Si bien no estaban al mandato de su institución ni sector cuando comenzaron las irregularidades, ambos coincidieron en la necesidad de destrabar “interrogantes” mediante la entrega de “toda la información disponible”.

Bajo ese concepto, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, entregaron hoy, en Valparaíso, su testimonio a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que abordará el fraude ocurrido en esta rama castrense, efectuado a través de facturas falsas, que fueron pagadas con recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Hasta ahora, las operaciones investigadas -por la justicia civil y militar- desde 2011 implicarían irregularidades por más de $ 3 mil millones.

El general Oviedo destacó que el origen de las pesquisas provino del propio Ejército. Y, mediante la entrega de un dosier de 33 páginas, explicó que a los cinco días de detectadas las facturas (2 abril 2014) se inició una auditoría especial. Agregó que en dos meses la justicia militar había sometido a proceso a funcionarios.

“No he venido a defender delincuentes ni a justificar actos ilícitos; al contrario, he venido a entregar todos los antecedentes, por vía oficial, para esclarecer hechos que son repudiables (...) el Ejército ha sido víctima de un fraude que ha generado un daño importante a la institución”, sostuvo.

Sobre los involucrados, el uniformado precisó que “tenemos cinco personas procesadas, porque se trata de hechos que se constituyeron hace ya varios años. Se trata de cargos bien ubicados en los controles de recursos, con trayectoria dentro de la institución”.

El alto oficial destacó diferentes mejoras en la fiscalización y controles que rigen la actual adquisición de material y desarrollo de proyectos.

Cambio en legislación

Desde el gobierno, en tanto, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, manifestó que hará llegar un dosier a la comisión sobre los recursos  que otorga el Ministerio de Hacienda a las FF.AA. En esa línea, expresó que todas las instituciones entregaron información completa y que incluso llegó a ambas cámaras del Congreso, en 2014.

Respecto del rol del ministerio en esta investigación, el secretario de Estado indicó que “hemos tomado una serie de medidas, de control e indicaciones, para las distintas ramas. Por ejemplo, ya tenemos instalado un oficial para la Unidad de Análisis Financiero (dependiente de Hacienda) (...) para efectos de que en el futuro podamos evitar que se produzcan hechos similares”.

En relación  al resto de las FF.AA, Gómez afirmó que “le enviamos un oficio a todas las ramas para que analizaran sus contratos con empresas involucradas; la fiscal Ximena Chong (del Ministerio Público) pidió información a la Fuerza Aérea, que, según  entiendo, ya respondió”.

Emplazado por el diputado Marcelo Shilling (PS), sobre el número de oficiales que ha pasado por la justicia producto de este tema, el ministro de Defensa reconoció la necesidad de modificar el código de justicia militar y aseguró que no ha habido una situación de impunidad en la investigación. “El proyecto lo tiene el Ministerio de Interior, con quien tenemos diferencias técnicas; una vez aclaradas esas diferencias, daremos curso para el ingreso del proyecto al Congreso, que espero sea durante 2016”, expresó.

La Comisión Investigadora de la Cámara fue aprobada el 4 de noviembre pasado y constituida el 15 de diciembre. La preside el diputado Jaime Pilowsky (DC) y funcionará por un período de 120 días.