Nuevos Cesfam, liceos y hospitales: qué podría hacerse con el dinero del megafraude tributario

Tras una investigación conjunta entre el Ministerio Público y de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI), se develó un megafraude tributario al Servicio de Impuestos Internos (SII) por más de $240 mil millones.

En el entramado de fraudes por la emisión de facturas ideológicamente falsas, están involucrados más de 50 chilenos, 55 de ellos fueron detenidos por la PDI y en la audiencia de formalización, 28 de los imputados se les amplió la detención y los restantes quedaron apercibidos y citados para el lunes 18 de diciembre.

Los sujetos están siendo investigados por emitir “facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas”. En el operativo también se identificaron cerca de 100 mil facturas a más de 3.300 contribuyentes.

Este caso ha remecido a las instituciones y sus mecanismos de fiscalización, así como también ha despertado la indignación de la ciudadanía y el pronunciamiento de autoridades.

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó que el fraude tributario daña directamente a la sociedad y ejemplificó que los más de $240 mil millones significarían la construcción de 25 centros de salud familiar, tres hospitales de alta complejidad y más de 15 instituciones educativas.

El multimillonario fraude también equivale a seis veces al monto recaudado en la Teletón 2023, y aún así, sobraría dinero.

A los investigados se les acusa por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. Este lunes 18 de diciembre se realizarán la audiencia de los sujetos, y ante las eventuales penas, el exfiscal de alta complejidad y delitos económicos, Carlos Gajardo, manifestó que “no se debe cometer el error que tuvo la Fiscalía hace algunos años, de condenar estas conductas con las llamadas clases de ética”.

Y llamó a que “la Fiscalía tenga el rigor suficiente para aplicar e intentar solicitar las máximas penas posibles (…) es importante la ley que se aplique pero también cómo las instituciones se comportan frente a delitos tan graves”.