Plan que otorga defensa legal a niños vulnerados tendrá cobertura nacional en 2020

A fines del año pasado nació J.L. Apenas llegó a este mundo, el personal del hospital, ubicado en la Región Metropolitana, manifestó su preocupación por el entorno que lo rodeaba. Su madre vivía en situación de calle y padecía consumo problemático de drogas. Se desconocía la identidad del padre. Y para colmo, su abuela estaba igual que su madre, con adicción a las drogas durante un largo tiempo y sin tratamiento. El diagnóstico fue claro y obvio. La familia directa del niño, de la comuna de Cerro Navia, vivía en un contexto de alta vulnerabilidad. Este panorama obligó a la internación de J.L. en el Sistema Residencial de Lactantes del Servicio Nacional de Menores (Sename).

A sus tres meses, el niño ingresó al programa "Mi Abogado", del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objetivo es entregar representación jurídica a menores bajo protección por ser vulnerados en sus derechos. La situación del niño fue revisada por un grupo multidisciplinario de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), institución a cargo de materializar el plan. A partir de allí, el equipo, compuesto por abogado, trabajador social y psicólogo, inició el análisis del caso. A los pocos días se advirtió que la bisabuela del niño (59) estaba en condición y disposición de tomar su tuición.

"El programa no es solo un abogado que se presenta a juicio, hay detrás un seguimiento y una mirada social para dar la mejor respuesta", señaló Marcela Gaete, coordinadora de "Mi Abogado" en la Región Metropolitana.

Tras meses de seguimiento a sus condiciones y comportamientos, además de impulsarla a hacerse parte de las redes comunales, se solicitó al Tribunal de Familia que decidiera la salida del niño de la residencia luego de permanecer allí 10 meses, y se entregara al cuidado de la mujer. El juez aceptó.

"El programa pretende dar respuesta a las internaciones prolongadas. Es muy fácil dejar al niño en la residencia y no hacer el trabajo de buscar la revinculación con su familia ni impulsar la susceptibilidad de adopción", indicó Verónica Pincheira, coordinadora nacional del programa.

La iniciativa viene a dar respuesta a una carencia en la institucionalidad chilena. Incluso, el informe del Comité de la Niñez de la ONU, el cual aseguró que en Chile se violaban los derechos humanos de los niños vulnerables, recomendó se cree un servicio de protección que supervise y represente a la infancia vulnerable.

El fortalecimiento del plan incluso fue uno de los 94 puntos consensuados en el Acuerdo Nacional por la Infancia. "La iniciativa cuenta con un gran apoyo transversal y es prioridad para el ministerio. Así que hemos decidido hacer todos los esfuerzos por expandirlo", señaló Juan José Ossa, subsecretario de Justicia.

"Mi Abogado" partió a fines de 2017, bajo el gobierno de Bachelet, como un plan piloto en cuatro regiones: Tarapacá, Valparaíso, Biobío y Metropolitana. A poco andar, fue ratificado y ampliado por la administración Piñera. En un inicio consideraba dar atención a niños de entre cero y seis años. Hoy se extiende a todo menor de 18. En 2017 se atendieron cerca de 800 niños, y para 2018 se esperan 1.930.

El gobierno anunció el aumento en la cobertura para 2019 a las regiones de Arica y Parinacota, Maule, Los Ríos, Aysén y Magallanes. En 2020 será una política nacional, con al menos cuatro veces su presupuesto actual, de $ 3.700 millones.