Salida extrajudicial: Fisco pagó $ 1.865 millones por daños a pacientes de hospitales en 2019

La idea es acercar a las partes, sentarlas a dialogar y lograr un acuerdo de mutua conveniencia. A veces basta una disculpa. En otros casos, explicaciones del equipo médico y una compensación económica, fuera de tribunales. Y así, las mediaciones por daños en salud se han incrementado sostenidamente, como una alternativa más inmediata a la reparación que buscan las personas que han sufrido daños al ser atendidos en los centros públicos de salud.

Así lo revelan las cifras de 2019 del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo encargado de realizar las mediaciones por los eventos ocurridos en hospitales, postas y consultorios.

Según el balance, el año pasado se admitieron 1.623 casos a trámite, de los cuales en 288 se logró acuerdo. De estos, 142 procesos obtuvieron indemnizaciones, que superaron en conjunto los $ 1.865 millones y que por persona promediaron $ 13 millones (ver infografía).

La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, explica que la mediación procede cuando un paciente o sus familiares reclaman un daño causado "con motivo de una mala atención de salud o como consecuencia de la falta de ella (...), sea con motivo de infraestructura insuficiente o por actuación negligente o mal intencionada de algunos de sus funcionarios". De ser admitida, la Unidad de Mediación del CDE pone a disposición un mediador, "quien tiene el rol de conducir las conversaciones, establecer las reglas de funcionamiento de las audiencias y de colaborar para que cada una de las partes exponga sus puntos de vista, buscando alternativas de solución", dice Manaud, quien agrega que el procedimiento -gratuito, confidencial y voluntario- se desarrolla en un plazo de 60 días, prorrogables hasta 120 días.

Cursar el proceso de mediación es obligatorio para poder, quienes no lleguen a acuerdo, demandar judicialmente la indemnización de perjuicios. "En cambio, si se logra llegar a acuerdo, el acta debe contener una cláusula amplia de renuncia a las acciones judiciales, constituyendo dicho acuerdo un contrato de transacción", agrega Manaud.

De acuerdo a las cifras del CDE, los acuerdos indemnizatorios han tenido un fuerte crecimiento, pasando de 56, en 2010, a 142 el año pasado, triplicándose además los montos asociados, que aumentaron de $ 534 millones a $ 1.865 millones.

Para precisar las causas de esta alza, el CDE ejecutó una consultoría externa, que revisará los procedimientos y sus resultados.

En tanto, el exsuperintendente de Salud Sebastián Pavlovic plantea que "existe una creciente judicialización del evento médico adverso y la mediación en salud vino, en algún sentido, a contenerla, pues cada vez hay más prestaciones y procedimientos y, a la par, las personas están más empoderadas e informadas respecto de sus derechos". El académico de la U. Finis Terrae añade que, de todos modos, se trata de un proceso complejo: "Para las víctimas, el sufrir daño durante una atención puede ser trágico, pero también, para un profesional que se ha formado para sanar y restablecer la salud, también es muy doloroso. Ningún médico o profesional quiere verse involucrado en un evento adverso".

El año pasado, además, 144 mediaciones alcanzaron acuerdos que no implicaron el pago de dinero y se resolvieron con disculpas, explicaciones y prestaciones adicionales. "En la mediación se da mucha importancia a que las personas sean escuchadas, porque la mayoría no persigue un fin de lucro, sino una explicación, entender que pasó y muchos quedan conformes", dice la abogada especialista en salud Ana María Rivera -quien hasta 2012 se desempeñó como mediadora en el CDE-, añadiendo que quienes rechazan el proceso y llegan a tribunales "pueden obtener cifras de dinero muy superiores, pero eso implica esperar cuatro o cinco años, incluso más, en un duelo que se mantiene mientras no se cierre ese proceso".

Rivera, además, llamó a revisar los topes indemnizatorios que, por ley, están fijados para las mediaciones y que establecen 3.500 UF en caso de muerte, 2.000 ante invalidez parcial y 1.000 UF para daños temporales. "Si esos máximos fueran ampliados, probablemente habría más acuerdos y menos judicialización de estos casos, que implican, para ambas partes, invertir tiempo y dinero".