El 9 de diciembre de 2002, el entonces Presidente Ricardo Lagos envío al Congreso un proyecto de ley que tenía como fin regular por primera vez las remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la administración pública.

El envío de esta iniciativa se dio en medio de las investigaciones realizadas en esa época por el caso MOP Gate, que llevaron al gobierno a desarrollar una agenda de modernización del Estado que tenía como objetivo poner fin a situaciones irregulares, como los polémicos sobresueldos que se pagaban a algunas autoridades para que sus remuneraciones se acercaran a las del sector privado.

Así, tras la tramitación de  la Ley 19.863 y su posterior modificación a través de Ley 19.882 se creó una nueva figura:la asignación por función crítica.

De acuerdo a la definición entregada en la normativa, este es un beneficio otorgado a todos los funcionarios públicos que desarrollen funciones “que sean relevantes o estratégicas para la gestión del respectivo ministerio o institución, por la responsabilidad que implica su desempeño y por la incidencia en los productos o servicios que estos deben proporcionar”.

De acuerdo al informe de Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2005-2014 redactado por la Dirección de Presupuestos, la entrega de esta asignación ha ido aumentando progresivamente, alcanzando un 97% en el periodo estudiado.

Así, por ejemplo, en el primer año del primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se autorizó un gasto de $12.820 millones para este fin. Al finalizar su período, en 2009, este alcanzó $16.506 millones.

El caso del gobierno de Sebastián Piñera es similar. En 2010, se autorizó un gasto de $17.679 millones y finalizó en 2013 con $22.365 millones, es decir, un aumento de $4.686 millones.

Al analizar ambos periodos, se puede observar que los mayores aumentos anuales de estos fondos se registraron en 2009, donde se creció un 13% respecto al año anterior.

En estas mediciones se contemplan las asignaciones de las 26 reparticiones y entidades que componen el gobierno central, incluidos ministerios, el Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría y el Ministerio Público.

De acuerdo al informe, durante el primer año del segundo mandato de Bachelet, es decir, 2014, la autorización de asignaciones por funciones críticas alcanzó $24.023 millones.

Al realizar un desglose se puede observar que el ministerio que en 2014  tuvo la mayor cantidad de fondos para asignaciones por funciones críticas fue la cartera de Salud con $ 3.142 millones. Le sigue el ministerio de Hacienda, con $2.985  e Interior y Trabajo con $1.836 millones y $1.832 millones respectivamente.

Al analizar específicamente los ministerios con mayores recursos en esta materia, se puede observar que en Salud, se registra un aumento de un 47%, pasando de $2.134 millones en 2006 a $3.142 millones en 2014. Así, mientras que durante los cuatro años del primer gobierno de Bachelet hubo un aumento de casi 11%, en la administración Piñera ésta alcanzó un 20%.

En el caso del ministerio de Hacienda, entre 2013 y 2014 se registra un aumento significativo. Y es que mientras durante el último año del gobierno de Sebastián Piñera, los fondos autorizados para las funciones críticas eran de $1.965 millones, en 2014 este aumentó a $2.985 millones, lo que representa un 51% de aumento en un período de un año.b

¿Quiénes reciben este beneficio?

De acuerdo a la Ley 19.882, quienes pueden acceder a este beneficio son aquellos funcionarios de planta y contrata que sean directivos, profesionales y fiscalizadores que cumplan funciones importantes para la gestión del ministerio o servicio en que se desempeñan.

Para definir los montos otorgados por esta asignación, se toman en cuenta los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones. Además, se analizan otros casos de funciones similares en el sector privado.

Al revisar la información publicada en las plataformas de transparencia de los distintos ministerios se puede observar que este beneficio es recibido por jefes de gabinete de ministros y subsecretarios, jefes de división, jefes de departamento y asesores directos de los secretarios de Estado, entre otros.

De acuerdo a la ley, el total del monto asignado a cada funcionario no  puede ser superior al 100% de la suma de sus sueldos brutos en un año. Además, esta asignación tiene un carácter permanente en la renta bruta mensual de los beneficiarios.

La ley establece además que para recibir este beneficio los funcionarios deben tener dedicación exclusiva en sus respectivas tareas y no ser receptores de otras asignaciones como las de Alta Dirección Pública  y Dirección Superior.