UNA NORMA dictada en 2004 estableció un límite perentorio de cinco años para que las comunas pudiesen ejecutar proyectos declarados de utilidad pública, como calles y plazas, o para que prorrogaran el destino de uso de suelo. Con el tiempo, esta disposición ha generado controversia, ya que por diversas razones, un número importante de municipalidades no ha materializado las obras que estaban contempladas ni tampoco ha solicitado la extensión del plazo para mantener la destinación del terreno. De hecho, según datos del Ministerio de Vivienda (Minvu), de las 233 comunas del país que cuentan con plan regulador, sólo ocho ampliaron las declaratorias y casi ninguna ha ejecutado los trabajos.

Ante la falta de iniciativa de los municipios, algunos privados comenzaron a comprar terrenos que tenían uso de suelo público para desarrollar allí proyectos habitacionales o comerciales. Ello obligaría a que, si se pretende ejecutar los proyectos, los municipios deban expropiar, lo que aumentaría el costo de los mismos de manera exponencial. Para intentar revertir esta situación, el Minvu enviará al Congreso un proyecto de ley para que la declaratoria de utilidad pública de los terrenos se extienda de manera indefinida.

No parece ser ésta, sin embargo, la solución idónea para resolver el problema. Si bien la ausencia de recursos es una razón que puede explicar por qué los municipios no realizaron los proyectos a tiempo, ésta no justifica la falta de iniciativa para invocar las prórrogas establecidas en la ley. Todo indica que ha habido una aguda ineficiencia que ahora busca ser subsanada con un proyecto que la consagra de manera definitiva. En lugar de ello, debería estudiarse la posibilidad de una ampliación del plazo por un período acotado y hacer que los municipios definan a la brevedad qué obras en concreto pretenden iniciar  y si son viables.