La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) es el mejor instrumento que tiene el país para medir la violencia y el delito. Se efectúa anualmente desde 2005 y sus resultados han sido alentadores. Ese año, el 38,3% de los hogares del país reconocía que alguno de sus miembros había sido víctima de algún delito y el año pasado el 33,6% de los hogares lo señala. No hay que olvidar que en 2003 la cifra era 43%.
Sería útil que los expertos nos ayuden a explicar por qué la percepción de temor en la población sigue estando muy por arriba de los delitos efectivamente cometidos.
La tendencia a la baja en la cantidad de hogares que han sido víctimas de algún delito de mayor connotación social registrada en la secuencia de mediciones anuales, indica que las políticas construidas en base a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública han sido adecuadas. Por ello, es de suma relevancia continuar trabajando en la prevención y el control del delito, en la rehabilitación de los infractores y en el tratamiento de las víctimas.
Los programas de prevención a nivel local, las mayores atribuciones y apoyo a las policías y el Ministerio Público, los centros de Atención a Víctimas a lo largo del territorio, todos son ejemplos de iniciativas que deben mantenerse y consolidarse. Es importante seguir apostando hacia la ciudadanía, haciéndola partícipe de su propia seguridad, a través del fortalecimiento de las redes comunitarias. Hoy contamos con consejos regionales y comunales a lo largo del país, los que tienen por misión servir de plataforma territorial para la implementación de estrategias y medidas específicas en el medio local.

No basta sólo el enfoque puramente criminal y jurídico de la seguridad. Se requiere una mirada más integral, que englobe el conjunto de demandas que la población requiere satisfacer. No sólo protegiendo los bienes y la integridad física, sino que también garantizando derechos básicos como el acceso a vivienda, a educación de calidad y a servicios de salud dignos.
Se trata de encontrar el punto de equilibrio entre las actividades de control y sanción, necesarias siempre, que obtienen resultados inmediatos y eficaces, pero que no atacan el origen multicausal de la violencia y el delito, y las de prevención, cuyos resultados son a mediano y largo plazo, pero su efectividad sobre las causas del delito y la violencia son probadamente mayores. Para ello, se requieren iniciativas como la integración de elementos de prevención de la violencia en la malla curricular de la educación, la mediación como elemento de resolución de conflictos a nivel comunitario y la profundización del trabajo con las familias.
La disminución de la pobreza durante los gobiernos de la Concertación es un dato del éxito de la protección social y también es importante concederle un lugar en el descenso de la victimización registrado en los últimos años, confirmada, una vez más, por la Enusc 2009.

De allí que resulte necesaria la vinculación entre el sistema de protección social y las políticas de seguridad pública, porque la desigualdad, el desempleo, la crianza descuidada de los hijos, las drogas, condicionan la conducta humana, dañan la convivencia, desvirtúan los valores e impulsan a algunos en la carrera delictual.
Los resultados son el producto del esfuerzo y trabajo de muchos, de una política implementada en años. Esperamos que el gobierno actual los valore y construya desde ahí en adelante, y que no se limite a las acciones efectistas de poco contenido y de breve duración.