Tres fiscales de Alta Complejidad investigarán el caso tragamonedas

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Foto: Archivo

Indagan posible cohecho como delito base de lavado de activos, en relación a nexos del gremio de operadores de máquinas de juegos con organismos públicos.




El número de diligencias, las distintas aristas y la complejidad que presenta el caso, llevaron a la Fiscalía Oriente a tomar una decisión clave que marcará el futuro de la indagatoria que apunta a los salones de tragamonedas. Ya no será solo un persecutor el que se encargará de la investigación, sino que serán los tres fiscales de la Unidad de Alta Complejidad quienes abarcarán el caso. Se trata de los abogados Felipe Sepúlveda -jefe de esta repartición-, Constanza Encina y Carlos Ramírez.

Hasta el 28 de septiembre, la causa era tramitada por el fiscal especialista en delitos económicos Roberto Contreras. Ese día, el jefe regional Oriente, Manuel Guerra, decidió removerlo y trasladó la investigación a Alta Complejidad. La decisión no fue bien recibida por Contreras, quien pidió una reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para saber si su salida de la causa se debía o no a una postura institucional.

Según quienes conocieron el tenor de la reunión entre Contreras y Guerra, este último le dijo que ya no seguiría como fiscal del caso debido a que se requería una alta carga de tramitación.

En específico, el Ministerio Público investiga un posible cohecho, como delito base de un presunto lavado de activos. Esto, en relación a un supuesto vínculo de la asociación gremial de operadores de máquinas de juegos -Fiden- con organismos públicos, que incluye a personas ligadas a la política.

En ese contexto, la fiscalía ha realizado medidas intrusivas como, por ejemplo, interceptaciones telefónicas a dirigentes del gremio durante cuatro meses. En las grabaciones se han nombrado a, al menos, cinco personas vinculadas al mundo político.

También, a fines de agosto, fueron allanados 17 inmuebles, entre ellos, el del exalcalde Pablo Zalaquett; del excandidato a diputado Nelson Hadad; del exsuperintendente de casinos, Francisco Leiva; y del operador DC, Carlos Tudela.

A esto se suman otros requerimientos de información a 20 municipalidades del país que tienen máquinas tragamonedas en sus comunas. Los antecedentes están siendo analizados por detectives de tres brigadas de la PDI: Lavado de Activos, Delitos Económicos y Cibercrimen. Se buscar establecer la ruta que llevó a cada uno de esos municipios a entregar las patentes para instalar las máquinas de juegos.

Además, ya han declarado varias personas en la causa, entre ellos hay tres testigos protegidos que fueron parte del gremio. A ellos se suma el testimonio como testigo del senador RN Manuel José Ossandón, luego de señalar a La Tercera que en 2014 un supuesto dirigente de los dueños de máquinas de juego le ofreció recursos para financiar su campaña política.

Mario Vargas, abogado del dirigente de la Fiden, Alberto Hadad, dijo que "sin conocer los motivos del cambio, puedo señalar que conozco como trabajan los tres fiscales nombrados, son fiscales con experiencia y gran capacidad. Como defensa sabemos que más allá del fiscal que investigue esta causa, podremos acreditar la inocencia de mis representados".

En tanto, Juan Carlos Manríquez, abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, señaló que "todo indica que tiene que ver con una combinación de distintos tipos de factores: experiencia, energía, medios físicos de respaldo para una investigación compleja e intensa, y de materias tan especializadas como son aquellas que están involucradas".

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