Señor director:

Al no haber proposiciones constitucionales (proyectos formales) que sirvan como marco de referencia, el proceso constituyente corre el riesgo de convertirse en un compendio o listado de aspiraciones y deseos ciudadanos. Esto, bajo la creencia de que hechos sociales negativos -abusos, privilegios inmerecidos y desigualdad- pueden ser corregidos con la sola dictación de una nueva Constitución, a la que se asigna el poder casi milagroso de poner término inmediato a esos males. Desgraciadamente, para estos esperanzados, ello no es así.

Una Constitución contemporánea es un instrumento jurídico principalmente destinado a garantizar la solidez y estabilidad del Estado de Derecho y de la democracia, y asegurar la vigencia de las garantías fundamentales o derechos humanos indispensables para la dignidad y la libertad de nuestros compatriotas. Este ,y no otro, es el fin ineludible que debe cumplir toda Carta Fundamental, y que ha cumplido exitosamente la Constitución de 1980.

Un examen libre de prejuicios permite comprobar que desde su promulgación, Chile ha vivido en  paz y evidente estabilidad democrática e institucional; hoy gozamos de derechos básicos (garantías constitucionales), y cuando  no son respetados se puede exigir judicialmente su respeto a través del recurso de protección, que ha cumplido su cometido. Esto ha implicado crecimiento, desarrollo social y económico, empujado por ese motor insustituible que es la libertad económica, a través de un conjunto de valores y principios superiores contenidos en el Capitulo I sobre Bases de la Institucionalidad.

Es forzoso legitimar el anárquico proceso constituyente; se requiere devolverle la seriedad y racionalidad de las que carece, y ello exige definir, previo examen honesto y riguroso de nuestra actual Constitución, cuán necesario es modificarla, y para qué sería forzoso introducir tales cambios.

Gustavo Cuevas Farren

Profesor Derecho Constitucional

Universidad Santo Tomás