El dictamen 18.297 de la Contraloría, emitido el pasado 8 de marzo, puede tener una repercusión directa en la situación de los trabajadores del Registro Civil que participaron en el paro que duró 39 días, y que terminó el 6 de noviembre de 2015.

Esto, porque dicha resolución establece, entre otros elementos, que el servicio podrá realizar descuentos si tiene “antecedentes objetivos” de que los funcionarios no realizaron sus labores. Además, indica que estos trabajadores pueden ser reemplazados cuando no ejecutan sus tareas por otros empleados públicos.

Hasta fines de febrero no se han aplicado los descuentos y sanciones, vía sumario. Sólo se han efectuado recortes por las horas no trabajadas correspondientes a cinco días de octubre. La resolución, firmada por  el contralor Jorge Bermúdez, fue emitido en respuesta a una petición que realizó María Elena Hernández Díaz, presidenta regional de Magallanes de la Asociación Nacional de Funcionarios de la entidad.

El dictamen establece que “la recurrente pide determinar si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el Servicio de Registro Civil e Identificación se encuentran facultados para disponer descuentos de remuneraciones de los funcionarios que participaron en la aludida movilización, sin que medie un procedimiento sumario para ello”.

En respuesta, el contralor señaló que el Estatuto Administrativo, "prohíbe a los funcionarios públicos dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, que perturben el normal funcionamientos de los órganos de la Administración del Estado".

Es por este motivo que establece que "si el organismo público posee antecedentes objetivos de los que se desprenda que el funcionario no ha trabajado, el servicio respectivo podrá establecer descuentos a las remuneraciones, sin efectuar previamente una investigación sumaria".

Otro punto a aclarar fue si se pueden nombrar a otros funcionarios públicos para que asuman funciones en el Registro Civil. Esto ocurrió durante la paralización del año pasado, pues empleados del Ministerio del Interior tuvieron que cubrir las labores que no se estaban realizando.

Se estableció, además, que “no se advierte impedimento para que el director nacional o los directores regionales del Servicio de Registro Civil, para efectos de hacer frente a la situación excepcional en que se encontrara esa repartición, hayan asignado tal función a los aludidos servidores comisionados a ese organismo”.

Finalmente, y respecto a si se podría invocar la Ley de Seguridad del Estado por la movilización, Contraloría indicó que corresponderá al Ministerio del Interior tomar esa decisión. Junto con esto, también se estableció que sólo el director nacional y los jefe regionales pueden instruir sumarios en contra de los funcionarios, no así otras reparticiones como el Ministerio de Justicia o las intendencias.

Sobre el dictamen, el Registro Civil indicó que “no hace más que ratificar lo realizado por la institución”, en el sentido de “descontar una parte de esas horas en las remuneraciones de noviembre de 2015 a todos quienes fehacientemente se constató que no realizaron las labores que les corresponde”.

Respecto a si la resolución pueden acelerar los descuentos en los sueldos, la entidad dijo que  hay “un procedimiento disciplinario que sigue tramitándose. Por tanto, no existe cambio respecto de este tema, toda vez que como institución hemos actuado en virtud de la jurisprudencia de la Contraloría”.

Nelly Díaz, dirigente de los funcionarios, manifestó que  “la colega preguntó si se puede descontar sin sumario. La Contraloría le dice que sí. Lo que nosotros estamos diciendo es que se compruebe fehacientemente que no haya hecho ninguna labor. Aquí no se comprobó fehacientemente quién trabajó y quién no”.

La dirigente, además, criticó que se han realizado descuentos “sin investigar”.

En la misma línea, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, indicó que este pronunciamiento es “administrativista”, dado que  “no se consideran los convenios internacionales firmados por Chile”.

Por su parte, el diputado independiente Sergio Aguiló planteó que “creo que la Contraloría tiene la razón. En el sector público, como en el sector privado, día no trabajado es día descontado. Salvo que existan las causales que la ley contempla, como vacaciones o licencia médica, o día administrativo para el sector público”.

En la misma línea, el diputado RN Nicolás Monckeberg  indicó que la resolución es “coherente con la legislación vigente en Chile y que el gobierno permanentemente intenta desconocer. Este dictamen hace aún mas necesario que legislemos para encauzar adecuadamente las legítimas negociaciones del sector público, que hoy día se realizan al margen de la ley con huelgas ilegales, y muchas veces con el respaldo del propio gobierno. Es necesario que tengan un canal legal para negociar legítimamente sus condiciones laborales”.