La nueva inteligencia de Bachelet

En los próximos días, una delegación de alto nivel del Ministerio del Interior y de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que dirige el abogado Gustavo Villalobos, viajará a España y a Estados Unidos para firmar convenios de cooperación y asesoría para la creación de un nuevo sistema de inteligencia nacional. En La Moneda afirman que si su agenda de trabajo lo permite, dicha delegación podría ser encabezada por el propio ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

El objetivo del viaje es recoger la experiencia de estos países en el trabajo de inteligencia y de investigación policial que ha permitido la desarticulación de grupos terroristas y de otras organizaciones criminales, para que pueda ser empleada en Chile. En el gobierno reconocen que están mirando con especial atención los modelos de inteligencia de países europeos, entre ellos, Alemania y España.

Aunque la idea de fortalecer el sistema de inteligencia chileno se venía analizando en el entorno de Michelle Bachelet desde la campaña presidencial, fueron los atentados explosivos en el Metro -tanto el del 14 de julio, en un vagón del tren subterráneo en la estación Los Dominicos, como el del pasado lunes, en la galería Subcentro, en uno de los accesos de la estación Escuela Militar y que dejó 14 lesionados- lo que precipitó la decisión de hacer una reforma total al sistema de inteligencia nacional.

Para el Ejecutivo, el hecho de que los grupos violentistas pusieran como objetivo de sus ataques un medio de transporte público de uso masivo marcó un antes y un después en la escalada violentista que venían realizando en los últimos años. Desde 2008 a la fecha se contabilizan 261 atentados explosivos e incendiarios, de los cuales 130 han detonado.

El del lunes a las 14.05 horas fue, sin embargo, el más peligroso de todos, por el número de víctimas, la gravedad de las heridas ocasionadas, y por el hecho de que el extintor lleno de pólvora negra fuera detonado en un lugar y a una hora de alta afluencia de público. Según Metro, unas 12 mil personas transitan por la estación Escuela Militar al día.

El brutal atentado causó temor entre los santiaguinos y golpeó con fuerza a un gobierno que no ha podido retomar el control de la agenda, copada en las últimas semanas, primero, por los cuestionamientos al manejo económico, las consecuencias de la desaceleración de la economía y, ahora, por el terrorismo. El atentado al Metro opacó, incluso, la aprobación esta semana, en el Congreso, de la reforma tributaria, uno de los tres ejes de cambios estructurales comprometidos por Bachelet.

El impacto de la explosión no sólo complicó al gobierno en un tema de alta sensibilidad, como es la seguridad pública. También volvió a dejar en evidencia la incapacidad de los organismos de inteligencia para prevenir estos ataques y neutralizar a los grupos terroristas que operan en Chile.

En La Moneda admiten que este último atentado los tomó por sorpresa. Aunque se esperaba una mayor radicalización en las acciones de los grupos violentistas en los días previos a la conmemoración del Golpe de Estado del 11 de septiembre, no hubo ninguna advertencia de los organismos de seguridad de que esta escalada implicara pasar a dañar directamente a personas inocentes.

FIN DE LA ANI

"Qué duda cabe de que nuestra Agencia de Inteligencia Nacional requiere no sólo de más recursos, sino también de más atribuciones, de mayor capacidad operativa. En eso estamos todos de acuerdo", dijo Peñailillo el miércoles pasado, al término de una reunión en La Moneda con presidentes de partidos y movimientos políticos oficialistas y de oposición, convocada para dar una señal de unidad frente al terrorismo.

El gobierno pretende enviar a más tardar el 30 de octubre próximo un proyecto de ley para modificar y fortalecer el sistema nacional de inteligencia, contemplado en la Ley 19.974, de octubre de 2004. En La Moneda saben que se trata de un tema complejo, no sólo porque la vía legislativa resulta lenta cuando la ciudadanía espera resultados inmediatos, sino también porque se trata de temas sensibles para la izquierda, que generan división dentro de la Nueva Mayoría. La idea de fortalecer los organismos de inteligencia y endurecer las penas por terrorismo genera resistencia en algunos sectores oficialistas, debido a la herida aún abierta dejada por los servicios de seguridad del régimen militar y al recuerdo de algunas prácticas empleadas en los 90 por la llamada Oficina, en la desarticulación de grupos armados como el FPMR, el MIR y el Lautaro.

Tras los atentados explosivos de los últimos días, sostienen en el gobierno, se abrió un espacio propicio para avanzar en esta iniciativa. El miércoles, de hecho, en la reunión con Peñailillo en La Moneda, los jefes de partido respaldaron el fortalecimiento del sistema de inteligencia y la modificación de la Ley Antiterrorista propuestos por el Ejecutivo. Esto se suma al compromiso expresado por los parlamentarios de dar celeridad a la tramitación de los proyectos de ley relacionados con temas de seguridad.

La semana pasada, antes de la explosión en la estación del Metro Escuela Militar, el director de la ANI, Gustavo Villalobos, ya había recibido los informes solicitados a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa y de los jefes de inteligencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, con las propuestas de cada institución para el mejoramiento del sistema nacional de inteligencia. A partir de esos insumos, Villalobos elaboró una minuta preliminar que ya está en poder del ministro Peñailillo -con quien se ha reunido más de tres veces para estudiar la reforma-, en la que se consignan los ejes centrales y los puntos aún no resueltos de la propuesta que verá la luz en unos 45 días. A esa información debiera agregarse en las próximas semanas la obtenida producto de los convenios de apoyo y asesorías que Interior pretende suscribir en el marco de sus viajes a España y Estados Unidos. La propuesta final abordará no sólo el rol y las nuevas funciones de las cuales se pretende dotar a la ANI, que probablemente cambiará de nombre, sino también una serie de otros cambios a todo el sistema nacional de inteligencia, que integran los organismos especializados de cada rama de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor de la Defensa y de las policías.

En La Moneda se dice que en la práctica, con los cambios, se generará un nuevo servicio de inteligencia a partir de la ANI, por lo que lo más probable es que se opte por cambiarle el nombre, con atribuciones fijadas por ley para empoderarla como el organismo coordinador de la labor de inteligencia de los otros servicios que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado, dejando a su director como una suerte de "secretario ejecutivo" de dicho comité. Lo que se busca es que haya un traspaso fluido de la información entre los distintos organismos e, incluso, un trabajo conjunto.

Para eso se buscará separar con nitidez las áreas de inteligencia militar de aquella relacionada con la seguridad interior, el terrorismo, la lucha contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos complejos.

Al mismo tiempo, se establecerán en forma explícita las condiciones en que se debe cumplir la obligación de entrega de información y las sanciones en caso de incumplimiento.

En la actualidad, la ANI, para cumplir su función de recolectar y procesar información, está facultada para requerir antecedentes a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de las policías y de Gendarmería, y aunque estas instituciones están obligadas a "suministrar los antecedentes e informes en los mismos términos que le sean solicitados", no se establece ningún tipo de sanción, por lo que muchas veces esta norma es letra muerta o queda sujeta a la voluntad de los jefes de inteligencia.

Una vez al mes, los jefes de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las policías se reúnen con el jefe de la ANI en el edificio que la agencia tiene en Tenderini con Moneda; esto, sin contar las reuniones periódicas que tiene Villalobos con los encargados de inteligencia de las policías. Pero el intercambio de información no siempre es fluido. "El tema de las confianzas mutuas entre las instituciones sigue siendo algo complejo. Además, hay razones prácticas de por qué las instituciones a veces esconden información, pues a veces está de por medio la protección de agentes encubiertos o informantes", admiten fuentes de los servicios de inteligencia.

El celo respecto de la información de inteligencia se daba incluso dentro de una misma institución. Eso fue lo que motivó al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a sugerir el lunes en la noche a Carabineros una reestructuración de su dirección de inteligencia, para que esta fuera unificada bajo el mando del mismo general que tiene a su cargo el trabajo operativo en las tareas de terrorismo, drogas y delitos complejos. La nueva Dirección de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal quedó en manos del general Bruno Villalobos, un viejo conocido de Peñailillo, y quien hasta entonces se desempeñaba como jefe de la Zona Metropolitana.

En La Moneda afirman que se están evaluando otros cambios en los altos mandos policiales.

FACULTADES OPERATIVAS

El proyecto de reestructuración de la ANI también contempla dotarla de mayores recursos y darle una mayor presencia efectiva en regiones. Se menciona, incluso, la posibilidad de abrir oficinas especializadas en regiones con alto nivel de conflictividad.

En la actualidad, la ANI cuenta con un presupuesto anual cercano a los cinco mil millones de pesos, y aunque por ley su dotación es de sólo 98 personas, hoy se ha ampliado a 135 funcionarios, por la vía de contratos a honorarios. De estos, 35 corresponden a personal administrativo, y el resto son analistas y expertos en temas de inteligencia.

El gobierno confía en ampliar la contratación de profesionales calificados en distintas áreas para mejorar el nivel de análisis y de prevención del organismo, para lo cual cuenta con el apoyo transversal de los partidos políticos.

No ocurre lo mismo respecto de la idea de dotarla de facultades operativas. En la actualidad, la Ley 19.974, que regula el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la ANI, en su título V, "De los procedimientos especiales de obtención de información", permite al director de la ANI solicitar "la intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas", únicamente cuando se trata de "disponer la aplicación de medidas de inteligencia, con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales". La autorización la tiene que dar uno de los dos jueces de la Corte de Apelaciones respectiva, que son designados por sus pares por un período de dos años para ejercer esta función.

Las escuchas telefónicas y el espionaje electrónico, sin embargo, los realizan las policías, quienes tienen los equipos técnicos para ello.

Hoy, además, sólo los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las policías pueden usar agentes encubiertos. De acuerdo a las líneas preliminares de la propuesta que ya baraja el gobierno, esa facultad quedará extendida también a la ANI, como una de las principales medidas tendientes a dotarla de capacidad de acción efectiva. Para La Moneda es importante permitir que el organismo maneje agentes encubiertos que se infiltren en las organizaciones terroristas y criminales, como también regular el uso de las entregas vigiladas y de la delación compensada.

Tanto en el Ministerio del Interior como en la ANI saben que esta es la parte más compleja del debate que se abrirá con la discusión del proyecto. Por lo mismo, no está tomada la decisión aún de cómo se va a presentar.

Peñailillo le encomendó hace algún tiempo a su asesor legislativo, Rodrigo González, hacer un estudio de las facultades investigativas especiales que otorgan a las policías diferentes leyes específicas para delitos complejos, y que podrían servir también para investigar y esclarecer los casos de atentados terroristas.

González, un abogado socialista que ha estado a cargo de las negociaciones para sacar adelante una nueva ley electoral que ponga fin al sistema binominal, ha trabajado en el ordenamiento de las leyes de drogas, de trata de personas, de blanqueo de capitales y antiterrorista para establecer técnicas investigativas que sirvan para la investigación de cualquier caso. Una posibilidad es incluirlas todas en un capítulo especial del Código de Procedimiento Penal, para que así los fiscales y las policías puedan hacer uso de ellas en casos de alta complejidad, con la autorización previa de un juez de garantía.

Se trata de una materia de la mayor importancia, pues uno de los principales escollos hasta ahora ha sido precisamente validar la información de inteligencia para convertirla en prueba en los tribunales de justicia.

En los próximos días, el equipo del Ministerio del Interior se reunirá con fiscales y policías que han estado directamente vinculados con los casos más relevantes, entre ellos, el fallido caso bombas, para conocer de primera mano los problemas concretos que enfrentaron para llevar a juicio y probar los delitos. En La Moneda creen que de ese análisis caso a caso podrían surgir nuevas modificaciones legales y otras medidas intrusivas, que podrían ser incorporadas al proyecto de ley.

Otra posibilidad es incorporar las facultades especiales de investigar que tendrán las policías en la nueva Ley Antiterrorista. El gobierno ya recibió un primer informe de la comisión especial de abogados que encabeza Juan Pablo Hermosilla, y que fue convocada por el ministro Peñailillo hace tres meses para esta labor, y se espera para después del 18 de septiembre el informe definitivo. "En las recomendaciones se buscó tipificar de manera moderna los delitos terroristas, pero también los aspectos procesales, es decir, las herramientas que permitan la persecución de estos delitos complejos", señaló Hermosilla.

Conforme a la doctrina internacional actual, la comisión optó por recomendar sacar los elementos subjetivos que fueron introducidos durante el gobierno de Piñera, y que obligan a demostrar la existencia del ánimo de provocar terror en la población para considerarlo un delito de carácter terrorista. La nueva legislación terrorista se basará sólo en elementos objetivos del derecho y tipificará el delito en función de que sea cometido por una organización criminal para socavar el ordenamiento institucional, la democracia o la convivencia institucional.

El gobierno pretende tener listo este proyecto de ley el 30 de septiembre, para enviarlo al Congreso, y ha pedido darle urgencia en la tramitación.