El rector Carlos Peña es uno de los que se incluye en la lista de quienes les advirtieron al gobierno que la propuesta elegida para hacer realidad la gratuidad en 2016 era equivocada. Recuerda que horas después de que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara que la nueva política iría en una glosa, publicó una columna titulada Un atajo equivocado, donde advertía que sería declarada inconstitucional.  Con ese antecedente, el abogado analiza las consecuencias que -para la educación superior y el gobierno- genera el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) en contra de la glosa de gratuidad.

¿Qué le parece la resolución del Tribunal Constitucional?

Era predecible. Y justo porque era predecible, resulta sorprendente que el gobierno, luego del fallo, parezca haber quedado sin conducta, atónito. Hubo una reacción inmediata de la Presidenta y los ministros, pero pareció más una confesión emocional acerca de cuán incómodo les resultaba el fallo, que un discernimiento político y práctico acerca de cómo resolver el problema que planteaba.

¿Usted comparte que los criterios de elegibilidad establecían una discriminación arbitraria?

Si se hubiera establecido un sistema de subsidios a la oferta para estimular determinadas características en las instituciones de educación superior -destinando el subsidio a las instituciones que desarrollaran programas de acción afirmativa, por ejemplo-   me parece que no habría habido motivos para el reproche por parte del Tribunal Constitucional. Pero si el gobierno establece un programa de derechos sociales -así fue presentado por la Presidenta- entonces no podía discriminar según el tipo de institución que los alumnos eligieron en el pasado, como lo hizo la glosa ¿Cómo podría usted declarar que algo es un derecho fundamental y acto seguido distribuirlo según las decisiones que las personas hicieron en el pasado? La glosa pues fue mal diseñada puesto que, por una parte, presume establecer un derecho de acceso gratuito y, por la otra, priva a algunos de ese mismo derecho. Como lo hice saber en su momento al propio gobierno, había en la glosa, a mi juicio,  una obvia contradicción entre el propósito declarado de la medida y el medio elegido para ejecutarla.

Pero ¿cómo pudo incurrirse en un error de ese tipo?

Lo que ocurre es que el gobierno no parece tener la capacidad de traducir la inspiración política de su programa (por ejemplo, la idea que la educación es un derecho social) en un conjunto racional de políticas públicas (por ejemplo, una reforma de la educación superior a fin de adecuarla a esa idea). Hay un déficit severo de racionalidad técnica o instrumental en el gobierno. Hay en él la afirmación frecuente de ciertos objetivos (como la gratuidad), pero muy poco discernimiento a la hora de pensar cómo alcanzarlo de manera permanente e imparcial. Esto tiene nada más que dos explicaciones. O hay un empecinamiento de la Presidenta que se impone sobre la cautela racional de los asesores (y ve esto ya no como un desafío político, sino personal, como lo dejó ver en la reacción frente al fallo), o los asesores son ineficientes o incapaces de hacer ver a la Presidenta el verdadero escenario. Es urgente, pues, que el gobierno haga esfuerzos para poner su capacidad técnica a la altura de su habilidad retórica. El prestigio de los equipos gubernamentales y de la Presidenta está en juego: no es posible que un gobierno que hizo de éste el objetivo principal de su programa llegue a la mitad de su período sin lograr diseñar una política que le permita alcanzarlo.

 Tras la eliminación de los criterios de discriminación, hoy todas las instituciones de la educación superior tienen acceso a la gratuidad. Esto obligará al gobierno, en los próximos días, a definir un nuevo filtro ¿Cuál cree usted es el mejor camino para reencausar esta política pública, acogiendo el reparo del TC, pero entendiendo que hay recursos limitados?

Lo que tenemos hoy -luego que los criterios de elegibilidad han desaparecido-  es un monto global que debe distribuirse entre los alumnos de la educación superior pertenecientes a los cinco primeros deciles. Es obvio que el dinero, de esa forma, no alcanzará. El gobierno entonces tiene ante si las siguientes alternativas, todas insatisfactorias: una, es modificar la ley de presupuesto transformando ese dinero en un financiamiento directo a la oferta en base a los criterios hoy admitidos en el derecho vigente; otra disminuir el umbral de gratuidad limitándolo al tercer decil, por ejemplo. Pero, como es obvio, todo eso contribuirá, con toda razón, a nuevas frustraciones de los estudiantes.

¿Acotar el beneficio al Cruch, como usted declaró hace unos días, no cae en una discriminación arbitraria y, por lo mismo, inconstitucional?

Por supuesto, si usted anuncia un programa de gratuidad para los estudiantes y luego, para conceder el beneficio, distingue según estén o no matriculados en instituciones del Cruch, incurriría en una discriminación similar a la que ahora se reprocha: estaría distribuyendo un beneficio que usted dice es el resultado de un derecho, de manera desigual. Pero eso no ocurriría si usted diseña un programa dirigido a fortalecer determinado tipo de instituciones para que sean ellas las que implementen programas de equidad. Mientras usted tiene razones para oponerse a que el estado trate de manera distinta a los individuos que se encuentran en la misma situación, usted no tiene razón para quejarse si el estado, por razones de política, decide promover cierto tipo de instituciones en el sistema de educación superior.

Pero es la idea de derecho social la que parece estar en el centro del programa...

De eso no hay duda; pero si el gobierno quiere que esa idea siga teniendo alguna plausibilidad, es imprescindible que se de a la tarea de pensar qué sistema de educación superior permitiría satisfacerla. Ya está claro que en esta materia no hay atajos.

¿Cómo puede afectar esta resolución a la futura reforma a la educación superior? Esto considerando que el mensaje apunta a que cualquier discriminación entre instituciones tendrá que obedecer a criterios comunes. Es decir, no se podrá diferenciar requisitos entre instituciones.

Para responder cabalmente esa pregunta habría que conocer la reforma y, desgraciadamente, ella sigue en las sombras. Lo que el TC declaró inconstitucional es la distribución de un beneficio a las personas en base a características de las instituciones que escogieron. Pero eso no impide que, por ejemplo, el futuro sistema de educación superior distinga entre universidades estatales, privadas de vocación pública y propiamente privadas; establezca criterios básicos de gobierno; cree una subsecretaría y una superintendencia;  diseñe un sistema de financiamiento a la oferta que distinga entre instituciones, etcétera. El fallo del TC  -recordémoslo- no está referido a una política de reforma a la educación superior, sino a una glosa diseñada para distribuir un beneficio de satisfacción inmediata en una porción de la población. Pero no hay que confundir esa glosa con una política de reforma a la educación superior que aún no se ha dado a conocer.

¿Qué aspectos no pueden quedar fuera del proyecto de reforma que presentará el gobierno?

Los más básicos son los que siguen: a) debe diseñarse un sistema de educación superior que permita articular los sectores (universitario y técnico profesional) que lo compondrán; b) debe crearse una subsecretaría de educación superior encargada de ejecutar las políticas; c) hay que poner en marcha una superintendencia encargada de fiscalizar el cumplimiento de las reglas; d) es necesario establecer reglas de buen gobierno universitario, con directorios personalmente responsables, y la participación al menos deliberativa de estudiantes y profesores; e) es imprescindible diseñar un sistema de aseguramiento de la calidad capaz de verificar las características esperadas del sistema; f) hay que discutir si acaso el sistema de educación superior se gobernará napoleónicamente (desde el centro) o se coordinará mediante subsidios e incentivos que estimulen la competencia; g) hay que diseñar el mecanismo de financiamiento, y decidir si será con rentas generales, impuestos a graduados, créditos contingentes o una mezcla de todo eso,  etcétera. Como es fácil comprender ninguna de esas cosas -de alta complejidad técnica- se resuelven ni con habilidad retórica, ni con simple entusiasmo político. Se requiere un gran esfuerzo de ilustración para encarar este problema.

¿Cree que la ley va a estar lista para 2017? ¿o podríamos tener nuevamente la gratuidad en una glosa?

Todos, incluido el propio gobierno, saben que nada de lo anterior estará completo el año 2016, ni habrá nuevamente glosa, a menos que se quieran arriesgar nuevamente a bochornos. Es necesario, en cambio, un amplio debate en la esfera pública para que así la futura reforma de la educación superior esté a la altura de las expectativas de los ciudadanos.

¿Cuál cree que es el futuro de las instituciones privadas ante los cambios que se han propuesto desde el gobierno?

El sistema de educación superior chileno -vale la pena insistir en esto, una y otra vez- ha sido desde sus orígenes en el siglo XIX un sistema mixto, de instituciones estatales y otras privadas, con predominancia de las primeras. Siempre ha habido en Chile universidades privadas (y en el mundo, desde luego, puesto que ha habido universidades desde antes que existiera el Estado) y ello nunca se opuso a su carácter público. Esto explica, por ejemplo, que no sea del todo correcto llamar privada a la Universidad Católica: la catolicidad (no seré yo quien la defienda) ha sido parte de la esfera pública chilena y sin duda lo seguirá siendo. Deberíamos, pues, esforzarnos por construir un sistema mixto, con instituciones estatales y extraestatales, pero que en su conjunto posean orientación pública.  Y debiéramos estimular a que las universidades privadas surgidas luego de 1981 orienten autónomamente su tarea hacia la esfera pública. Debemos, en suma, recuperar la convicción que las universidades sean estatales o no estatales, misionales o laicas, son ante todo universidades y que estas, cuando lo son de verdad, atesoran bienes públicos.