En 2007, el Poder Judicial y el Registro Civil suscribieron un convenio de colaboración orientado a materializar la actualización permanente del Registro Especial de Condenados por Delitos de Connotación Sexual contra menores de edad. No obstante, dicha actualización todavía no está al día.

Recién para este mes se espera que se oficialice el citado convenio. El propio presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, reconoció a través de un oficio dirigido a los diputados Marcela Sabat y José Miguel Castro (ambos RN), que no existe una plataforma tecnológica conjunta entre ambos organismos que permitan concretar la actualización del registro.

En este sentido, desde el máximo tribunal se han abierto cinco auditorías para contrastar la información entre las aplicaciones tecnológicas de las dos instituciones.

"Hoy nos damos cuenta de que no están conversando, y que los jueces tienen la obligación de remitir, como pena accesoria, la prohibición a los pedófilos de trabajar con niños, pero no hay ninguna sanción si no cumplen esto", indicó Castro.

Sabat, en tanto, lamentó que sea "tan tardía" la oficialización del convenio entre ambas instituciones.

"La firma nos da la garantía de que estos errores no vuelvan a repetirse, porque está en peligro la integridad de nuestros niños. La falta de diálogo debiera terminar con la firma de este convenio", aseveró.