LA IMAGEN de un pensionado griego lamentando, entre sollozos, la pérdida de sus ahorros frente a las puertas cerradas de una institución financiera, debiera convertirse en un fuerte llamado de atención para todos aquellos sectores que predican en favor del sistema previsional de reparto y que, con su discurso, castigan la imagen de las administradoras privadas en nuestro país.

El sistema de pensiones griego, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, con un déficit anual que bordea los 500 millones de euros, contribuyó a la crisis económica por la que atraviesa el país europeo. Los ahorros de los trabajadores y empresas no sólo resultaron insuficientes para cubrir los pagos al sector pasivo de la población, sino que además el sistema se vio empobrecido y vulnerado por decisiones políticas que llegaron al punto de incluir 600 profesiones en la lista de trabajos riesgosos (con posibilidad de retiro cinco años antes de la edad de jubilación) y de mantener una pensión máxima de 3.500 euros mensuales, incluso por encima de los parámetros alemanes.

Ni siquiera los ajustes introducidos al modelo por las autoridades griegas en el marco de las negociaciones con sus pares europeos resultaron suficientes para evitar el desastre. Porque el gobierno de turno, al igual como ocurrió con el default en Argentina, no tuvo inconvenientes en echar mano a los ahorros de los trabajadores para intentar cubrir su total falta de recursos. Por lo mismo, quienes propugnan el sistema de reparto, deben ser muy transparentes en advertir a la población los riesgos de expropiación que supone este modelo.

El pensionado griego estaría más tranquilo si supiera que sus ahorros se encuentran depositados en una cuenta individual e invertidos, mayoritariamente, en instrumentos fuera del país. Eso no evitará el colapso fiscal ni tampoco estará prevenido ante las decisiones negativas de los gobiernos, pero al menos sabrá que los ahorros de su vida laboral se encuentran a salvo de las decisiones irresponsables de las autoridades de turno.