LAS ACUSACIONES de intervencionismo electoral y desmedido gasto en los dispositivos comunicacionales de los gobiernos concertacionistas fueron siempre un tema predilecto de la entonces oposición. Incluso más, en varias ocasiones esta crítica fue acompañada por acciones administrativas y judiciales.

Lo que alegaban los dirigentes de la derecha es que era "inmoral" y "políticamente indecente" ocupar los recursos de todos los chilenos para hacer propaganda a los distintos programas públicos y acciones del Ejecutivo. Adicionalmente, según ellos, se distorsionaba el debate político en la medida en que la natural preponderancia y ventaja que el gobierno detentaba en los medios de comunicación era, además, subsidiada con presupuesto que se podía destinar a fines de verdad relevantes.

De esa forma, cada vez que se organizaban giras a regiones, inauguraciones o anuncios de alguna política pública, del Presidente, ministros u otros altos personeros del gobierno, la oposición ponía el grito en el cielo. Al final, y como si la asepsia política fuera posible, lo que reclamaban los adversarios a los gobiernos de la Concertación es que el Ejecutivo y sus integrantes se abstuvieran de todo tipo de propaganda.

Incluso más, en algún momento un puñado de parlamentarios de la oposición presentó un proyecto de ley que tenía por objeto limitar las apariciones públicas de los funcionarios de gobierno, lo que incluía inauguraciones y publicidad oficial, durante un prolongado lapso de tiempo previo a cualquier proceso eleccionario.

Confieso que siempre me pareció un debate algo soso, cuando no malintencionado. Una cosa es velar por el buen uso de los recursos y evitar cualquier desvío de fondos públicos para privilegiar electoralmente a una persona, partido o coalición; y otra muy diferente es el legítimo derecho que tiene todo gobierno a comunicar sus logros y resultados.

Todavía más, hay casos en que la publicidad pagada a través de campañas públicas es absolutamente indispensable para lograr el objetivo de un determinado programa social, como de hecho ocurrió con la Reforma Previsional o el plan Auge (publicidad que la derecha cuestionó ante la Contraloría).

Hoy, basta mirar la televisión, escuchar la radio o leer los diarios para constatar cómo se ha multiplicado por varias veces la publicidad pagada de las reparticiones públicas. Quizá es el obvio resultado del "déficit comunicacional" que los propios partidarios del gobierno tanto denunciaron hace algún tiempo atrás.

Sin embargo, ahora les parece muy legítimo lo que ayer tan destempladamente denostaron. Memoria corta, le llaman algunos; doble estándar, prefieren decir otros. Sea como sea, y al igual que ocurrió con la crítica de "las sillitas musicales", "la chapucería para administrar los recursos de todos los chilenos" o -ésta me encanta- "que ese estilo de gobernar devalúa la estatura presidencial", la derecha ha terminado por profundizar y perfeccionar lo que tanto criticó.

Con todo, la dificultad del gobierno es otra. Para comunicar logros, primero hay que obtenerlos. Es ahí donde persiste el problema.