Impacto profundo tuvo en el Ministerio Público el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto a ProCultura. Y es que a pesar de que el efecto inmediato de la determinación -que dio por acogido un recurso de amparo de la siquiatra Josefina Huneeus- fue que la interceptación de su teléfono se declaró ilegal y se ordenó la eliminación de las escuchas, la resolución trajo aparejadas otras consecuencias que impactaron directamente en el curso de la indagatoria.

Sin ir más lejos, a solo cuatro horas de que el tribunal de alzada comunicara su veredicto, desde la Fiscalía Nacional informaron la remoción del fiscal que hasta ese momento había liderado la indagatoria e instruido las cuestionadas medidas intrusivas: Patricio Cooper.

Y a pesar de la que la decisión desencadenó una ola de cuestionamientos, sobre todo de voces de oposición, fuentes al interior del Ministerio Público insisten en que se trata de una decisión acertada. Aseguran que correspondía que la causa fuera reasignada, por cuanto la permanencia de Cooper a la cabeza de la misma -dicen las mismas fuentes- podría haber generado un daño mayor a la investigación.

Pero más allá de las evaluaciones, lo cierto es que una vez formalizada la decisión de Valencia, comenzaron a correr una serie de plazos que mantienen al fiscal regional de Coquimbo en el centro de la expectación.

Hasta mañana martes el persecutor podrá entregar el informe solicitado por el fiscal nacional, donde tendrá que abordar con precisión todos los puntos observados por los ministros de la Corte de Antofagasta en su aludida resolución.

Con esos antecedentes, manifiestan conocedores de este tipo de procesos, el fiscal nacional podría determinar la apertura de un sumario para recabar mayores detalles sobre las diligencias instruidas. Por ahora, eso sí, no es una decisión que esté tomada, pues Valencia está a la espera de conocer el informe del persecutor para definir los pasos a seguir.

Por el momento, de todas maneras, no está en análisis ni en evaluación el que Cooper se mantenga a la cabeza de otras causas que le han sido asignadas, como la referente a Sierra Bella, la fallida compra de la casa de Allende o la causa sobre Karol Cariola.

¿Apelación?

El hombre elegido por el fiscal nacional para continuar con la investigación del caso ProCultura fue el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien ya tenía en su poder distintas aristas del denominado caso Convenios, entre ellas la referente a Democracia Viva.

De hecho, fue en esa misma región y en medio de las pesquisas llevadas por el fiscal Cristián Aguilar, integrante del equipo de Castro Bekios, que se realizaron las primeras diligencias relacionadas con la ONG liderada por Alberto Larraín. Fue por instrucción de dichos persecutores, por ejemplo, que se realizaron los primeros requerimientos de información a distintas reparticiones y que se solicitaron las primeras órdenes de entrada y registro.

Ahora, con la causa de regreso en sus manos, el fiscal regional deberá determinar si apelan o no a lo resuelto por la Corte el pasado viernes.

Y aunque está dentro de sus facultades recurrir ante la Suprema, fuentes cercanas a la indagatoria sostienen que lo más probable es que no lo haga. Esto, según comentan, porque no puede arriesgarse a que el máximo tribunal confirme un fallo de las características del emitido por el tribunal de alzada. Menos cuando recién toma nuevamente la indagatoria.

Quienes han anunciado que pretenden apelar son los personeros de la UDI, quienes en el pasado se querellaron en esta causa a través del abogado Pablo Toloza. Eso sí, hay dudas de que tengan facultades para ello.

Como indicó el abogado de Josefina Huneeus, Alejandro Awad, no estarían habilitados. “No tienen derecho a eso. Me parece improcedente. No participaron de los alegatos de primera instancia y es muy dudoso que puedan apelar a un fallo de un debate del que no participaron. (...) No debieran tener esa oportunidad”, afirmó en entrevista con T13 Radio.

Expectativas

Frente al cambio de persecutor, el abogado Sergio Rodríguez, querellante en representación de parlamentarios del Partido Republicano, lamentó la decisión y la tildó de una medida desproporcionada.

“Me parece que es una sobrerreacción a una decisión jurisdiccional. La litigación y el control sobre los actos de los intervinientes es parte del día a día y no tiene justificación que ello implique el cambio de fiscal. Es muy extraño”, comentó el penalista.

Eso sí, Rodríguez vio con buenos ojos que la causa quedara en manos del persecutor Castro Bekios: “La Fiscalia Regional de Antofagasta se ha caracterizado -al menos en el caso de Democracia Viva- por tener una interpretación de los hechos pro delito, incluso con mucha mayor intensidad que el fiscal Cooper en sus investigaciones. La defensa hoy celebra, pero puede ser un triunfo pírrico. No nos molesta como querellantes que se reasigne a dicha fiscalía, tenemos plena confianza que hay múltiples delitos y ya Juan Castro Bekios demostró que no teme perseguir a los políticos”.

Voces más críticas, eso sí, indican que el perfil del fiscal regional de Antofagasta para este tipo de investigación podría no ser el mejor, dado que su especialidad estaría más bien ligada a causas de crimen organizado.

Pese a ello, transversalmente se ha valorado el actuar del persecutor en torno al caso Fundaciones y varios han reflotado la mirada que él ha expresado sobre estas indagatorias.

“Es importante destacar que si vemos en general el caso Convenios, sobre todo nosotros que tenemos varias de sus aristas, hay que verlo como un fenómeno criminal y no como muchos casos aislados. Es un fenómeno de corrupción y es por eso que tiene patrones; no son casos aislados ni coincidencias”, dijo en abril de 2024 el persecutor a La Tercera.