Se viene un duro 2016 para la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en causas vinculadas a delitos económicos. Casos como Cascadas, fusión de las AFP Cuprum y Argentum, Juan Bilbao y una denuncia por fraude contra SQM, han llenado la agenda del fiscal regional, Andrés Montes. Pero el persecutor ya ha avanzado en detallar la agenda de trabajo de su grupo de colaboradores para los próximos meses.

En paralelo, también ha debido participar activamente en el debate legislativo en torno al proyecto de ley que pena con cárcel el delito de colusión. Subrogó al fiscal nacional, Jorge Abbott, en su ausencia por motivos médicos, y durante ese período hizo saber a los parlamentarios que el rol de coordinación entre el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es clave si se quiere volver a penalizar las faltas a la libre competencia.

Ese debate seguirá en el Congreso en los próximos días. Y las causas económicas que lleva Montes y su grupo de fiscales también. “Tenemos varios casos que tienen fuerte incidencia en temas económicos”, dice el fiscal. “Estamos organizando y planificando el trabajo del año para lograr buenos resultados”, agrega.

¿Afecta la presión mediática de querer ver en la cárcel a quienes infringen leyes económicas?

Nosotros no trabajamos para la opinión pública, trabajamos por el estado de Derecho. Eso es muy distinto. Lo que nos corresponde a nosotros es dirigir las investigaciones en aquellos casos donde hay delitos y una vez comprobado el delito, ejercer las acciones respectivas con el objeto de lograr una sentencia de parte de un tribunal. Ese es el marco de nuestro trabajo.

¿Cómo evalúan el juicio abreviado al que se llegó en el caso La Polar, una investigación de varios años donde no hubo cárcel?

Lo que se hizo fue establecer una sentencia condenatoria de acuerdo a las normas que establece nuestro ordenamiento jurídico, según las penas que contemplan los delitos por los cuales se acusó y, además, con una forma de cumplimiento que está prevista en la ley. Se logró lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, no es una cosa distinta.

¿En qué va el caso Cascadas?

Seguimos trabajando, ejecutando las diligencias pedidas por las partes y hay agendamiento de declaraciones hasta fines de abril.

¿Cuántas personas van a ir?

Cerca de 45 personas que están en distintas situaciones, más toda una serie de diligencias que siguen en pie.

¿Por eso van a pedir una extensión de plazo la otra semana?

Sí. Necesitamos más plazo para cumplir todas esas diligencias.

¿Hay antecedentes clave que no estaban en la etapa anterior de indagatorias?

Por cierto. Durante la investigación se han ido dando distintas diligencias y eso se incorpora a la investigación y forma parte de los elementos que tenemos que evaluar a la hora de tomar una decisión.

Rol SII y Libre Competencia

El fiscal nacional ha dicho que la no presentación de una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) les impide trabajar en algunos casos. ¿Comparte esa apreciación?

Muchos casos se han iniciado por querellas del SII, luego de investigaciones que ellos han realizado. En otros casos, nosotros les mandamos a ellos los antecedentes para que los estudien y presenten querellas. Esa es la dinámica de las competencias de ambas instituciones y así ha funcionado, y probablemente va a seguir funcionando.

¿Pero ha habido falta de acción o lentitud?

Por lo menos, hasta ahora, no. En algunos casos ha habido una demora mayor en el estudio de los antecedentes, pero hasta el momento no ha habido dificultad en términos generales.

En el tema de penalización para la colusión y que puedan sólo investigar al final de un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), ¿no les complica la tardanza en la recopilación de pruebas del tipo penal?

Justamente, lo que se está analizando es cómo se compatibiliza el sistema de libre competencia con el sistema de persecución penal, con el objeto de obtener el mejor resultado en ambos casos. Y eso es lo que está analizando la comisión.

Pero para ustedes pasar 3 o 4 años sin poder investigar, ¿no altera su trabajo?

Se están buscando los resguardos para evitar que eso signifique un problema en el ámbito penal.