Fernando Niembro sigue aproblemado en Argentina. Ahora, fue denunciado por Carlos Gonella, a través de la Procuradía de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, por los contratos de La Usina Producciones.

El actual candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, sigue siendo investigado por contrataciones irregulares con el gobierno de la ciudad, tal como lo informa el diario La Nación de Argentina.

Para la Procelac, debe investigarse si los denunciados perpetraron los delitos de defraudación a la administración pública, violación de los deberes de funcionarios público y abuso de autoridad.

Niembro era socio con Meza en la Usina Producciones S.R.L. Esa productora fue contratada en 2008 por el Gobierno de Buenos Aires para proveer de diversos servicios de auditorías, encuestas y difusión por lo que habría facturado unos 19,5 millones de pesos argentinos.

Según indica el medio de comunicación, lo que indica Procelac es la investigación de las "164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones S.R.L.' por un monto total de $19.473.878,30  de la moneda trasandina nunca fueron otorgadas a través del mecanismo de licitación pública".

"Para perfeccionar esta operatoria, se habrían invocado forzosamente razones de 'urgencia', dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa", agregan.

Según lo denunciado, los funcionarios de la Procelac consideraron que Niembro y su socio "podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos", por lo cual solicitaron que la causa que tramita ante el juzgado nacional en lo criminal de instrucción número 23 sea remitida a la justicia federal argentino.

Asimismo, consideraron que ambos socios fueron "beneficiarios de esos contratos gracias al decreto 556/2010 que ordena que las operaciones impostergables que aseguren servicios esenciales deban llevarse adelante a través de contrataciones directas y así evitar los procedimientos establecidos por la ley 2095 de la ciudad", y destacaron que la realización de encuestas o el reparto de folletería "no pareciera" estar encuadrado en ese régimen excepcional que se "transformó en una suerte de regla inalterable", sentencian desde Argentina.