LA PONTIFICIA Universidad Católica de Chile decidió demandar al Estado por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero del DFL N°4, de 1981, más conocido como Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Si bien es posible discutir la pertinencia de dicho incentivo, el Estado no puede dejar de financiar un programa que está estipulado por ley. Aunque resulta positivo que la UC busque enmendar este nuevo tropiezo en la reforma educacional, la reacción es algo tardía -pues el gobierno hace tiempo que había declarado su intención de eliminar el AFI- y algo confusa en su motivación de fondo, pues pareciera responder más a un reclamo por mayores fondos antes que a la convicción de que es perjudicial quitar estímulos a la calidad.

Con el objetivo de premiar a las instituciones que eran preferidas por los mejores alumnos, medido a través de las pruebas de admisión, el AFI ha sido el único mecanismo "ciego" de distribución de recursos para la educación superior, entregando recursos sin discriminar si la institución beneficiaria se trata de una universidad estatal o privada, centro de formación técnica, instituto profesional, o una de las escuelas de las Fuerzas Armadas. Con el correr de los años, el incremento de la matrícula generó que este incentivo -que considera a los 27.500 mejores alumnos- representara a un porcentaje cada vez menor del total. En efecto, en 2016 alcanzó un 8%, muy por debajo de los casi dos tercios de la matrícula de primer año que abarcó cuando fue creado.

Lo anterior, unido a un sistema de educación escolar que presenta significativas diferencias de desempeño entre alumnos de niveles socioeconómicos alto y bajo, hizo que el AFI terminara siendo asignado a instituciones que recibían a alumnos de mayores recursos. Este fue el argumento que ciertos sectores utilizaron para pedir el fin de aportes considerados como "regresivos". Se trata de un predicamento erróneo, entendiendo que dichos recursos van en beneficio de todos los estudiantes de la institución que recibe a los mejores alumnos y, por otro lado, no es más que un reflejo de problemas estructurales del sistema educativo.

Este contexto dio espacio para que el gobierno, necesitado de recursos para financiar la gratuidad, dispusiera de los recursos del AFI. El Ministerio de Hacienda privilegió reasignarlos antes que entrar en la discusión de fondo respecto a sus bondades como mecanismo de asignación de recursos e incentivo a la calidad de las instituciones, simplemente eliminando la respectiva línea presupuestaria. Ese error da sustento a la posición de la UC y es probable que otras instituciones privadas se hagan parte de la querella.

Por su parte, las universidades estatales se han mantenido en silencio, ya que el gobierno se comprometió a mantener los recursos que ellas recibían vía AFI. Para este año se modificó el criterio utilizado en 2016 que discrecionalmente compensó la pérdida de recursos AFI -que ya había sido disminuido a la mitad respecto a 2015- a las universidades privadas que forman parte del Consejo de Rectores, pero no al resto de las instituciones. Cabe esperar que la demanda de la UC efectivamente ayude a poner freno a la discriminación entre instituciones de educación superior.