HACE UNA semana, La Tercera publicó una columna de Felipe Lamarca donde el empresario dibuja con más precisión los contornos de lo que podría ser una futura reforma tributaria. La propuesta no sólo se hace cargo de la necesidad de mayor recaudación por parte del Estado, sino que aborda una cuestión que usualmente se deja de lado en el debate: la desigual distribución de la carga impositiva.

Al lugar común de sostener que en Chile las personas naturales pagan muchos impuestos, a diferencia de lo que ocurre con las empresas, Lamarca da un paso más en el sentido de proponer que se iguale la forma de cálculo de ambas categorías. Como es sabido, todos debemos contribuir, y sin distinción, al financiamiento del erario con una parte (porcentaje) de nuestros ingresos. Sin embargo, en el caso de las personas naturales, ese porcentaje varía (progresividad) según cuál sea el monto de nuestras utilidades. No ocurre lo mismo con las empresas, cuyo porcentaje es siempre el mismo, independiente de cuántas hayan sido las ganancias. Aunque es válido discutir la legitimidad teórica de la progresividad, lo que a estas alturas resulta inaceptable es que ésta se consagre sólo para algunos.

Terminar con esta discriminación no sólo contribuiría a una mayor justicia en la distribución de los tributos, sino también, y quizás ahí está la externalidad más positiva de esta propuesta, podría aliviar a las micro y pequeñas empresas o incipientes emprendimientos, los que contribuirían con un menor porcentaje e incluso podrían quedar exentos del pago de impuestos, en la medida en que sus ingresos fueran relativamente bajos. En la vereda opuesta, las personas jurídicas y naturales con más utilidades y ganancias deberían contribuir con un porcentaje mayor; según Lamarca, hasta un 30%, sin distinguir la naturaleza jurídica del contribuyente.

Ahora bien, una propuesta de esta naturaleza no podrá prosperar si mantenemos los niveles de elusión impositiva que ostenta nuestro país. Sabemos muy bien los abogados que existen innumerables dispositivos y mecanismos legales para rebajar los impuestos que debemos pagar cada año. Los servicios y asesorías por concepto de "planificación tributaria" -un eufemismo tan burdo como hipócrita- se han transformado en una industria particularmente lucrativa, reservada sólo a quienes están en condiciones de pagar esos servicios, ahondando las ventajas y prerrogativas de los que ganan más en desmedro de los que tienen menos.

Sin ir más lejos, si tomáramos a las 100 personas más ricas de Chile y las comparáramos con las 100 que pagan más impuestos, salvo honrosas excepciones, serían pocos los que estarían en ambas categorías. Esa anomalía devela una cuestión más profunda que subyace al actual debate tributario: la completa ausencia de una discusión sobre los valores en el ámbito del mercado y el quehacer del sector privado.

Soy de los que creen que no basta sólo con cumplir el mínimo que exige la ley. Por de pronto, habrá que subir esos mínimos para dar con una fórmula que refleje una carga impositiva más justa, mejor distribuida y acorde con las necesidades del país.