pueblos originarios. Nos hicieron propuestas concretas que se pudieran incorporar en el reglamento penitenciario teniendo en consideración convenios internacionales como el 169, y sobre esta base poder a quienes están cumpliendo penas y pertenezcan a pueblos originarios tengan el reconocimiento para que su cosmovisión y sus costumbres puedan desarrollarse mientras cumplan sus condenas”.

En cuanto a la huelga del comunero, Larraín señaló que no se llegó a una solución, pero “queremos seguir avanzando para que lo antes posible pueda deponer esa huelga”.

Así, agregó que “es un tema que sigue pendiente pero seguiremos haciendo esfuerzos para que eso ocurra. Tenemos el compromiso de cuidar la vida y la salud de las personas que están en huelga de hambre y de todos los que están en el sistema penitenciario y lo vamos a cumplir. Vamos a hacer lo posible para que el machi y todos los que están en huelga de hambre la depongan para cuidar su salud”.

Comuneros de Angol

El ministro se refirió, además, a la situación de los ocho comuneros que iniciaron una huelga seca y señaló lamenta que sus voceros no hayan aceptado la invitación a conversar: “fue por distintas razones que no vamos a entrar a juzgar”, dijo.

“Lo lamentamos porque somos partidarios del diálogo. Al final del día este tipo de situaciones y en general todo el conflicto en La Araucanía no tiene otra vía de solución que el diálogo”, señaló Larraín que aseguró que perseverarán en la idea de reunirse con sus representantes.

“No nos resignamos a que no haya conversaciones porque es la manera que tenemos de entendernos”, sostuvo.

En esa línea manifestó que “insistiremos en espacios de diálogo con la finalidad de asegurar, a través del diálogo, la solución a esta huelga de hambre y avanzar también en que quienes tienen que cumplir penas y pertenezcan a pueblos originarios entiendan que el régimen penitenciario les da una oportunidad de continuar con sus costumbres, cosmovisión, su medicina y sanación particular, sin perjuicio de asimilarse en lo que corresponde al cumplimiento a las penas a las que estén condenados como cualquier otra persona privada de libertad”, sostuvo.

En cuanto al petitorio de los comuneros, el jefe de la cartera de Justicia indicó que no lo conocen, pero que esperan que en una eventual reunión puedan “abordarlas en tanto estén dentro de nuestro ámbito de competencia y procuraremos atender aquello que podamos realizar”.

Más tarde, el ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló que el diálogo que está liderando el ministerio de Justicia con los comuneros en huelga de hambre se realiza dentro del marco de las normas penitenciarias porque “la decisión política del gobierno no podría ser alterar ni modificar las sentencias que los tribunales de justicia han dictado en materia de homicidios o asesinatos que son delitos extremadamente graves”.

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