Once tomos, 4.762 páginas y 52 declaraciones lleva investigación judicial por viajes en el Ejército

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Desde que se inició la arista "empresa de turismo", en marzo de 2018, la jueza Romy Rutherford ha procesado a ocho oficiales por las eventuales irregularidades en el uso de fondos para comisiones de servicio en el extranjero.




Es una arista que no ha pasado desapercibida en el Ejército: motivó la baja del exjefe del Estado Mayor John Griffiths y aceleró el cambio del reglamento interno sobre el uso de pasajes para comisiones de servicio al extranjero. Se trata de la investigación judicial llamada "empresas de turismo", uno de los 31 cuadernos del caso fraude en el Ejército que instruye la ministra en visita Romy Rutherford.

La Tercera accedió al expediente de la causa. En total, son 11 tomos que acumulan 4.762 páginas, con 52 declaraciones, 13 careos, informes de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI, solicitudes de información al Ejército, al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a bancos. Estas hojas dan cuenta de las gestiones que se han realizado en torno a esta indagatoria.

¿Cómo partió el caso? Lo primero en la carpeta es un documento del 9 de marzo de 2018. En este se habla de un sumario que se abrió 1 de agosto de 2016, a raíz de una acusación en contra del coronel (R) del Ejército Sergio Vásquez Undurraga, designado en comisión de servicio a Washington como asesor de contabilidad y finanzas entre julio de 2012 y 2013. Lo caratularon como "denuncia anónima 1" y refiere a correos electrónicos entre Annie Stange y Ximena Moraga, asistentes de ventas de la agencia de viajes Turavión, licitada por el Ejército.

En los e-mail intercambian información sobre los precios de pasajes a Washington, Estados Unidos y Punta Cana, en República Dominicana, con estadía, y que el dinero que restara como "saldo a favor", Vásquez lo podía ir a buscar a la oficina de la compañía. A raíz de esto, se formó una nueva arista que Rutherford llamó "empresas de turismo".

Primeras diligencias

Con estos indicios, la ministra despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI para incautar documentación contable, bancaria y de los viajes facturados por Turavión respecto de Vásquez al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y otros oficiales, como Jorge Cortés, Jorge Rojas, Jozo Santic y Sergio Gómez.

Además, les tomó declaración a ambas ejecutivas de Turavión. El 13 de febrero del año pasado, Stange declaró que "contextualizando esta operación, seguramente nació de la solicitud realizada por Sergio Vásquez de cambiar el itinerario original que contemplaría para este caso una parada en Punta Cana".

El 7 de marzo de 2018 fue el turno del propio Vásquez, quien, además de describir el mecanismo, involucró a más uniformados. Esto sirvió para que la jueza pudiera armar una especie de mapa con nombres de otros oficiales que realizaban la misma práctica.

"En el caso de pasajes comprados por la Sección Pasajes y Fletes, son para toda la familia (...), con la ruta determinada Washington-Santiago (...). Uno se traslada a donde desee y en mi caso fue una semana en Punta Cana, alojando en el Novo Hotel. Todos los funcionarios destinados hacen lo mismo. Por ejemplo, el jefe de la misión militar que estuvo conmigo hizo lo mismo, pero en destino a México, el general Guillermo Porcile. Otros que hicieron lo mismo fueron el general John Griffiths, el coronel Mauricio Seguel, pero ignoro los destinos. En el fondo, todos los que tenían que regresar de su misión hicieron los mismo", declaró Vásquez.

Sobre cómo operaba el proceso, el exuniformado explicó que "lo que se hace es que de las distintas agencias licitadas uno elige con la que quiere viajar, cotizando con ellas. A uno se le asigna una cantidad de dinero, de acuerdo a una reglamentación y valores tipo dispuestos por la Sección Pasajes y Fletes (...). Una vez que uno conoce el monto total al cual se tiene derecho, uno le comunica al jefe de la sección a dónde va a pasar antes de volverse a Chile, o si vuelve directo al país". Luego, dijo Vásquez, la Sección Pasajes y Fletes paga el monto total asignado a la agencia escogida. Al regreso, la empresa le comunica al oficial el saldo que pudo haber quedado luego del trayecto, "que puede incluir hotel y pasaje y se le restituye el monto al oficial militar".

Otro de los temas que detalló Vásquez a Rutherford fueron los supuestos excesos de equipaje, por lo que también los uniformados recibían un reembolso. "Tenemos derecho a un sobrepreso de 10 kilos por persona y esto se paga por parte del Ejército al interesado a la vuelta de la comisión de servicio. Tratándose de los comandantes en jefe y en particular respecto del general (Humberto) Oviedo, Pasajes y Fletes les pagaba directamente a las agencias de viaje y estas últimas entregaban en efectivo los montos a los integrantes de la comisión", indicó el funcionario.

Más nombres

Vásquez fue el primer procesado por Rutherford por estos hechos, el 25 de junio de 2018. Luego se sumaron John Griffiths, Alejandro Villagra, Iván Faber, Rodolfo Hidalgo, Werther Araya, Fredis Jara y Juan Cornejo (los dos últimos fueron jefes de la Sección de Pasajes y Fletes).

La versión de Vásquez fue ratificada el 9 de abril de 2018 por Jorge Chamy, gerente de administración y finanzas de Turavión. "Pasajeros cambiaban las rutas o las fechas de acuerdo a sus necesidades. Estos cambios los hacía la persona que viajaba directamente con la ejecutiva de la empresa. Eran coroneles, generales, brigadieres y personal de alto rango, por lo que no nos imaginábamos que ellos no hubiesen dado cuenta al Ejército", declaró .

Rutherford amplió el espectro y, además de Turavión, empezó a investigar a todas las agencias que trabajaban con el Ejército. Así, pidió información de los viajes a la entidad castrense y tomó declaraciones a trabajadores de las empresas Latrach y Tupper, entre otras. Incluso, se determinaron nexos entre firmas licitadas y militares.

Otro informe policial, del 31 de octubre de 2018, dio cuenta de un análisis de los correos de una casilla de la Sección de Pasajes y Fletes del Ejército.

"Se obtuvieron un universo de 458 correos electrónicos del periodo 2016 a 2018, los cuales se filtraron mediante las palabras 'exceso de equipaje' y 'cambio de itinerario', reduciéndose a 73 mensajes, de los cuales se seleccionaron siete de ellos (...). Los funcionarios del Ejército favorecidos con exceso de equipaje debían cumplir con concurrir a la Sección de Pasajes y Fletes y firmar un comprobante de egreso. En dichos mensajes se visualizó que el valor contemplado de pago de los funcionarios que viajaban vía avión por concepto de exceso de equipaje en algunos casos era de US$ 100 por persona, en otros de US$ 400", dice el informe.

Excomandantes en jefe

Antes de que el excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo reconociera a la jueza el 28 de diciembre pasado que usó fondos fiscales para irse de vacaciones al extranjero con su señora, Rutherford ya tenía la información al respecto. Además de documentos oficiales del Ejército que acreditaban sus viajes y los montos, contaba con declaraciones que daban cuenta de cómo operaba.

Luciana Figueroa, de la agencia Tupper, declaró el 20 de noviembre sobre Oviedo: "Lo atendí en 2012 o 2013, si mal no recuerdo, en su viaje de regreso Washington-Santiago (...). Me pidió que le hiciera un programa para pasar por México, particularmente ir a Cancún, en donde permaneció una semana en un resort todo incluido. Con cargo a los fondos que pagó el Ejército por ese viaje, se pagaron los pasajes de él y su señora".

Oviedo, en su declaración ante la jueza, indicó que "mis viajes antes y durante mi mandato como comandante en jefe del Ejército fueron de acuerdo a la normativa existente y nunca contradije las instrucciones de la Sección Pasajes y Fletes (...). Yo creía que, dado que nunca la agencia me hizo un reparo, debía estar de acuerdo a la norma".

Sobre los viajes que realizó Fuente-Alba, el exsecretario general del Ejército, general (R) Alberto González Martin, testificó el 23 de mayo pasado que "si bien en la declaración que presté ante la PDI señalé, en cuanto a mi viaje a Miami con el excomandante en jefe, general Fuente-Alba, que en dicha ocasión él se iba a reunir a trabajar con el agregado militar de Chile en Estados Unidos, la verdad es que esto a mí no me consta que haya sucedido y lo cierto es (...) que el motivo de nuestra estadía en Miami fue para descansar. En el caso de que el general Fuente-Alba quisiera ir a otro lugar distinto del programado en la planificación de un viaje en comisión de servicio, él simplemente disponía este cambio".

En tanto, el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, señaló en entrevista a El Mercurio de este domingo que cuando estalló el caso, a mediados de octubre pasado, "teníamos cartillas, reglamentos de hace más de 40 años. Lo que tuvimos fue un informe interno de una organización del Ejército que establecía que era un derecho (informe firmado por el general Villagra)".

Agregó que "lo que sí puedo decir es que si la gente viajó bajo las circunstancias que estamos diciendo, siguiendo las instrucciones de Pasajes y Fletes, a nuestro juicio no tienen responsabilidad".

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