Eventual retiro de Chile del Convenio 169 inquieta a pueblos originarios

"Sin el Convenio 169 estaríamos mucho más desprotegidos y sin la posibilidad de reclamar a nivel internacional. Solo tendríamos la Ley Indígena, que no habla de soberanía ni de pueblo, es una legislación muy débil", comenta Carolina Sagredo, abogada del Consejo de Pueblos Atacameños, que en estos días defiende la demanda de la comunidad de Socaire. Sus habitantes se tomaron el acceso a la laguna del Salar de Aguas Calientes para defenderlo de la afectación masiva de los turistas.

La comunidad aimara reclama ese territorio como ancestral, pero que hoy figuran como propiedad del Estado. "El 169 es una herramienta clave para reclamar los derechos ancestrales", precisa Sagredo. Precisamente el Convenio 169 de la OIT, que establece una serie de obligaciones que deben cumplir los Estados suscritos en favor de los pueblos originarios, así como la consulta obligatoria en temas que les competen (ver recuadro) podría llegar a su fin en Chile el próximo 2019, si el gobierno de Piñera decide no ratificar el tratado.

Según establece el propio convenio suscrito por Chile en septiembre de 2008 (en el primer gobierno de Bachelet) y que entró en vigencia en septiembre de 2009, cada 10 años debe ser ratificado por el país firmante. Según Andrés Molina, diputado electo por Evópoli en La Araucanía y ex intendente de esa región, Piñera como presidente electo "no estaría conforme con su aplicación", dice Molina. La postura del mandatario es apoyada por la Multigremial de La Araucanía y el propio Molina en orden a revisar su continuidad. "Cuando se suscribió el convenio se presentó como la gran solución, pero no ha sido así. Ha dejado una sensación de no participación entre lo propios mapuches porque las consultas, que son el corazón del convenio, no son vinculantes y se sienten engañados", señaló Molina.

Agregó que apoya una eventual salida del convenio, pues "este retrasa el desarrollo, acá hay un proyecto de doble vía Freire -Pucón que lleva más de un año y medio retrasado por el tema de la consulta, y por mientras la gente se nos muere". Según el diputado electo, los privados que quieren invertir en La Araucanía sí considerarían la opinión del pueblo mapuche "mediante el contacto directo y a través de los propios proyectos de evaluación ambiental, donde está considerada la participación".

Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, señala que "la idea de desahuciar el convenio, que se ha hecho presente en la derecha, es un retroceso tremendo. No porque las consultas indígenas se hayan implementado mal: por el incumplimiento de los estándares que el propio convenio establece, significa que tengamos que retirarnos. Eso es como querer retirarse de cualquier convenio de DD.HH. porque en Chile se transgreden los DD.HH. No tiene sentido". Millaleo advierte que un eventual desahucio del convenio "por cierto es un riesgo y estaremos alerta para ver qué pasa con eso. Es una posibilidad que tiene muy preocupado al mundo indígena".

La polémica ya está instalada también en el ombligo del mundo. "Salirnos del 169 es permitir que los privados destruyan el patrimonio natural de todos los pueblos originarios y de la gente más pobre en regiones, porque además esas empresas tributan en Santiago", enfatiza José Rapu, integrante de la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua (Codeipa).

Para Hugo Alcamán, presidente de la corporación de profesionales mapuche (Enama), el Convenio 169, que Chile demoró 18 años en suscribir, tiene un peso histórico innegable "pues reconoce, en primer lugar, que los pueblos originarios existimos. Plantear su no renovación por parte de políticos y dirigentes gremiales en La Araucanía es de una enorme irresponsabilidad, es una negación que va a profundizar el conflicto".

Plantea que por ignorancia el empresariado ve el Convenio 169 y el proceso de consulta como un obstáculo al desarrollo. "Para nada es un retroceso económico; por el contrario, se pierde la oportunidad de contar con una economía paralela indígena, en linea con el desarrollo sustentable. El problema es que a muchos les cuesta aceptar la diversidad en beneficio de todos".

Sebastián Donoso, académico de la Facultad de Derecho de la UC y experto en legislación indígena, explica que el retiro de un convenio internacional como el 169 "es una atribución exclusiva del Presidente, el que luego recoge la opinión de ambas cámaras. Pero en mi opinión salirse del convenio, o "denunciar" el convenio -que es el término jurídico correcto para tratados internacionales- no tiene sentido. El momento para discutirlo fue hasta el 2008 y hoy políticamente es inviable, pues no solo regula proyectos productivos sino una serie de materias sociales relevantes para las comunidades. Sería como denunciar la Biblia".

Según señala el propio convenio, si un miembro no hace uso de su derecho a "denuncia" quedará obligado durante un nuevo período de 10 años.