A través de una carta, 31 mujeres, entre ellas viudas y madres de mártires de Carabineros, emplazaron al Senado a despachar esta semana el proyecto de ley “Naín-Retamal”, moción que busca aumentar las penas a quienes cometan delitos en contra de funcionarios policiales y de Gendarmería.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional, tras ser aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado miércoles.

La bancada de diputados de Renovación Nacional difundió la misiva, donde las viudas de los mártires se refieren precisamente a la tramitación del proyecto en la Cámara Baja, asegurando que concurrieron al hemiciclo “con esperanza” y fueron testigos de cómo se “sorteaba con éxito su primer trámite constitucional y avanzaba al Senado con la promesa de dar una pronta y rápida tramitación a la iniciativa”.

No obstante, señalan que “las promesas que permitían albergar esperanzas respecto del pronto despacho de este proyecto se transformaron en inquietud y angustia, al enterarnos por los medios de comunicación que el gobierno, y particularmente los senadores de Apruebo Dignidad, buscaban retrasar su trámite y permitir que el Ejecutivo alcanzara acuerdos conducentes a socavar el estatuto de protección a la función policial creado en la Cámara de Diputados”.

A raíz de ello, es que las mujeres apelan “a la palabra empeñada por el Senado y particularmente por el Presidente de la misma, cuya Corporación dio un trámite expedito a todas las iniciativas gubernamentales, con explícita exclusión de aquella que verdaderamente puede ayudar en la lucha contra la delincuencia y que, en lo que respecta a nosotros, permite dar sentido a la partida de nuestros seres queridos”.

En esa línea, los familiares de los funcionarios emplazaron al Senado “a despachar esta semana el proyecto de ley ‘Naín-Retamal’”, solicitando resistir “cualquier intento de arribar a acuerdos que, más que gesto republicano, constituyen un retroceso en la importante conquista lograda en la Cámara de Diputados”.

“Las policías, nuestra primera línea en la lucha contra la delincuencia, y no aquella que alababan quienes hoy se oponen al avance del proyecto, merece este reconocimiento, y más importante aún, conocer con certeza las consecuencias jurídicas y administrativas de usar su arma de servicio en defensa propia o de sus compatriotas”, indican en la misiva.