En juicio abreviado realizado en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, tres ex funcionarios del Hospital San Pablo de dicha ciudad fueron declarados culpables de fraude al fisco por la obtención fraudulenta de al menos $ 77.450.825.

Los imputados, Claudio Ramírez Araya, Marissa Castillo Vega y Francisco Javier Rojas Velásquez, reconocieron sus responsabilidades y arriesgan penas de 541 días de presidio, más el pago de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada uno. Las penas serán dadas a conocer el próximo sábado.

Se trata de nueve hechos, ocurridos entre octubre de 2003 y enero de 2005, para los cuales el grupo actuó coludido con al menos cinco personas externas al servicio, quienes serán sometidas a juicio oral a partir del 11 de mayo.

Según el fiscal a cargo, Marcial Pérez, los ex empleados del hospital implementaron un procedimiento que les permitía simular adquisiciones de bienes (generalmente insumos de aseo y otros), para luego "generar órdenes de compra parcialmente ficticias, llenar facturas verdaderas o falsas que respaldaban las adquisiciones y retirar los cheques girados para pagar las sumas, cuyos montos eran incrementados en forma artificial".

Es decir, se ordenaban compras a nombre del centro asistencial, pero los materiales adquiridos nunca ingresaban o llegaban en cantidades menores a las pagadas. Para eso contaron con la complicidad de comerciantes y empresas locales. Además, muchas de las facturas usadas eran falsificadas, extendidas a nombre de particulares no autorizados para entregar ese tipo de documentos.

El fraude fue descubierto a partir de un sumario del Servicio de Salud Coquimbo, que pasó después a la Contraloría Regional y, finalmente, al Ministerio Público.

El director de dicho servicio, Ernesto Jorquera, declaró estar conforme con el fallo y explicó que estos delitos pudieron ocurrir debido a que los funcionarios implicados representaban toda la cadena de responsabilidad sobre la materia en el hospital, "desde el subdirector administrativo, el encargado de compras y el encargado de recibirlas; tenían una triangulación perfecta", dijo.

En efecto, a consecuencia del descubrimiento de estas irregularidades, el entonces subdirector administrativo del establecimiento, Jorge Gutiérrez Zepeda, se suicidó en abril de 2007, ahorcándose en una pérgola del patio de su casa.