El gobierno español pidió hoy al Tribunal Supremo que no permita la inscripción en el registro electoral del partido político Sortu, la nueva formación creada por la izquierda independentista vasca, a la que considera un instrumento de la organización terrorista ETA.

La petición fue presentada por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, quien dijo a los periodistas que el rechazo a la violencia incluido en los estatutos del nuevo partido no significa que se haya desvinculado realmente de ETA.

También señaló que la banda terrorista y su entorno político "utiliza tácticamente a Sortu como medio para estar en las elecciones, y por lo tanto, en las instituciones locales y forales a partir de mayo".

La Abogacía del Estado pidió al Tribunal Supremo que, mientras toma su decisión, ordene al Ministerio del Interior que mantenga suspendido el trámite de inscripción de Sortu en el registro de partidos.

El gobierno pidió la prohibición de la nueva formación, presentada a comienzos del pasado mes de febrero, tras concluir que es sucesora de Batasuna, considerada el brazo político de la organización terrorista ETA, por lo que fue ilegalizada en 2003.

Los servicios jurídicos del Estado elaboraron la demanda después de examinar los informes remitidos por las fuerzas de seguridad españolas, que concluyen que Sortu no es más que un instrumento de Batasuna "al servicio de ETA".

La ilegalización de Batasuna y las formaciones que la sucedieron aglutinando a la izquierda independentista vasca impide que estas fuerzas puedan concurrir a las elecciones que se celebran en España, por lo que el nuevo partido busca con su inscripción poder presentarse a los comicios municipales que se celebrarán el próximo 22 de mayo.

Batasuna fue ilegalizada por la Ley de Partidos vigente desde 2002, que prevé la prohibición de las formaciones políticas que apoyen o amparen el terrorismo.

En la presentación de Sortu, sus promotores anunciaron que en sus estatutos se incluye el rechazo "al uso de la violencia o la amenaza de su utilización para la consecución de objetivos políticos, incluyendo la violencia de ETA si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones".

Pero tanto el gobierno español como la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP, centroderecha), creen que se trata de un cambio cosmético con el fin de lograr la inscripción como partido político para concurrir a las elecciones de mayo.

ETA declaró el pasado 10 de enero un alto el fuego general y permanente después de que su entorno político lo hubiera pedido insistentemente.