Cárceles concesionadas cumplen 10 años y no existe plan para extender el modelo

Proyecto inicial contemplaba construir 10 recintos con esta fórmula, pero se terminaron ocho y quedaron dos pendientes.

El 22 de noviembre de 2005, el ex Presidente Ricardo Lagos se trasladó junto a sus ministros de Justicia, Luis Bates, y Obras Públicas, Jaime Estévez, hasta Rancagua. La razón del viaje fue la inauguración de un hito en materia de asociación público-privada: la primera cárcel concesionada del país. Hasta ese entonces, en Chile sólo se habían construido carreteras con este modelo. 

La promesa del gobierno de turno fue edificar 10 centros penitenciarios, a través de una concesión por 20 años, pero sólo se concretó la construcción de ocho (ver infografía), quedando pendiente Santiago II y la cárcel de Talca. El año pasado, la actual administración  anunció la construcción, con recursos fiscales, de tres cárceles nuevas y, por ahora, no hay planes concretos para concesionar.

Al respecto, Miguel Angel Cornejo, encargado de la Unidad de Concesiones del Ministerio de Justicia, dijo que “la concesión depende de varios factores que se evalúan en distintos momentos y bajo diversos enfoques. La concesión es un instrumento, que puede ser factible de utilizar o no”.

A 10 años de este hito, ¿Se lograron los objetivos? “Hay cosas buenas y cosas malas”, comentó Alvaro Millanao, director de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop). “Para la época en que se planteó la idea, significó un salto en cuanto a infraestructura, tanto para albergar a la población penal con mejores condiciones de habitabilidad y distribuidos según tipo de delito, como para los funcionarios”, agregó. 

Un informe elaborado en 2012 por el gremio que agrupa a las empresas concesionarias (Copsa), que comparó a estos centros penales con las cárceles de Valparaíso y Punta Arenas, que son públicas, reveló que el costo por metro cuadrado de los concesionados promedia las 33,6 UF, mientras que en el sistema tradicional llega a 43,30 UF.  

Juan Eduardo Saldivia, presidente de Copsa, sostuvo que el sistema “tiene un modelo de gestión donde el concesionario tiene responsabilidades que se traducen en una mejor prestación de servicios de alimentación, salud, y de rehabilitación a los condenados”.

Pero para Millanao, hay aspectos negativos, sobre todo en el primer grupo de cárceles, donde, según dijo, se usaron en las celdas elementos que servían como armas, lo que deterioró la infraestructura y elevó los costos. “El contrato no contemplaba el arreglo del daño si éste era ocasionado por un tercero (reo). El daño sólo se resuelve parcialmente por la habilidad que tenga la administración (Gendarmería) que está en el complejo”, comentó el dirigente. 

Reincidencia

En cuanto a la oferta de actividades para fomentar la reinserción social y, por ende, bajar los niveles de reincidencia de los presos, el nuevo sistema contempla áreas industriales para capacitación y trabajo. 

Sin embargo, un estudio realizado por Paz Ciudadana y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), detalló algunas falencias. “La oferta programática no está basada en la evidencia. En la mayoría de estas cárceles los espacios industrial no estaban funcionando, y la provisión de trabajo se relaciona con la mantención del recinto, de ayudante de cocina, y otros puestos que también se desarrollan en cárceles del Estado. Una cárcel concesionada, pudiendo ser mejor no lo es. Entiendo que las empresas privadas están haciendo sus esfuerzos, pero todavía no es posible ver los resultados”, aseguró Ana María Morales, directora del área de justicia de Paz Ciudadana. 

Al respecto, el coordinador de concesiones de OO.PP. Eduardo Abedrapo, explicó que en el servicio de reinserción social no se “considera la reincidencia, lo cual es lógico contractualmente, toda vez que la sociedad concesionaria pierde todo contacto con los internos una vez que estos egresan”.

Para Miguel Angel Cornejo, “el modelo no establece metas en torno a la reincidencia. La reinserción de los privados de libertad es un proceso sumamente complejo y que excede a los propósitos de utilizar el modelo de concesión”.

En esa línea, el dirigente de la Anop apunta a mejorar y actualizar la cobertura de reinserción. “Tenemos un programa deportivo de fútbol, que está dentro de la oferta del concesionario, pero el módulo donde puedo implementarlo tiene tercera edad, y de los 50 internos que pueden haber sólo hay 10 que están en condiciones de realizar la actividad. Con esos 10 no alcanzo la cobertura para desarrollar el programa y éste se pierde. No puedo reemplazar el fútbol por un partido de voleibol, porque el contrato no lo permite, y no puedo cumplir la cuota con internos de otros módulo porque por seguridad, deben estar segregados”, describió Millanao.

Cifras

Pese a los reparos, el dirigente de Anop coincidió con Copsa en que se necesitan más penales. Esto considerando que en 2013 se densificó el espacio para aumentar la capacidad de las cárceles concesionadas, ya que el Estado debe pagar multas al privado por la sobrepoblación. “Se logró incorporando una litera adicional en celdas individuales y triples. En el caso de Santiago 1, que es sólo para población imputada, se densificó hasta 4.000 plazas”, añadió Cornejo.

Tras la redistribución, los penales concesionados han controlado la capacidad, excepto Antofagasta que tiene un 13% de sobrepoblación y se está proyectando ampliar su capacidad un 20%. En conjunto los tres grupos de cárceles albergando al 33% del total de población penal de Chile, y reciben del Estado un promedio de $ 623 mil al mes para mantener a un interno. El problema del hacinamiento se mantiene en las zonas donde no se han realizado inversiones, como Atacama, Valparaíso y Maule. 

En agosto del año pasado, el entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, anunció una inversión pública por más de $ 200 mil para edificar cuatro cárceles (Calama, Copiapó, Talca y Chillán-Los Angeles), pero lo hizo antes del escenario de restricción presupuestaria que reveló hace pocas semanas el Ministerio de Hacienda.

Balance de Rancagua 

La Cárcel de Rancagua fue la primera concesionada del país, y aunque la ceremonia de inauguración se realizó en noviembre de 2005, no fue hasta el 15 de diciembre de ese año cuando recibió a los primeros reclusos provenientes del antiguo penal, ubicado en el centro de la ciudad desde 1907.

En 2013 se densificó para alcanzar una capacidad de 140% respecto al diseño original, lo que, según informaron desde el Ministerio de Justicia, implicó un aumento del subsidio fijo a la operación que paga el Estado al concesionario, y una compensación por modificación del contrato. Desde julio de 2014 el subsidio fijo de operación pasó de 70.622 UF a 94.595 UF (pago semestral).  Mientras que la compensación significó un monto total de 198.966 UF (IVA incluido) para todo el Grupo 1.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hizo un informe donde destaca la infraestructura, higiene de espacios comunes y periodicidad de la alimentación, pero también informa de celda sin luz natural, precariedad en algunas instalaciones eléctricas y poca sombra en los patios.  

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