La vida de las familias de campamentos es una problemática que el presidente ejecutivo de la Fundación América Solidaria, Benito Baranda, conoce de cerca. En el marco de su labor social, y especialmente mientras fue director social del Hogar de Cristo, ha influido en el diagnóstico y visibilización de la vulnerabilidad de quienes viven en estos asentamientos irregulares.

¿Cuáles cree son los principales factores para que la cantidad de familias aumente?

Hay factores de carácter laboral, que tienen que ver con los bajos salarios de las personas, que no les permiten acceder a una vivienda, o que les obliga a vivir a lugares muy alejados de sus trabajos, por lo que optan por quedarse en el territorio. Si consideramos que la última encuesta de ingresos demuestra que la mitad de las personas que trabaja tiene ingresos inferiores a $ 540 mil, es poco viable que esas familias se vayan a vivir a lugares apartados sólo para salir de los campamentos, porque el costo  del traslado a es muy significativo. Pero no son los únicos.

¿Esos otros factores tienen que ver con la política habitacional ?

Hay temas muy complejos en la política habitacional. Los más graves se pueden visibilizar muy bien  en el caso de Antofagasta. Allí se cruzan los altos costos del suelo y la ausencia de terrenos disponibles, lo que hace que los proyectos habitacionales sean extremadamente escasos  para las personas de menores ingresos. Por eso, uno ve desde 2008 una disminución considerable de este tipo de proyectos, ya que no hay una adaptabilidad de la política habitacional a los valores del suelo. Así vemos que en Antofagasta, independiente de la alta presencia de migrantes en campamentos, la gran parte de los pobladores trabaja, pero el costo de la vivienda hace imposible el acceso a una casa propia.

¿Entonces el fenómeno va más allá de la pobreza material?

La pobreza del campamento de hoy es distinta a la de hace 20 años. Antes eran de mucha precariedad, pero hoy sus habitantes, en su mayoría, trabajan, tienen ingresos, mejor alimentación y vestimenta. Entonces, el problema no es de pobreza, es de acceso a la vivienda, porque el valor de ésta hace imposible que puedan optar a una.

¿Qué se puede hacer al respecto?

El crecimiento económico va a encarecer la vida en los territorios, pero hay iniciativas como los proyectos inmobiliarios que obligan a la inclusión, con cuotas de viviendas sociales, que ayudan a solucionar en parte la problemática.

¿Cree que estos subsidios para proyectos inmobiliarios que generen cuotas de inclusión del Minvu son un aporte?

Si no lo hacemos, todos vamos a terminar viviendo en un infierno, en ciudades completamente segregadas. Y cuando se segrega a las personas, aumenta la violencia.

¿El Minvu debería incorporar a las nuevas familias que han llegado a campamentos a su catastro?

Creo que todas las personas que viven en campamentos deberían ser contempladas para un acceso a la vivienda y acompañarlas a buscar alternativas con los programas que ya están disponibles, como los subsidios de arriendo.

¿Cómo mejorar este programa?

Se deben hacer pertinentes las políticas habitacionales a las realidades propias de los territorios. Sigo con los ejemplos de Antofagasta, y también Copiapó, donde hay muy poca oferta disponible de suelo. Allí se deberían aplicar políticas ajustadas a las necesidades de las familias. Y en el resto del país, el Registro Social de Hogares debería propender a que estas personas puedan optar a un subsidio habitacional. Con la realidad salarial de Chile, las personas no tienen otra alternativa. Pero también es deseable que no se las lleven a comunas periféricas, porque  el costo de la vida se encarece al asumir el valor de los traslados.