La demora del gobierno en designar al reemplazante del abogado civilista Alvaro Quintanilla en el Consejo de Defensa del Estado ha provocado una serie de interrogantes al interior del organismo.

Quintanilla jubiló en diciembre de 2014 y su cargo ha estado vacante, pese a que este nombramiento es de exclusiva responsabilidad de la Presidencia de la República y no requiere ratificación del Senado.

Tanto en La Moneda como en el CDE se ha especulado con la posibilidad de que Bachelet opte por postergar el nombramiento hasta inicios de 2017, cuando le corresponda, además, designar al próximo presidente del organismo.

Y de ser así, plantea Reportajes de La Tercera, el nombre que suena con más fuerza es el de la abogada Ana Lya Uriarte, actual jefa de gabinete de Bachelet.