Desde el inicio de su candidatura, el Presidente Piñera ha remarcado el sentido de urgencia, de gestión y de la medición de metas o resultados. Nada más coherente con ello que el establecimiento de una unidad en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia que medirá sistemáticamente el cumplimiento de las propuestas del gobierno.

Se trata de una iniciativa que alcanzó notoriedad cuando Tony Blair, en Gran Bretaña, la implementó para su administración. Así, observamos un gobierno de derecha en Chile que, en su anhelo por marcar un sello de modernidad para su gestión, no duda en copiar experiencias exitosas foráneas; incluso, aquellas desarrolladas al otro lado de la vereda ideológica. A algunos los descoloca observar una derecha buscando -a veces desesperadamente- posicionarse como una opción moderna, global, abierta a tendencias contemporáneas. A otros, los descoloca que cruce la vereda.

El principal y quizás más relevante desafío que enfrentará esta unidad es la credibilidad. ¿Podemos dar fe de los resultados que mostrará una instancia creada al amparo de la Presidencia y a cargo de gestores de gobierno? En un sistema parlamentario como el británico, el principal y último mecanismo de control de gestión es el Parlamento. Pero en un sistema presidencial, el Ejecutivo tiene un amplísimo margen para desarrollar iniciativas independientes y a espaldas de otros poderes del Estado. Así, el problema será cómo evitar que esta "unidad de resultados" se transforme en una "unidad de propaganda".

La experiencia pasada no ha sido del todo promisoria. Los gobiernos de la Concertación desarrollaron capacidades para el control de metas ministeriales, sin que ellas llegaran a ser totalmente visibles frente a la opinión pública en un esquema como el que se propone ahora. Por su parte, algunos centros de pensamiento asociados a la Alianza intentaron monitorear el cumplimiento de promesas sin mayor éxito. Tales indicadores no eran del todo claros y siempre quedaba la sensación de que sus juicios eran tendenciosos. Nunca la entonces oposición reconocía avances en la gestión concertacionista.

Ahora se propone hacer públicos una serie de indicadores para ir evaluando el cumplimiento de metas de gobierno. Para dar credibilidad a tal instrumento, se requiere de una metodología transparente y accesible a expertos y público en general. Asimismo, sería aconsejable medir poco, pero hacerlo bien. Si se llegase a producir un error en el conteo de complejas metas ministeriales, el instrumento perderá rápidamente su legitimidad.

Finalmente, parece errado que las autoridades apuesten casi exclusivamente a una vinculación preferente con la "ciudadanía" a través de Twitter o Facebook. Ello, porque gran parte de los usuarios que a la fecha participan de las redes sociales no son los receptores de las políticas públicas en nuestro país. Difícilmente "la señora Juanita", en la cola de un consultorio, tendrá una cuenta Twitter y un BlackBerry desde donde hacerle llegar su queja a la Secretaría General de la Presidencia. Por eso, deberán buscarse medios alternativos para que la ciudadanía no "conectada a la red" pueda hacer llegar sus urgencias.

La iniciativa parece de interés, pero mucho dependerá del tipo de implementación que ésta tenga. Si su metodología fuera cuestionable o poco creíble, una unidad que pretende medir resultados se transformará rápidamente en una unidad de propaganda de éxitos del gobierno. Y dado que existen recursos del erario involucrados, tal destino hay que evitarlo.