Argentina recurrirá a la Corte Internacional de La Haya ante la "decisión unilateral" de Uruguay, que hoy anunció la autorización para que la papelera UPM incremente su producción.

El presidente uruguayo, José Mujica, autorizó a la papelera (ex Botnia) a aumentar su producción en 100.000 toneladas, pese a la resistencia argentina.

La autorización de carácter "provisorio y revocable" representa la mitad de lo solicitado por la empresa porque "se está exigiendo la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos lleguen al río a una temperatura abajo de los 30 grados", explicó el mandatario.

"Nos quedamos sin margen para negociar. Me duele mucho, esto puede crear tensiones y malentendidos, pero nadie va a separar de mi corazón el sentimiento hacia el pueblo argentino", dijo Mujica.

La reacción argentina llegó de inmediato por intermedio de su canciller, Héctor Timerman, que informó que el gobierno de Cristina Fernández decidió volver a recurrir a La Haya.

El funcionario explicó en conferencia de prensa en Buenos Aires que la determinación uruguaya "afecta la soberanía ambiental de la Argentina, viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia del Tribunal de La Haya". 

"La decisión unilateral de Uruguay deja a nuestro país en la obligación jurídica de recurrir a la Corte de La Haya", afirmó.

Por su parte, Mujica sostuvo que "desde el punto de vista jurídico Uruguay está procediendo de forma correcta y lo que está haciendo no merece ninguna objeción" ya que, en su opinión, se cumplieron con todas las etapas correspondientes en lo relativo a informar a Argentina.

Horas antes del anuncio de Mujica, el secretario de Ambiente de Argentina, Juan José Mussi, había advertido que "no va a quedar otra alternativa" que recurrir nuevamente a la Corte Internacional de La Haya si se concretaba la autorización que llegó horas después.

Mussi admitió que no tiene información sobre si la actividad de la papelera "contamina o no" el río Uruguay y recordó que los "datos técnicos" del monitoreo ambiental realizado están en manos de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARU).

En 2010, Argentina y Uruguay llevaron el diferendo por la posible contaminación ambiental de la pastera ubicada en la ciudad de Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, frente a Gualeguaychú, a la Corte Internacional.

Fernández y Mujica se reunieron el pasado lunes en Buenos Aires, con el conflicto de la papelera como telón de fondo.

Ambos países administran en forma conjunta el río Uruguay que es límite natural y existen tratados binacionales que obligan al cumplimiento de determinados trámites para obras que puedan afectar a uno u otro. 

Durante el gobierno anterior de Tabaré Vázquez (2005-2010) las diferencias con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner por este tema enfriaron las relaciones y el caso debió dilucidarse en la Corte Internacional de La Haya.

La semana pasada la Cancillería argentina había advertido que el límite de producción que utilizó la Corte Internacional de Justicia para analizar la controversia fue de un millón de toneladas anuales y que "todo cambio que se realice en Botnia-UPM altera la sentencia de dicho tribunal".

Asambleistas de Gualeguaychú, ciudad argentina frente a las instalaciones de UPM, advirtieron que volverían a tomar medidas en caso que Uruguay autorizara el aumento de la producción de la pastera porque creen que afectará aún más el ambiente.

La polémica planta de celulosa, con el nombre inicial de Botnia y luego adquirida por UPM, empezó a operar en el año 2007 a orillas del río Uruguay y generó protestas, cortes de rutas y del tránsito por el puente internacional que une a los dos países vecinos. Es una de las mayores exportadoras de Uruguay.