Fue un proyecto único en su tipo. Y en la comuna de Ercilla, uno de los epicentros del conflicto indígena en la Región de La Araucanía; un moderno liceo politécnico e intercultural, construido en 40 hectáreas en la localidad de Pailahueque, con talleres equipados, calefacción central, gimnasio, casino e internado para cerca de 200 alumnos.

Una verdadera joya, financiada por Enrique de Luxemburgo, entonces príncipe heredero del Gran Ducado, más aportes del País Vasco y empresarios locales. En total, US$ 2 millones en directo beneficio de más de 200 alumnos de escasos recursos.

Cuatro carreras ofreció el Liceo Politécnico de Pailahueque al abrir sus puertas en marzo de 2001; Mecánica Automotriz, Técnico Agropecuario, Técnico Forestal y Atención de Párvulos. Bajo la modalidad de particular subvencionado, de inmediato captó el interés de las familias de Ercilla. Y también de Lumaco, Tirúa, Alto Biobío, Lonquimay y Temuco.

A su oferta técnica se sumaba un segundo atractivo; su carácter intercultural. Un 80% del alumnado era mapuche y el proyecto educativo incluía lengua indígena, celebración de We Tripantü (Año Nuevo Mapuche) y deportes tradicionales.

El liceo no sólo tenía cancha de fútbol y de tenis; también de palin y un campo para ceremonias como el lleyipún y nguillatún.

Por allí pasó también Alex Lemún Saavedra, joven mapuche que falleció en medio de un conflicto por recuperación de tierras cerca de Ercilla, bajo la administración de Ricardo Lagos.

Lemún, de entonces 17 años, cursaba Técnico Forestal. Murió el 12 de noviembre de 2002, al ser baleado en la cabeza al interior del fundo Santa Elisa, reivindicado por comunidades de Ercilla. Su crimen enlutó a todo el colegio. También fue semilla de un creciente activismo escolar mapuche en la comuna.

Una década duró el esplendor del liceo. En 2012 una profunda crisis financiera hundió el proyecto. Responsable de ello, apuntan ex apoderados, la Fundación Instituto de Educación Rural (IER), en esa época el tercer sostenedor de colegios más grande de Chile.

Educación, ¿un derecho?

El IER fue fundado en 1952 al alero del movimiento Acción Católica, para el fomento de la educación en zonas rurales, una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, que gestionaba colegios técnico-profesionales en zonas de población vulnerable.

Según una investigación de Ciper, en 2002, año en que asumen la administración del liceo de Pailahueque, el IER llegó a ser sostenedor de 27 liceos técnico-profesionales en el país. Un 90% de su presupuesto provenía de subvenciones del Ministerio de Educación y aportes del Ministerio de Agricultura. Fue su época dorada.

Luego, en 2012, vino el caída. Millonarias deudas con bancos, funcionarios, ex funcionarios y proveedores, llevaron al IER prácticamente a la quiebra. ¿La razón? Una presunta malversación de recursos públicos y graves incumplimientos de contrato en liceos a su cargo, el de Castro uno de ellos, reveló Ciper.

No fue un conflicto menor; su consejo directivo fue inhabilitado a perpetuidad para ejercer como sostenedor de colegios.

En 2013, un nuevo consejo directivo del IER optó por cerrar seis establecimientos y vender  sus activos -terrenos y edificios- para poder solventar las millonarias deudas de la fundación. Uno de ellos, el Liceo Politécnico Intercultural de Pailahueque, que cerró sus puertas en diciembre de ese año.

Gloria Quiñelén (42) es originaria de la comunidad Juan Pinoleo, ubicada a 10 kilómetros de Pailahueque. Madre de tres hijos, fue la última presidenta del Centro de Padres y Apoderados del liceo. Le tocó de cerca ver cómo se derrumbó el proyecto educativo.

“Fueron años de malos manejos de los sostenedores. Hubo períodos en que les cortaban la luz y el agua, a los profesores no se les pagaban cotizaciones y escaseaba hasta la comida que entregaba la Junaeb”, relata a La Tercera.

“Esto hizo crisis en mayo de 2013, cuando los apoderados nos tomamos el liceo”, relata. Exigían que el gobierno no siguiera despilfarrando recursos públicos en el IER. Y que el (Mineduc) se hiciera cargo del liceo mediante el nombramiento de un interventor.

Imposible resultó avanzar con la entonces seremi de Educación, Ruth Fontalba, asegura Quiñelén. “La respuesta del gobierno fue enviarnos Fuerzas Especiales a desalojar”, recuerda.

Un mes más tarde, en junio, lograron reunirse con la entonces ministra de Educación, Carolina Schmidt. “Se nos prometió ayuda, gestiones para salvar el establecimiento, pero no pasó nada”, relata.

El 9 de diciembre de aquel año, en una reunión a la cual Gloria no fue invitada, el director Germán Ettinger anunció el cierre definitivo del establecimiento. “Fue un dolor muy grande”, señala. “Al día siguiente nos tomamos de nuevo el recinto, luego seis profesores iniciaron una huelga de hambre, pero ya no tuvimos respuesta de nadie”, relata.

Padres y apoderados de 182 alumnos, 120 de ellos internados, debieron buscar matrícula cerca de Ercilla. No todos lo lograron.

“Somos una comuna pobre y hubo familias que no pudieron costear el enviar a sus hijos a otros lados. Yo vi muchos compañeros de mi hijo en Victoria, vendiendo verduras con sus padres en la feria, lo único que les quedó como alternativa: ponerse a trabajar”, comenta.

Quiñelén calcula en al menos un 80% la deserción escolar tras el cierre del establecimiento. “Pero lo más triste es que la historia no termina aquí”, subraya.

Base de Carabineros

Primero circuló como rumor. Luego, tras aparecer a fines de marzo pasado sus instalaciones pintadas de verde y blanco, el rumor se hizo oficial; el ex liceo de Pailahueque se convertirá en la base de operaciones de la recién creada Zona Policial de Control de Orden Público, actualmente radicada en el ex cuartel de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Victoria.

“Fue en el verano que llegaron los primeros carabineros”, cuenta Gloria Quiñelén. “Lo primero fue que no dejaban pasar hacia el balneario El Salto, que es donde muchas familias del pueblo van al río. Y lo último, hace tres semanas, cuando el liceo apareció pintado verde con blanco”, relata, aún sorprendida.

Según fuentes de la institución uniformada, el 8 de marzo el ex establecimiento educacional pasó formalmente a manos de Carabineros en comodato. Ello mientras se agiliza la compra al IER, avaluada en más de $ 1.000 millones y que los ex sostenedores ya informaron a sus acreedores.

Desde entonces, personal policial y de servicio realiza diversos trabajos en sus dependencias, a la espera del arribo de los uniformados que conformarán la nueva repartición. A cargo estará el general Máximo Lira con jurisdicción en La Araucanía, Biobío y Los Ríos, contando con varias unidades bajo su mando.

Desde allí operarán también los helicópteros de la Sección Aérea y los Grupos de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) destinados a la zonas de conflicto indígena.

Su principal misión oficial, apoyar la gestión policial en la zona y disminuir la sensación de inseguridad de sus habitantes. La no oficial; fortalecer la contención policial del conflicto Estado-pueblo Mapuche. Y ofrecer seguridad a parceleros, dueños de fundos y empresas madereras. Una verdadera “base militar” en el corazón de la llamada Zona Roja del conflicto.

Es al menos lo que denuncian comunidades mapuche de la zona. El pasado 28 de marzo, medio centenar de miembros de la Comunidad Huañaco Millao Autónoma se tomaron simbólicamente el recinto. Portaban dos lienzos con las leyendas “Basta de militarización en Ercilla” y “Educación para los jóvenes mapuches”.

Rápidamente fueron cercados por al menos un centenar de efectivos. Y si bien aceptaron retirarse pacíficamente, todos fueron detenidos minutos más tarde en caminos aledaños, siendo trasladados a cuarteles de Collipulli. Entre ellos, Camilo Tapia, fotógrafo independiente que ese día cubría la manifestación.

Tapia, en un relato que se volvió viral en las redes sociales, denunció en Facebook la destrucción de sus tarjetas de memoria y una golpiza por parte de los funcionarios. Y si bien fue liberado a las pocas horas, todas las imágenes que tomó de la protesta desaparecieron.

Gloria Quiñelén señala no entender la lógica de las autoridades. “Qué nos quieren decir con esta decisión; ¿qué estamos criando hijos delincuentes, hijos terroristas? ¿Acaso ellos no merecen educación y por eso nos ofrecen Fuerzas Especiales?”, se pregunta.

“El gobierno ha tomado una muy mala decisión; entre educar y reprimir, ha optado por lo segundo”, se lamenta la ex presidenta de los apoderados del liceo Pailahuque.

“Lo que hicieron aquí fue negarle a familias pobres el derecho a la educación de sus hijos. Y eso es una verdadera maldad”, concluye.