Durante el año pasado, 623 personas realizaron trámites y rindieron los exámenes para comprar e inscribir un arma de fuego en el Gran Santiago. Sin embargo, a 84 de éstas se les negó la autorización porque no aprobaron el examen de conocimientos. En otros 40 casos, el permiso se les prohibió por diversas razones consideradas por personal de Carabineros.

Este año el panorama es diferente. Con la promulgación de la nueva Ley de Armas, que está vigente en el país desde fines de enero y que aumentó las penas y los requisitos para poseer uno de estos armamentos, las autoridades estiman que se han incrementado los rechazos a las solicitudes de inscripciones de armas de fuego.

Otra novedad se espera en la materia: el Ejecutivo está trabajando en crear un registro sobre las personas que emiten los certificados de las capacidades síquicas de quienes desean comprar un arma de fuego. Estos profesionales deben ser médicos siquiatras. Si bien el reglamento final aún no está definido, lo que se busca es evitar a personas que se puedan asociar con armerías para agilizar este trámite.

La legislación sobre el uso y tenencia de armamento ha vuelto a estar sobre el tapete luego que el jueves dos estudiantes fueran asesinados a tiros en Valparaíso. El principal sospechoso es un joven de 20 años, quien habría disparado a las víctimas tras mantener una discusión relacionada con la instalación de un cartel en la casa del imputado. La pistola, calibre 9mm., con que se perpetró el crimen estaba a nombre de otra persona, residente de Santiago. Una de las pistas que indaga la fiscalía es determinar porqué esta arma estaba en una vivienda de la V Región.

Las cifras

Según la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), al año 2014 existían 763.070 armas inscritas en el país, de las cuales 397.438 fueron registradas para uso de defensa personal. Asimismo, la entidad reveló que en los últimos años se ha experimentado una baja en las inscripciones. Mientras que en el año 2000 fueron más de 14 mil, en 2013 fueron 7.557 y el año pasado 6.698.

Respecto a las cerca de 400 mil inscripciones para defensa personal, el general de Carabineros Ricardo Solar, director de Seguridad Privada y Control de Armas, indicó que "este, de por sí, es un elemento de inseguridad para la ciudadanía, por eso se impulsó la campaña de Entrega tu Arma. La idea es que haya menos disponibilidad de armas para los delincuentes". El general agregó que parte de las armas que los antisociales utilizan en delitos son sustraídas de viviendas, en que éstas estaban inscritas legalmente. "Las personas que las tienen para defensa personal, terminan siendo un riesgo personal", dijo.

En lo que va del año se ha experimentado un fuerte incremento de las armas que han sido devueltas voluntariamente por la comunidad. Las cifras que maneja Carabineros, al 14 de mayo, indican que durante 2015 ya se llevan 3.618 armamentos entregados. Durante todo 2014, las devoluciones alcanzaron las 2.771, mientras que en 2013 las cifras llegaron a las 2.507.

Requisitos

La nueva Ley de Armas, promulgada en enero en el marco de las medidas adoptadas por el gobierno para reducir los delitos, plantea una serie de requisitos para adquirir estos armamentos. Lo primero, es demostrar que se cuenta con las capacidades físicas y mentales para hacerse poseedor de un arma de fuego. Según la legislación, cada cinco años se deberá volver a acreditar que se cuentan con las condiciones físicas y síquicas. En casos puntuales, dice la ley, este periodo se acortará a dos años.

El subsecretario de  Prevención del Delito, Antonio Frey, dijo que uno de los requisitos es que no debe pesar sobre la persona que quiera hacer la inscripción, una medida cautelar que le prohiba tener un arma de fuego. La autoridad agregó también que "es necesario que no se haya cancelado la inscripción dentro de cinco años anteriores. Esto es, por ejemplo, si por negligencia la perdiste".

Respecto a los exámenes sicológicos, señaló que anteriormente "en la práctica, las mismas armerías la daban, porque tenían el sicólogo ahí mismo. Ahora se tiene un sistema desligado y autónomo. Hay que ver que haremos con el reglamento, pero queremos tener un registro acreditado de personas que den estos exámenes, tanto físicos como sicológicos. Eso está por hacerse".

Respecto a los incrementos en rechazos que ha traído la nueva legislación, Frey apuntó a que "hay que verlo con los datos, pero evidentemente si tienes nuevos requisitos, como es la medida cautelar relacionada con el porte de armas o tener una cancelación dentro de los cinco años anteriores, esas personas están excluidos. Se reduce población de las personas que pueden postular".

Por su parte, el general Solar indicó que "hay nuevas normas legales y disposiciones, que han favorecido el trabajo de la institución para llevar a cabo esta tendencia a la baja, de desarme de la ciudadanía. No queremos que estas armas caigan en manos de la delincuencia". Las cifras de la policía uniformada también arrojan que en 2014 se tramitaron 623 inscripciones, en los cuales se registraron 84 casos en que se reprobaron las pruebas de conocimiento y uso del armamento. Otros 40 personas fueron rechazados por no cumplir con algunos de los requisitos impuestos por la ley.

En tanto, el senador PPD Felipe Harboe, uno de los impulsores de la nueva Ley de Armas, dijo que "mi percepción es que lo que falta es  iniciar un proceso de reinscripción para actualizar la base de la DGMN. Sería bueno una actualización, para saber si las personas han cambiado de domicilio, si los titulares han fallecido y (las armas) han pasado a los hijos".

El sitio web GunPolicy.org, analiza y compara la legislación de los países en materia de armas de fuego. Ahí se indica, por ejemplo, que en Argentina debe quedar estipulado el uso que se le dará al armamento y que " el solicitante  debe someterse a una verificación de registros penales, de salud y de enfermedades mentales".

En Japón, por otro lado, no hay tope para tener un determinado número de armamento. Estados Unidos, por otro lado, va más allá y establece "el derecho a la posesión de armas de fuego está condicionalmente garantizado por la Constitución de los Estados Unidos, porque puede ser limitado por la ley federal".