SIGUIENDO EL informe de la "Comisión Engel", el gobierno presentó un proyecto de ley estableciendo normas para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, destinado a recoger sus planteamientos en el funcionamiento de los partidos políticos, que se han desvirtuado en varios aspectos en la tramitación legislativa. Entre estos, está la obligación de las organizaciones políticas de reinscribir a sus militantes, dado que se estima que los registros no son del todo veraces, considerando casos de irregularidades en la afiliación, como también los que se han dado en la firmas de candidaturas independientes.

Disponer que se transparenten y depuren los registros de los partidos políticos se justifica plenamente si se van a financiar con recursos públicos. Sin embargo, la propuesta gubernamental ha sido resistida por las dirigencias partidarias, y aunque era previsible que ellas no estuvieren dispuestas a mayores regulaciones, también se ha debido a una regulación que no está bien concebida.

La reinscripción formal de todos los militantes -decenas de miles en muchos de los partidos- es un proceso costoso y con importantes complejidades prácticas, que pudiera ser objeto de los mismos vicios en materia de firmas que se han conocido, y difícil de realizar en un plazo de apenas 270 días. Además, puede terminar favoreciendo a caudillos dentro de los partidos que se vieran tentados a privilegiar la reinscripción de los militantes que les son adeptos. Finalmente, no está claro qué sucedería con aquellos afiliados que no se reinscriban, ya que si quedan marginados del partido o éste cesara por falta de militantes, se pudiera estar afectando el derecho constitucional de asociación, sobre todo cuando no se contemplan recursos para corregir errores o situaciones arbitrarias.

Además de los inconvenientes que presenta un plazo tan breve, no se advierte la urgencia de llevar a cabo la depuración en esos términos, cuando la asignación de recursos en la parte variable no estaba prevista en función del número de militantes, sino de los votos obtenidos en la más reciente votación de diputados, que sin duda provee un parámetro más objetivo, pero además permite lograr el propósito de transparencia y efectividad de los registros partidarios en el tiempo, sin necesidad de realizar una reinscripción hacia atrás y resolviendo las objeciones anotadas. Así, se pudiera considerar un proceso de depuración en un período acotado, disponiendo el cese de aquellos militantes que no participen efectivamente en las instancias partidarias relevantes.

Lejos de eso, el gobierno ha cedido en las negociaciones en torno al proyecto, pues se exigiría que tan sólo se reinscriba el equivalente al mínimo para formar un partido -0,25% de los votantes-, lo que se transforma en una meta formal que no significa nada en términos de transparencia y veracidad de los registros. Con ello tampoco queda claro qué sucedería con los restantes afiliados que no se reinscriban. La agenda de probidad y transparencia debe ser retomada en su sentido original, sin perjuicio de estudiar las mejores soluciones, porque sería lamentable que la ciudadana piense que los cambios fueron cosméticos y que las dirigencias no tuvieron la voluntad de transparentar los registros, y peor, que el gobierno cedió ante ellas.