La ruptura con España anunciada por el parlamento catalán se encuentra lejos de consumarse, pero, a un mes de las  elecciones legislativas españolas, permite al jefe de gobierno Mariano Rajoy  erigirse como garante de la unidad del país.

La resolución, aprobada el lunes por la mayoría independentista, asegura  que el parlamento catalán ya no se somete a las decisiones de las instituciones  españolas y fija un límite de 30 días para empezar los trabajos parlamentarios de creación de una hacienda y seguridad social independientes.

La coalición, que aglutina partidos de derecha a izquierda, ganó las  elecciones pero para investir a su candidato, el actual presidente en funciones  Artur Mas, de ideología liberal, necesita a la izquierda anticapitalista CUP. Ayer, el Parlamento catalán rechazó la reelección de Mas y volverá a votar mañana. En la instancia del jueves sólo necesita mayoría simple.

Pese a la ausencia de consecuencias directas, el gobierno de Mariano Rajoy  respondió con celeridad anunciando un recurso ante el Tribunal Constitucional,  que podría suspender la resolución esta misma semana y emprender sanciones  contra aquellos que no lo acaten.

Incluso, el Ejecutivo español se plantea recurrir a un artículo de la Constitución española que permitiría suspender la autonomía regional y su  ministro de Hacienda amenazó con cortar la financiación a Cataluña, con graves  problemas de liquidez.

Todo ello ocurre a cuarenta días de las elecciones legislativas del 20 de  diciembre, en las que Rajoy, en el poder desde 2011, espera revalidar su  mandato ante la competencia del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y la emergencia de nuevos  partidos como Ciudadanos (centroderecha) y los antiliberales de Podemos.

Cataluña marcará parte del debate de estos comicios y Rajoy, tras conseguir  forjar un frente antisecesión con socialistas y Ciudadanos, trata de erigirse  como principal garante de la unidad del país.